Por Leonardo Martín
En la tarde del miércoles, el INDEC dio a conocer el informe de la inflación de marzo registrando un lapidario 6,7%, ampliando un poco más la mirada alcanzando un 16,1% en el primer trimestre del año y un 55,1% en la medición anualizada. Un verdadero desastre para los sectores con ingresos fijos que ven escurrirse, como arena entre las manos, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. Números que son aún más graves al revisar los incrementos de alimentos, bastante por encima de ese promedio y que se llevan gran parte de esos ingresos en los trabajadores.
En ese contexto valen las preguntas, ¿qué ocurrirá con las paritarias? ¿Qué estrategias están tomando los gremios para evitar el deterioro de los ingresos?. A ello sumar otro interrogante de una improbable respuesta afirmativa, ¿le ganarán los salarios a la inflación tal como viene planteando el gobierno nacional? La respuesta se esconde tras un manto de espesa niebla que ni el presidente Alberto Fernández, ni los ministros Martín Guzmán o Claudio Moroni, dan certezas de cumplir con ese punto del contrato electoral con el que el Frente de Todos llegó al gobierno de lograr una mejora real de los ingresos.
Primero algunas aclaraciones. Los ingresos de los trabajadores formales han sufrido un recorte de más de 20 puntos promedio durante el macrismo, situación que se agudizó durante la pandemia. Esto afecta de modo más duro a los trabajadores estatales y aún peor para lo de la economía popular donde ese número está por arriba del 30%. “Volver a llenar la heladera”, “poder comer un asado”, fueron algunas de las consignas informales de la campaña electoral de 2019 donde los sectores de trabajo se volcaron masivamente por el Frente de Todos. Hoy la heladera es cada vez más difícil llenarla, el asado cada vez un evento más extraordinario.
Abril, mayo y junio son los meses de temporada alta de negociaciones paritarias de los trabajadores formales para las cuales existen continuidades y, paralelamente, cambios en las estrategias de los gremios ante la estampida inflacionaria. Por un lado acuerdos cada vez más cortos, algunos planteando la posibilidad de acuerdos trimestrales, así como diferentes renegociaciones a lo largo del año o nuevas referencias para calcular la posible inflación. También un pedido expreso al gobierno de una acción más decidida para contener esas subas.
Ante los altos números inflacionarios del primer bimestre del año, sumado a una inflación que ya se preveía muy alta para marzo, el Gobierno nacional movió algunas fichas. Primero convocó a una serie de reuniones para avanzar en un acuerdo entre Gobierno, CGT y UIA del cual se anunció un adelantamiento de paritarias y la conformación de una canasta básica con 60 productos a precios más accesibles. Al mismo tiempo lanzó un bono de $6.000 para jubilados y pensionados que cobren la mínima y un aumento en la Tarjeta Alimentar. Por su lado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expresó que se van a abrir las negociaciones paritarias “las veces que haga falta”. Más dudas que esperanzas.
Disgresión. Las convocatoria en un pie de igualdad entre UIA y CGT para discutir precios es un diagnóstico cuestionable cuando claramente el aumento de precios no tiene que ver con un exponencial incremento de los salarios o una mayor apropiación de la renta nacional de los trabajadores, sino con las ganancias extraordinarias de los sectores concentrados de la economía, con actores de los cuales varios están en la propia UIA. Vale decir, reunión de la que no salió un bono como se había especulado inicialmente ni medidas concretas efectivas que alteren el cuadro de situación.
Por otro lado, una explicación del alza inflacionaria es el incremento de las commodities (alimentos, energía, minerales y materias primas en general). En las últimas semanas el argumento fue la guerra entre Ucrania y Rusia.. No hace falta tener doctorados en economía para notar que esa suba derrama abundantemente en el sector empresarial y achica ingresos del sector trabajador. Vale la pregunta, lograr los instrumentos para que los salarios no pierdan poder adquisitivo, ¿es parte de un acuerdo con la CGT o de poner en caja y limitar ganancias extraordinarias empresariales a partir de una situación internacional particular?
De las reuniones salió como medida el adelantamiento de paritarias lo que parece una medida más efectiva para los titulares de medios de comunicación o redes sociales que para la práctica concreta. Primero por lo mencionado, muchos gremios ya tienen contemplado negociar sus paritarias en estas semanas y en el caso de tanto otros, en el que aún faltan unos meses para el comienzo de su paritaria, aún tienen contempladas cláusulas de revisión.
Una medida que muchas organizaciones están planteando concretamente es la posibilidad de negociar en forma trimestral, períodos que en 2021 y años previos eran en promedio de seis meses o más, al menos para la primera revisión. A este nivel de suba de precios, niveles inflacionarios como los del primer trimestre dinamitan rápidamente cualquier incremento salarial. Los dos, tres o cuatro puntos que el gobierno planteaba en 2021 de recuperación salarial en el año se esfuman en veinte días, en lo que tardan las empresas en mandar la nueva lista de precios a los comerciantes. Una recuperación extramadamente frágil, con pies de barro.
Camioneros y Empleados de Comercio, entre otras organizaciones, vienen planteando efectivamente una modalidad de negociación trimestral que no venía siendo parte de la estrategia de negociación ni de estos ni de la gran mayoría de los gremios. Una excepción es SMATA (mecánicos) con esta forma afianzada desde hace ya una década.
En las negociaciones paritarias en curso esta semana ha habido novedades con la Asociación Bancaria que en la reunión que tuvo con las cámaras empresarias, tras avanzar el primer trimestre con sumas fijas variables, pidió que los bancos aumenten salarios en base a lo que la mismas entidades declaran al Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central que esperan de inflación para el 2022. En paritarias previas la referencia era la inflación estimada por el gobierno. En febrero el promedio del REM dio 55%, en marzo esa cifra estaría cercana al 60%. A comienzos de febrero, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, planteaba una pauta salarial del 40%. Le falló el cálculo.
La CTA de los Trabajadores marcó posición en este contexto inflacionario alto reclamando un “aumento salarial de emergencia de suma fija como los decretados en el primer gobierno de Néstor Kirchner”. Práctica con la que el actual gobierno también avanzó en el primer trimestre de 2020 y que dio buenos resultados en mejora de los ingresos. No se la visualiza en el horizonte próximo.
El gobierno tiene por delante una coyuntura en la que se juega su supervivencia política por la cual ya fue advertido en las elecciones de medio término de 2021. Si no mejora los ingresos reales de los trabajadores marcha una segura derrota en 2023 y a una pérdida de capital político que será arduo revertir. La pregunta es, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del compromiso de ajuste: ¿Hay real voluntad de mejorar ingresos y reactivar con vigor el mercado interno o se están generando las condiciones para que el propio mercado haga el ajuste vía inflación? Una pregunta que el tiempo responderá con precisión.
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