El covid 19 y las ART. “No se puede lucrar con la salud de la gente”

El gremio de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, moviliza este viernes al mediodía al Ministerio de Salud de la Nación para reclamar que se reconozca al Covid-19 como enfermedad profesional y que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) tengan que garantizar su cobertura.

“Pablo está poniendo en agenda que no se puede lucrar con la salud de la gente ni con la vida”, aseguró Lilian Capone, de la CTA de Trabajadores, en Radio Gráfica y deseó que en la unidad sindical se construya “una unidad de acción en defensa del trabajo, la producción y la vida de los trabajadores y trabajadoras formales e informales”.

El debate se suscitó mucho antes del vencimiento del decreto 39/2021, que en el artículo 7 había incorporado al coronavirus como enfermedad profesional y le aseguraba a los trabajadores y trabajadoras la cobertura de tratamientos con rehabilitación incluida a través de las ART.

“Es cierto que en muchos países del mundo este tema no se ha resuelto. Pero también es cierto que nosotros hemos trabajado muy seriamente desde el espacio intersindical, desde el comienzo de la pandemia, con encuestas virtuales y, sobre todo, fundamentando con datos de la superintendencia que esta enfermedad tiene que estar dentro del listado de enfermedades profesionales”, expresó Capone y explicó cómo se aplica la Ley de Riesgos del Trabajo.

“Para la Ley de Riesgos del Trabajo una enfermedad pasa a ser profesional cuando tenés el agente causal, la actividad laboral y la enfermedad. Con esta enfermedad, vas a tener el agente conocido, el grupo de trabajadores, y obviamente cuando están enfermos, que tengan que ver con el trabajo. Cuando comenzó el primer DNU fueron muchos trabajadores que debieron sostener el país, y el resto estábamos en nuestras casas para aminorar el impacto de esta trágica pandemia. El tiempo fue acomodando. Pero cuando uno lee los datos, ve que hay más de 400 mil denuncias de enfermedad profesional al sistema y solamente hay 7 mil aceptadas. Hay muy pocos casos aceptados. Estamos hablando de trabajadores lesionados, que han quedado con algún tipo de incapacidad”, manifestó.

Y remarcó: “En el mundo se están discutiendo seguimientos post covid, se están haciendo líneas de investigación de cuáles son los efectos. Acá tenemos un sistema de Riesgos del Trabajo que sigue adecuándose para que el dinero que gasten las ART salgan de un fondo fiduciario que nada tiene que ver con la prevención. Tomemos el caso de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo disminuye la curva de infectados y de fallecidos? Cuando el Ministerio de Salud, con la lógica que corresponde, comienza a generar una organización del trabajo distinta, con protocolos pero, sobre todo, con entregas de elementos de protección personal. Eso fue fundamental”.

La Ley de Riesgos de Trabajo (24.557) se sancionó en 1996, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. “Es un sistema de riesgos privatizado. Parte de la lógica del riesgo. Es un siniestro, una cobertura, algo que pasa. No son personas que trabajan, que tienen condicionantes laborales, sociales. Nosotros como CTA siempre hemos estado en contra de esta privatización de la salud de los trabajadores, que es el hilo más delgado”, afirmó.

“Los empleadores, de acuerdo a la cantidad de riesgos que tengan en su lugar de trabajo, deben pagar un porcentaje mensual, un dinero a la Aseguradora de Riesgos de Trabajo. A través de ese dinero que cobra, la ART tiene que resolver los trastornos, los accidentes y las enfermedades profesionales de los trabajadores cuando ocurren. ¿Cuál es la primera cuestión?. En primer lugar, que los empleadores no siempre denuncian la cantidad de riesgos que tienen. Eso se llama registro de agente de riesgo. Si ese trabajador no viene denunciando que está expuesto a ruido, su sordera no es reconocida. Las ART tampoco se preocupan para ver si los riesgos que denuncia el empleador son riesgos veraces. En subte, por ejemplo, tuvieron que generar movidas de fuerza, trabajar muy fuerte con capacitación de la población para que sea reconocido el amianto como un agente de riesgo. Una vez que está respaldado ese agente de riesgo y vos tenés un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, la primera respuesta de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo en la mayoría de los casos es el no. Entonces, el trabajador tiene que volver a responder los cuestionamientos de la aseguradora para decirle que lo que a él le pasó es verdad y que le pasó dentro del trabajo”, detalló.

Por otra parte, la integrante de la CTA de los trabajadores consideró que “la salud de los trabajadores tiene que ir al Ministerio de Salud” y propuso un sistema alternativo al vigente. “Me imagino unidades de salud laboral en los centros de atención primaria, en los hospitales, donde todo trabajador de la salud tenga incluido que una persona que se acerca puede estar enferma por el dengue o por una intoxicación con un metal pesado. Para esto tiene que haber infraestructura en los lugares públicos y que ese dinero que se les paga a las ART sea invertido para salarios, para equipos interdisciplinarios con una perspectiva laboral. Si hay un accidente de trabajo en una fábrica, muchas veces en el primer lugar donde se deriva al compañero es al sistema público. Y el recupero de ese hospital, hasta que la ART considere que fue un accidente de trabajo, tarda años. Los únicos que ganan acá son las ART. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley de prevención de riesgos con la inclusión de la participación de los trabajadores de todo lo que tenga que ver con lo psicosocial, violencia, todo lo que nos preocupa hoy del mundo del trabajo”, expuso.