Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), publicó los resultados de un sondeo de cara a las próximas legislativas. El método fue por encuesta telefónica, fueron entrevistadas 2002 personas mayores de 16 años, población urbana de 18 localidades de 14 provincias argentinas. En el relevamiento los dos principales problemas económicos que aparecen en la agenda popular son la inflación y el desempleo.
A la vez, al consultar por el Fondo Monetario Internacional, las respuestas dieron cuenta de una imagen negativa del 69,9% y el dato central: Ante la pregunta: “Si tuviera en sus manos la decisión, ¿Cuál de estas dos opciones elegiría para resolver la deuda con el FMI?” Interrogante frente al que el 64,6% respondió: “Exigir pagar en más años de lo previsto, aunque eso implique riesgo de tener que romper relaciones con el FMI”.
Esta semana, Alberto Fernández se refirió al tema en el acto del martes en Tecnópolis: “Nos queda todavía el debate con el Fondo, que vamos a seguir discutiendo y vamos a encontrar un acuerdo. Pero que todos sepan que ese acuerdo no lo puede pagar el pueblo argentino porque el pueblo argentino ya pagó demasiado el daño de los que irresponsablemente lo endeudaron”.
En diálogo con Gráfica, la investigadora Magdalena Rua, recordó que “los acuerdos de facilidades extendidas son acuerdos que están condicionados a ajustes estructurales como la venta de patrimonio estatal, flexibilización en las leyes laborales y previsionales”. A la vez, Rua opinó: “Hay que exigirle una reducción de tasas, una quita del monto de capital, una extensión de los plazos, además teniendo en cuenta que vamos a tener presente al Fondo Monetario en los próximos años en la política económica de Argentina”. Es decir, un acuerdo no tradicional para el préstamo más grande en toda la historia del organismo y ejecutado de modo ilegal (ver https://fmiargentina.com)
Es claramente un tema de la campaña electoral, más allá del paupérrimo debate que proponen los “medios nacionales” que se retroalimentan con lo peor de las redes sociales.
Fuera del oficialismo no hay propuesta que pueda atraer al campo nacional y popular que hoy juega entero en el Frente de Todos.
La clave está en las urgencias populares, la deuda interna. ¿Cómo generar puestos de trabajo genuinos? Gran discusión que el macrismo y sus satélites responden como de costumbre: con una reforma laboral.
Ahí, el querido economista tucumano y docente universitario Horacio Rovelli polemiza con algunos programas que lleva adelante la gestión nacional y se pregunta: ¿Subsidiar el salario privado es la solución? y plantea: “Según la lectura oficial, unos 150 mil jornaleros que se desempeñan de manera temporal en la cosecha prefieren no acceder al trabajo registrado para no perder el beneficio. Su propuesta es que el Estado les siga pagando los 13 mil 600 pesos del plan Potenciar Trabajo y que el empleador pague otro tanto. De esta forma, los trabajadores alcanzarían una remuneración equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. En síntesis, el Estado nacional asistiría a las empresas. Les abaratará la mano de obra”.
Para Horacio, hay otro camino para andar. Explica que el Estado Nacional “pagará a los bancos por las Leliq y los pases pasivos más de 1 billón de pesos en intereses de aquí a fin de año”. De allí que propone cambiar las prioridades: “Hoy, el Plan Potenciar Trabajo alcanza a 1 millón trabajadores. Si se aumentara el beneficio a 55 mil pesos mensuales -el precio de una Canasta Básica Total-, significaría un costo total 55 mil 260 millones de pesos por mes. Unos 221 mil millones de pesos hasta fin de año. Con esa remuneración y los materiales correspondientes se podrían construir unas 65 mil viviendas en solo cuatro meses”.
El Frente de Todos seguramente obtendrá en las legislativas el respaldo popular, quizá con una merma en la participación cuyas causas la política deberá debatir. Lo que está claro es que no habrá “derrame” que pueda saldar la deuda interna argentina. Urge la distribución.
LA CGT CON ALBERTO FERNÁNDEZ
Tras dos meses del último encuentro cara a cara, una nutrida delegación del Consejo Directivo de la CGT se reunió con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. Del encuentro también participaron el jefe y la vicejefa de Gabinete, Santiago Cafiero y Cecilia Todesca Bocco; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz. Un vínculo que no es quizás del todo aceitado y con la participación que muchos de los dirigentes gremiales esperaban cuando triunfó el FdT en 2019, pero que se mantiene vigente.
El titular de la CGT, Héctor Daer, dijo tras la reunión que duró más de tres horas, que se realizó “una semblanza de la situación de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, y otras que tienen algunas dificultades producto de la pandemia”.
