La primera detenida fue la periodista y candidata a presidenta Cristiana Chamorro, hija de la ex mandataria neoliberal Violeta Barrios de Chamorro. Posteriormente fue arrestado Arturo Cruz, embajador en Estados Unidos del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. El ex funcionario fue retenido en el aeropuerto de Managua cuando volvía de su gira en el exterior. El martes pasado, a su vez, fue apresado Félix Maradiaga, otro dirigente opositor que había declarado su intención de participar de las próximas elecciones presidenciales. La última detención fue la de José Adán Aguerri Chamorro, ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal patronal nicaragüense.
Todos los dirigentes están siendo investigados por violar la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que le prohíbe acceder a cargos de elección popular a los “nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas”. El financiamiento externo por parte de potencias extranjeras para desestabilizar gobiernos electos, está penado por la ley tras el intento de golpe de estado contra Daniel Ortega en 2018.
Frente a estas actuaciones judiciales, Estados Unidos anunció a través de un comunicado del Departamento del Tesoro sanciones económicas, que alcanzan a “cuatro personas que apoyan al régimen de Ortega, un régimen que ha socavado la democracia, abusado de los derechos humanos de la población civil, comulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas e intentado silenciar a los medios informativos independientes”. Camila Ortega Murillo, hija del líder sandinista y coordinadora de la Comisión de Economía Creativa, Leonardo Ramírez, presidente del Banco Central, Edwin Castro, diputado de la Asamblea Nacional, y Julio Balladares, titular del Instituto de Previsión Social Militar, son los cuatro integrantes que tras las medidas de la administración de Biden, tendrán restringidas sus actividades financieras.
Por su parte, Luis Almagro, a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), le pidió “al Consejo Permanente la realización de una reunión de urgencia en la cual (…) debería considerarse la activación de mecanismos necesarios para la aplicación a Nicaragua del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”. La estrategia de Almagro es suspender la participación de Nicaragua en la OEA, tal como ocurrió con Cuba y Honduras. El artículo solicitado por el ex canciller uruguayo, requiere que dos tercios de los 34 países miembros del organismo aprueben la sanción contra el país centroamericano, contra el que ya se inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática a raíz de la crisis política de 2018.
El histórico líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega, buscará su cuarto mandato en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, donde los nicaragüenses elegirán además, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
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