Por Alejandro “Gitano” Ulloa
Un comentario general sobre la falta de alimentos y la mención de un vecino acerca de que “en otra oportunidad algún gato fue a parar al asador”, atrajo a los canales de TV de Buenos Aires a Rosario. Fue a mediados de los noventa. Los televisores de todo el país y luego de todo el planeta difundían imágenes de un grupo de personas cuereando un gato para cocinarlo a la parrilla. Según un cronista del diario La Capital de Rosario, siempre se sospechó que era un montaje realizado para los movileros de la TV, pero quedó como cierto en la memoria colectiva.
En 2002 la escena de un grupo de vecinos carneando un caballo trajo imágenes del hambre que sobrevolaba (y aún lo hace) a la población de la “Chicago” argentina. La última de las construcciones mediáticas comparaba a la ciudad con la convulsionada Medellín colombiana. Hay bastante de mito y mucho de realidad. Pero que el sicariato es una institución de muerte instalada en Rosario y alrededores es una comprobación aterradora.
Los niveles de pobreza del sur de la ciudad de Rosario – paradigma extremo de la situación provincial ya de por sí grave– alcanzaron niveles récord en la previa de las PASO. No es que sea una novedad, pero en el contexto de violencia, narcocriminalidad y necesidades básicas insatisfechas de la población, el destaque estadístico fue dado a conocer los primeros días de octubre. El 39,4 por ciento de la población en el Gran Rosario era pobre al final del primer semestre de 2021, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma la tasa de pobreza bajó 2,5 puntos en relación con mismo período de 2020. A pesar de ello es casi un punto porcentual más alta que a fines del año pasado.
La indigencia subió casi un punto en la comparación interanual. El salto fue todavía mayor respecto de hace seis meses atrás: 3,2 puntos. Según a estos datos en el aglomerado Rosario hay 522.992 personas cuyos ingresos no logran cubrir la canasta básica de pobreza, de los cuales 140.774 no llegan ni siquiera a poder comprar los alimentos básicos. Esto significa que 130.406 hogares (28,3 por ciento) son pobres y 36.287 (7,9 por ciento) son indigentes. Existe medio millón de personas pobres en casi 200.000 hogares del conglomerado rosarino.
Según elciudadanoweb.com “el despido de Marcelo Sain del puesto de director de Investigaciones por 50 votos contra 13, hizo que diputados y senadores se sacaran de encima a un actor incómodo entre las instituciones provinciales, quien termina fuera de los poderes locales como consecuencia de su manera de hacer política y por sus magros resultados en la gestión de la seguridad”. El dato, junto con el enfriamiento de la romántica excursión contra la narcopolítica que emprendió Aníbal Fernández desde el Ministerio de Seguridad, conforman una muestra de la crisis pampa de la política provincial, que sin duda seguirá profundizándose después de las elecciones de medio tiempo.
Paso a paso
Según Sonia Alesso, dirigente sindical de Amsafe y secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), las cifras del Indec sobre pobreza se traducen cotidianamente en “desesperación de los docentes en contacto con la extrema pobreza y marginalidad, que reciben a niños y jóvenes en situación de abandono, prácticamente sin fuerzas ni voluntades para comprender, entender y procesar el proceso educativo”. La dirigente señaló que pese a los reiterados reclamos, “en el contexto de errores no forzados de la gestión de Omar Perotti, las demoras en la convocatoria a la mesa santafesina de paritarias pusieron su cuota de valor agregado al malhumor social”.
Hay una coincidencia generalizada sobre la gravedad de la situación entre los agrupamientos de militantes territoriales reunidos alrededor del Centro Cultural de La Toma, establecimiento ocupado y puesto en funcionamiento por sus trabajadores, antes sede central de Supermercado Tigre SA de Rosario. La militancia de casi todos los sectores que actúan sobre la realidad profunda viene advirtiendo sobre los riesgos de la extensión en el tiempo y el espacio de esta gravísima situación social, permanentemente al borde del estallido, y caldo de cultivo de mafias delictivas a las cuales el despliegue de fuerzas represivas llega tardíamente. La situación es muy precaria y la tardanza en aplicar medidas por trabajo y salarios complica todo.
La dura derrota en las PASO que recibió el oficialismo agravó el descreimiento de las bases docentes en el conjunto de la gestión de la gobernación Perotti. A los reclamos salariales urgidos por la estampida de precios en las góndolas se agregan una serie de reclamos ante los cuales la gestión provincial demostró menos cintura que un pollo: la intransigencia del ejecutivo pretendió unificar la oferta para todos los empleados del erario público, pero tal política esquemática se vio carcomida por las medidas de fuerza y los maestros se plantaron en otros reclamos sobre el “bienestar laboral, tal como titularización de cargos en el nivel secundario y solución de algunos problemas con el Boleto Educativo Gratuito”, según señalaron fuentes gremiales.
La oposición provincial jugó fuerte: calentaron la pava los radicales, los macristas de JxC en sus distintas versiones, los del Frente Amplio Progresista, las distintas variantes de izquierda. Todos alinearon sus cañones para que el oficialismo pagara con sangre y votos los errores de una gestión herrumbrada por la falta de flexibilidad política (incluso ante los propios como Rossi-Rodenas). Ese heterogéneo apoyo a la confrontación había obtenido 3.000 votos a favor de la continuidad de las medidas de fuerza en las primeras votaciones.
