En la provincia de Corrientes, el fuego arrasó hasta el momento más de 800 mil hectáreas. Al trabajo de las fuerzas de bomberos y brigadistas locales, se suman dotaciones de otras provincias para colaborar con el control de las llamas, que afectan principalmente a las localidades del centro y norte correntino. Estiman que el 9% del territorio provincial fue afectado por los incendios.
Cristian Piriz, integrante de la organización Guardianes del Y’vera, apuntó en Radio Gráfica que “donde más se ha manifestado, la zona más crítica, es la rural, más de campo”. Asimismo, el fuego “está empezando a afectar también a la población, a campesinos, a productores más chicos”.
Pese a la alarmente situación, destacó que “hay ayuda de todo el país. En los distintos comandos que se armaron en conjunto participan tanto brigadistas de Nación, de la provincia de Buenos Aires y otras provincias, defensa civil, bomberos y policías. Hay brigadistas de otras provincias del país”.
Piriz manifestó el deseo de las y los correntinos de que lleguen abundantes precipitaciones “porque ayudan a la recuperación de los ecosistemas que están muy dañados” debido a la propagación del fuego.
Consultado por Radio Gráfica, Nahuel Trípodi, ingeniero agrónomo especializado en agroecología, describió las actividades forestales que se desarrollan en Corrientes y cómo se relacionan con los incendios. Contó que la provincia “tiene 425 mil hectáreas forestadas y el 75% son pinos y eucaliptos, hay intereses creados muy grandes en torno a la actividad forestal. Existen presiones para instalar negocios celulosos bajo condiciones de extranjerización de tierras. Es innegable pensar que una cosa no tiene nada que ver con otra”.
“La actividad forestal, al ser a largo plazo, está totalmente subsidiada por el Estado nacional. Tiene enormes beneficios impositivos porque tiene estabilidad fiscal por 30 años, reembolso anticipado de IVA y amortización acelerada de bienes, todo eso para empresarios que básicamente privatizan las ganancias”, puntualizó el especialista.
Cuando hay pérdidas, explicó el ingeniero agrónomo, “las pagamos todos”, y cuando hay catástrofes naturales “el Estado se tiene que hacer cargo también de apagar los incendios”, pero las ganancias se las quedan unos pocos.
Trípodi destacó que “la actividad forestal tiene fuerte desarrollo en Misiones, Corrientes y Entre Ríos y un potencial muy grande en Patagonia, debido a la disponibilidad de tierras, aunque el tema está en tensión con las comunidades locales, con los mismos problemas que vivimos el año pasado en Bolsón, en El Hoyo, con un montón de incendios”.
El ingeniero aseguró que “no hay un control, no hay regulación concreta sobre estas prácticas que se hicieron desde hace mucho tiempo, pero que ya no son sostenibles, como la quema intencional“. Exigió que “la Justicia actúe y para eso hay que normar todo el proceso de delito ambientales”.
En ese sentido nombró el caso del proyecto de Ley de Humedales, que “se cajoneó y se eligió el camino de no tratarlo” y ahora la iniciativa corre el riesgo de “perder estado legislativo” en el Congreso Nacional.
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