También apuntó que se habló “de futuro y de los acuerdos postelectorales, de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia”.
“Y por supuesto, y fundamentalmente, desde la CGT venimos a decirle al Presidente que estamos acompañando este proyecto, y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades”.
“El Presidente volvió a ratificar el pedido de unificación total del movimiento obrero, estamos en ese camino y vamos a intentar, en la medida que todos estemos de acuerdo y que todos lo hagan posible, la unidad“, afirmó Daer.
En diálogo con Radio Gráfica, el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, agregó: “les manifestamos la preocupación del enorme alza inflacionaria y el poco control de precios” así como la necesidad de “ir peleando de a poco el poder adquisitivo del bolsillo contra una inflación impredecible y alta, connotaciones que hacen difícil la discusión paritaria”.
Desde el gobierno mantienen el compromiso de que este año aumentos salariales le ganen a la inflación.
Entre las promesas que se llevaron fueron la visita del Gabinete Económico a la sede de la CGT en la calle Azopardo la semana entrante o la siguiente y el aporte, que se hizo efectivo un par de días después, de recursos para las obras sociales por 3.000 mil millones de pesos. Un viejo reclamo que no completa los 11 mil millones que había solicitado la central en el último encuentro para atender los costos de transporte y educación de discapacitados bajo el sistema de obras sociales.
Por su lado, el presidente Alberto Fernández definió en la reunión de más de tres horas: “Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos“.
¿Quiénes participaron en la reunión en representación de la CGT? Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Noemí Ruiz (Sindicato Moda e Imagen Publicitaria), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), Rodolfo Daer (Alimentación), Sergio Romero (Docentes), Roberto Fernández (UTA), Antonio Caló (UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Víctor Santa María (Suterh), Jorge Sola (Sindicato del Seguro), Robustiano Geneiro (Gastronómicos) y Sebastián Maturano (Juventud Sindical). Es decir, 13 hombres y una mujer.
Un dato de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre es que, con mayor o menor compromiso, el Frente de Todos conserva el respaldo del arco casi total del movimiento obrero. Ese apoyo en campaña es más explícito desde la CTA de los Trabajadores, desde la Corriente Federal de Trabajadores y las delegaciones regionales con actos en los distritos.
Otra información interesante de la semana es el encuentro, del cual los protagonistas han sido herméticos, entre el Consejo Directivo y Máximo Kirchner. Tras algunas críticas vertidas en el último período a la cúpula cegetista, el referente de La Cámpora busca establecer una línea de comunicación de primera mano.
¿CGT CON PERSPECTIVA DE GÉNERO?
Para la nueva conducción de la CGT, dirigentes del actual Consejo Directivo están expresando en los medios de comunicación su idea en torno a la participación de las mujeres. Proponen que para cada una de las 35 sillas del Consejo Directivo (25 secretarías y 10 vocalías) los gremios llamados a ocuparlas nombren a una mujer y a un hombre en igualdad de condiciones para ejercitar el voto y las funciones que les competen.
Claudia Lazzaro, del sindicato de Curtidores y una de las referentas de Mujeres Sindicalistas, consultada por Gráfica sobre este planteo de la cúpula cegetista respondió:
“Lo primero que tenemos que decir es que cumplan el cupo. Si el cupo ya se hubiese cumplido deberían haber entre 11 y 12 compañeras en el Consejo Directivo. La pregunta es, esto que dicen que van a poner un titular y un suplente ¿Por qué las mujeres tenemos que ser las suplentes? Hay muchas compañeras militantes sindicales con mucha historia para menoscabar el trabajo de las compañeras de esa manera. Pero aparte, si queremos hacer una reforma estatutaria, ¿Por qué no nos llaman a las mujeres a hablar? ¿Por qué no se plantea cuál es la desigualdad en el mundo del trabajo y por qué las mujeres estamos siendo relegadas? Las mujeres estamos capacitadas para hablar de todos los temas, no sólo de género. Lo que se necesita es que nuestra central obrera sea transversalizada por la perspectiva de género. Necesitamos estar sentadas en las mesas para debatir. Sino esto que plantea la CGT sería un nuevo corralito para las mujeres”.
Finalmente, Lazzaro reivindicó el punto 27 del programa de la Corriente Federal que expresa: “Vivas, libres e iguales nos queremos. Se requieren políticas públicas (de los tres Poderes del Estado) destinadas a: I) eliminar todo tipo o modalidad de violencia, tanto simbólica como física, hacia la mujer y II) eliminar cualquier motivo que obstaculice o discrimine a la mujer en el ámbito social, económico, laboral, cultural y/o político. Abordar la prevención y concientización social en ambos aspectos. Entendiendo desde un sentido transversal la perspectiva de género, este programa en su totalidad será siempre entendido, interpretado y aplicado con dicha visión”.