La conducción de Amsafe jugó fuerte con la exigencia de mediación tras plantear su rechazo a la insólita intención oficial de descontar días de huelga y al decreto 2180 con el que la Casa Gris pretendía pagar el aumento ofrecido solo a los docentes que no se hubieran plegado (¿?) a medidas de fuerza. En esa escalada de tensión, Amsafe pidió la intervención de la Comisión Federal de Mediación, una instancia prevista en la paritaria nacional docente colocada con astucia por los sindicalistas, que entendieron siempre que los ministerios provinciales son parte del gobierno con el cual dirimen sus condiciones laborales.
Hasta ahí, el rechazo a todas las propuestas del ejecutivo estaba teñido de cálculos electoraleros. Tras algunos avances en la negociación los maestros de la enseñanza pública decidieron por mayoría aceptar la propuesta salarial y quedó suspendido el conflicto gremial que atravesaba el final del ciclo lectivo 2021 y la inmediatez electoral. El sueldo recibirá un aumento fragmentado del 17 por ciento, con la urgencia de ejecutarse el miércoles 9, a cambio del de interrumpir las medidas de fuerza. Sin embargo no había sido el dinero la única motivación de la protesta y no se puede decir que sea un arreglo “de fondo”.
Una solución de consenso precario
La tradición democrática del gremio docente llevó a una consulta donde votaron 32.127 afiliados y afiliadas en asamblea provincial realizada por departamentales. La aceptación fue condicionada a que la paritaria continúe abierta, y que el Gobierno derogue los decretos ilegales con los que pretendía discriminar en el aumento a los docentes que hubieran hecho paro. La última votación reconoció que las negociaciones abrían un panorama “aceptable” para el consenso en la base. Pese al malestar enquistado que significa la desgastante postura del oficialismo, la postura mayoritaria obtuvo 17.452 votos contra 14.442 que preferían distintas alternativas para continuar la lucha. El sindicato docente encabezado por Alesso aceptó la propuesta con el compromiso de las autoridades de no realizar ningún descuento salarial por los tres días de huelga realizados en octubre, tal como en su momento la ministra provincial Adriana Cantero había amenazado en forma indirecta.
El voto de apoyo a las medidas de fuerza perdió fuerza entre los docentes pertenecientes a Amsafe Rosario y quedó en minoría en la asamblea provincial. En una nueva asamblea, el conjunto de los docentes cambió su postura (antes habían rechazado el arreglo con una diferencia de 3.000 votos por la negativa) y decidieron aceptar un incremento del 17% en tres tramos. Los paros se suspenden por ahora y las clases se encaminan hacia un un fin de año en el cual todavía se deberá abrir la paritaria con fecha pactada en noviembre. Durante este mes se considerarán los agregados “gatillo” generados por los desbordes inflacionarios.
Además de aceptar el ofrecimiento de mejora salarial, quedaron explícitos una serie de puntos: “Continuidad de los concursos de Nivel Superior; dejar sin efecto los procesos de revocatoria de las titularizaciones de las y los compañeros afectados por las resoluciones 731/20, 732/20 y 733/20 del Ministerio de Educación; convocatoria al Comité Mixto; eliminación del Impuesto a las ganancias en los salarios docentes; pago de lo adeudado de Boleto Educativo Rural; aumento de las partidas de comedores y copa de leche; conformación de una mesa de discusión referida a temas pedagógicos y organizativos”.
La conducción de Amsafe mostró prudencia en los resultados y los considera “provisorios”. El inestable panorama de los precios y la precaria situación social muestran que es necesaria una gran mesura para evaluar la situación. A pocos días de las elecciones que todo lo tiñeron con los desaciertos del perottismo, las bases reclaman por la “limpieza” de los procedimientos políticos para tratar el tema mayúsculo de la educación pública provincial.
Los resultados de las masivas votaciones en Entre Ríos y en la consulta provincial consiguieron traer entusiasmo a las autoridades de los sindicatos oficialistas en CTERA por el holgado triunfo de la Lista Marcha Blanca, una confluencia entre las agrupaciones Integración, Rojo y Negro, Blanca y Ñandubay, consiguió imponerse en las 17 seccionales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) durante las elecciones que se desarrollaron para renovar autoridades sindicales. El sindicato entrerriano es fundador de la Confederación docente y siempre será recordado porque llevaba tres meses de huelga cuando bajó Nestor Kirchner a la provincia: “Tres meses sin clases llevábamos los gurises de la provincia; estábamos casi en junio y no habíamos pisado la escuela”, expresaron dirigentes de AGMER. A dos días de asumir la presidencia, Kirchner viajó hasta la provincia para destrabar el conflicto en reclamo de mejores condiciones salariales y laborales para los docentes entrerrianos. Era uno de los sectores más relegados, luego de las crisis de fines de 2001.”
A nivel provincial la Marcha Blanca consiguió el 78% de los votos, frente a un 22% de la Lista Multicolor, según los datos de la Junta Electoral. Así, la Marcha Blanca obtuvo 8.210 votos, mientras que la Multicolor se quedó con 2.249 votos. Los datos finales de la Junta Electoral dieron cuenta que votó el 54,98% del padrón.
La neblina electoral oscurece el día después y cuesta vislumbrar el realineamiento parlamentario que resulte. La democracia ejercitada en las resoluciones del gremio adherido a Ctera anuncia vientos que anuncian un camino de lucha por las propias reivindicaciones que deberá ser trabajosamente construido. El estigma de la pobreza y la delincuencia asoma sobre las dificultades de los destinatarios de la educación pública. No es que sea una novedad, pero los números dan aviso temprano de un diciembre picante por donde se lo mire.
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