DÍA DE LA INDUSTRIA
El 2 de septiembre se celebró, como todos los años, el Día de la Industria argentina con actos que dejaron mensajes a interpretar y con un presente que genera expectativas en el sector a partir de un crecimiento sostenido en el último período que incluye recuperación de empleo formal.
La Unión Industrial Argentina (UIA) convertida en un brazo del sector más concentrado del empresariado argentino, realizó un acto en la planta de Cerámicas Alberdi en José C. Paz sin la presencia del presidente Alberto Fernández ni del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En sus lugares asistieron el secretario de Industria y de la Economía del Conocimiento, Ariel Schale; la secretaría de Comercio Interior, Paula Español. En términos futbolísticos, el Gobierno guardó a los titulares en un mensaje hacia el beligerante camino que eligió la UIA en el último período.
En esta oportunidad, Alberto Fernández decidió viajar a Chaco para encabezar un acto en la empresa Palacios Hermanos junto al gobernador, Jorge Capitanich. Lo más interesante es el acercamiento y la interlocución más fluida del Gobierno con sectores pymes y gremios como ocurrió en el reciente “Congreso de la Producción y el Trabajo”.
El Gobierno del Frente de Todos asumió con un discurso y un mandato popular de reconstruir y avanzar en el entramado industrial tras los cuatro años de macrismo donde se perdieron 144 mil puestos de trabajo, cerraron el 8,4% de las industrias y dejaron a tantas otras tecleando, al borde del cierre.
En tiempos de apatía electoral, del duro trance de la pandemia, uno de los aspectos a resaltar del gobierno es la recuperación industrial que ya lleva 12 meses de crecimiento y que ha generado 33.000 nuevos puestos de trabajo entre diciembre de 2019 y abril del 2021. Hoy la producción general está por arriba del 2019 y en algunos sectores incluso por encima de 2018. Datos alentadores en un proceso orientado hacia una mayor sustitución de importaciones y un crecimiento en la capacidad exportadora.
OTRO FALLO ANTIOBRERO
En un fallo que se conoció el jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de las Comisiones Médicas implementadas en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la modificación de la ley de Accidentes y Riesgos de Trabajo (ART) con la sanción de la ley complementaria 27.348.
Las Comisiones Médicas fueron creadas como una instancia previa antes de llegar a un posible reclamo por la Vía Judicial. Conformada por médicos con salarios pagados desde los fondos de las empresas aseguradoras, su función es hacer la evaluación inicial para determinar los daños, incapacidades, de accidentes o enfermedades profesionales. Un modo de posponer en el tiempo el pago de una eventual indemnización como parte del negocio financiero al que se dedican las ART.
Consultado para este Panorama el abogado laboralista y docente, Lucho Roa, dio su punto de vista: “La Corte Suprema lo volvió a hacer, sigue su camino en resolver causas en perjuicio de los intereses y derechos de los trabajadores, situación que se profundizó desde que ingresaron Carlos Rosenkratz y Jorge Rosatti. El fallo Pogonza legitima y otorga constitucionalidad a las Comisiones Médicas de Riesgos de Trabajo que se constituyen un cepo para el acceso a la Justicia. La ley 27.348 parte del supuesto que existía una industria del juicio laboral y en particular de los accidentes de trabajo. Era la mafia laboral en la que estábamos abogados de trabajadores y jueces y por ende había que resolver la cuestión obstaculizando el acceso a la Justicia fortaleciendo la instancia administrativa de las comisiones médicas. La Corte consolida su posición alineándose con los intereses patronales y fija una posición en consonancia con la industria del incumplimiento y la impunidad laboral”.
Por su parte, Lilian Capone, secretaria de Salud Laboral de la CTA de la provincia de Buenos Aires, expresó: “Este tema es una gran deuda en un gobierno como el nuestro. Este sistema sigue siendo privatizado y cercena la posibilidad del trabajador de llegar a la Justicia. Una cosa es ser trabajador y otra ciudadano en este país, disminuye la posibilidad que el trabajador tenga una indemnización integral por su daño físico, psíquico y social”.
“Si las ART aplauden este fallo genera más dudas, sabemos que siguen cumpliendo su objetivo que es la concentración de capital, siguen sin realizar un diagnóstico de condiciones de trabajo y a eso le sumamos la falta de los comités mixtos de salud y seguridad como una obligación en el ámbito nacional. El trabajador llega dañado por un accidente o una enfermedad profesional a una intendencia y allí médicos que no tiene la menor idea de cómo trabajan estos compañeros”.
“Durante la pandemia siguieron cobrando las ART, pero cuando tuvieron que afrontar las denuncias de covid, especialmente en el sistema de salud, de 400 mil realizadas, menos de 10 mil fueron consideradas como enfermedad profesional. Este sistema no funciona, solo favorece a las ART. El fallo de constitucionalidad lo que hace es endurecer las medidas en contra de los trabajadores”.
Finalmente Capone definió: “Desde la salud laboral decimos que esto es una violación a los derechos como ciudadanos, al principio de igualdad y a los derechos de los trabajadores que van a tener que tomar la indemnización que ofrezcan las ART. Pedimos tres cuestiones, primero que la salud de los trabajadores quede a cargo del Ministerio de Salud, que no se encarguen las ART, ni la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En segundo lugar que las ART controlen los riesgos en serio y en tercer lugar que en un gobierno popular tenemos construir una ley de prevención de riesgos con participación de los trabajadores, incorporación de los factores de riesgos psicosociales y de género. Tenemos que transitar un cambio cultural que es posible con definición política”.
ALQUILERES EN CAMPAÑA
El macrismo viene militando contra la ley de alquileres. María Eugenia Vidal propuso derogarla. De allí que sorprendió a algunos la declaración esta semana del candidato Leandro Santoro: “La Ley de Alquileres ha traído más problemas que soluciones, así que seguramente habrá que revisar esa situación. A mí mismo me costó alquilar, tuve que hacer un contrato por un año porque se me estaba complicando conseguir casa”.
En primer lugar, valga una recomendación a Leandro: llamar a la Defensoría del Inquilino o escuchar las columnas que hace en Radio Gráfica. Porque es ilegal un contrato de un año. Que un “cabeza de lista” de una fuerza no defienda los proyectos de ley que ese mismo Frente llevó adelante hace tan solo un año, es preocupante.
Como nos gusta reponer nuestra historia y sobre todo la riquísima herencia peronista, valga repasar lo que cuenta Fernando Muñoz, autor del libro “La desigualdad bajo techo” y responsable de la Defensoría de los Inquilinos en CABA: “La década peronista inauguró la política de derechos de acceso a la vivienda alquilada más democrática y popular de nuestra historia: determinó los precios de los nuevos alquileres, obligó a los especuladores a alquilar sus viviendas, creó el único organismo nacional de control y penalización (la Cámara de Alquileres) y fue la época de la menor incidencia del gasto de alquiler en los ingresos de los trabajadores”.
Es decir, más que ir para atrás con las regulaciones existentes hay que avanzar en otras imprescindibles como un precio máximo. Así como existe en los alimentos ¿Cómo no interviene el Estado para garantizar el pleno cumplimiento del derecho constitucional de la vivienda? Muñoz también propone una “inmobiliaria estatal” para regular un mercado que está desatado contra el interés del pueblo trabajador. Temas a poner en agenda y debatir con el tiempo necesario, no el que imponen los medios hegemónicos.
YAPA. LITIO, POTENCIA Y LÍMITES
Y-TEC es una combinación de YPF con el Conicet y una articulación con la Universidad Nacional de La Plata. Uno de los desarrollos está relacionado al Litio. Hemos dialogado esta semana con su presidente Eduardo Dvorkin, que contó sobre la fundación en La Plata de una fábrica para producir celdas y baterías de litio. Su primer comprador será el Ministerio de Defensa para equipar instalaciones militares que necesitan de energías renovables, como los batallones de la Cordillera.
En la charla con Dvorkin, que es Doctor en Ingeniería Mecánica, cuenta de la potencia que tiene nuestra ciencia, como ya lo demostró INVAP, así como las limitaciones que impone la Constitución de 1994. Es lo que señalamos en la edición anterior “Extractivismo”.
“En la comunidad científica muchas veces encontras planteos de soberanía y actitudes genuinas de nacionalismo, que faltan en la dirigencia política”, comentó a este medio un gremialista. Una reflexión que sabemos repercute en las bases sindicales. Porque, como decía Evita: “Donde hay un trabajador está la patria”.
Invitamos a escuchar la nota completa y a continuar un debate sobre la “soberanía tecnológica” así como la “soberanía energética”. Esta última, está en agenda en México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador avanza en una “reforma constitucional que permita reparar el grave daño que causó la privatización al sector público”, según definió esta semana. Un tema que seguiremos de cerca como medio, por las implicancias que tiene para Argentina.
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