Por Leila Bitar*
Esta semana inició con una noticia auspiciosa para quienes aspiran a la construcción de la Patria Grande. Con Evo Morales a la cabeza, se lanzó la “Unasur de los pueblos”, una herramienta que pretende que a través de la articulación entre organizaciones sindicales, sociales, indígenas y ambientalistas de la región, se vaya conformando una matriz de unidad estructural, menos sensible a los vaivenes políticos. “Con Lula (da Silva), con Néstor (Kirchner), con Hugo Chávez, con (Rafael) Correa organizamos fácilmente el Unasur, pero nos ganaron, la derecha paralizó la Unasur” reconoció Evo en Cochabamba, lugar donde se congregaron delegaciones de Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y Argentina.
Sin embargo, las buenas nuevas, no tardaron mucho en quedar empañadas. La estrategia del líder del MAS-IPSP, se da en el marco de una embestida de la oligarquía local boliviana y algunos organismos internacionales, contra los procesos judiciales que investigan las responsabilidades de los dirigentes políticos que encabezaron el golpe de estado contra Evo, el 10 de noviembre de 2019.
Articulación entre la oligarquía local y trasnacional: la fórmula favorita para desestabilizar gobiernos populares
El sábado pasado una comisión de legisladores opositores viajó a Washington para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y exigirle a la institución que investigue lo que ellos consideran “vulneraciones a los derechos humanos y persecución política” por parte del gobierno que dirige Luis Arce.
“Lo mismo que hicieron los parlamentarios de Venezuela, que siendo venezolanos fueron a Estados Unidos, a OEA, pidiendo solicitudes de intervención y bloqueos económicos para sus propios países. Eso es lo que preocupa. Lamentablemente entramos en una confrontación política hasta ese extremo”, declaró Andrónico Rodríguez, presidente del senado boliviano, ante la prensa, tras conocerse el viaje de los opositores.
“Lo mismo que hicieron los parlamentarios de Venezuela, que siendo venezolanos fueron a Estados Unidos, a OEA, pidiendo solicitudes de intervención y bloqueos económicos para sus propios países”
Lo cierto es que con idas y vueltas, la justicia boliviana está avanzando en dos líneas de investigación sobre las responsabilidades del golpe: por un lado hubo irregularidades en el acceso al poder por parte de la entonces senadora Jeanine Añez, por otro, una masacre (término utilizado por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) que se cobró la vida de decenas de manifestantes en Senkata y Sacaba, pocos días después de la destitución del gobierno constitucional de Morales.
Aunque todavía predominen en los medios las versiones sobre la legitimidad en la toma de poder de Añez (desconociendo convenientemente, además, que la renuncia del entonces presidente fue “sugerida” por las Fuerzas Armadas), la Constitución boliviana, no deja dudas sobre el proceso de sucesión: el artículo 169, se establece que “En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidenta o el Presidente de la Cámara de Diputados. En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.
“Como verán en esta previsión constitucional no contempla en la sucesión ni a los primeros ni segundos vicepresidentes, ni del Senado ni de Diputados” aclaró Andrónico Rodríguez, durante una conferencia donde presentó los delitos por los que denunciaron a la ex senadora, y resaltó: “A lo máximo que podía haber llegado es a haber convocado a la sesión para suplir las acefalias y conformar la directiva de la cámara de senadores y de esa manera proceder con la sucesión constitucional”.
Presidente del Senado Boliviano, Andrónico Rodríguez.
Respecto de las masacres de Senkata y Sacaba, el gobierno nacional aún espera la conclusión de las investigaciones que inició en 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo pronto, el informe oficial del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), confirmó que todas las víctimas de la represión en ambas localidades murieron por impactos de bala.
En Senkata, también se confirmó, de acuerdo a las pericias de la fiscalía departamental de La Paz, que las balas que mataron a 10 manifestantes, salieron de una caravana militar y desde la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El viejo continente y sus intereses energéticos
La embajada norteamericana no es la única que mueve sus fichas en América Latina. Sobre todo cuando Bolivia significa una fuente importante de recursos energéticos, muy codiciados por quienes carecen de ellos. El viejo continente hace rato tiene complicaciones para abastecerse de gas (a buen precio). Teniendo esto en cuenta, es más sencillo comprender las motivaciones detrás de la resolución del Parlamento Europeo que considera que Añez y sus colaboradores son presos políticos. Los eurodiputados le pidieron al gobierno de Arce que “liberen inmediatamente y retiren los cargos” contra los golpistas. También piden “un marco de justicia transparente e imparcial, sin presiones políticas”.
El presidente del senado boliviano, figura protagonista en el caso Añez, también salió a responderle al Parlamento Europeo: “son resoluciones que se encaminan a recomendar, no a sancionar. No tienen la potestad de sancionar a ningún país soberano”. Y agregó: “queremos pedir a todos los organismos internacionales especializados en el área de DDHH que puedan verificar la situación real que vive nuestro país, todavía están en plena investigación en la CIDH los asesinatos de Senkata y Sacaba. Seguramente esto determinara si hubo violación extrema de derechos humanos en nuestro país y a partir de ahí se procederá con seguridad con las sanciones de los actos cometidos por las fuerzas de coerción”.
“Son resoluciones que se encaminan a recomendar, no a sancionar. No tienen la potestad de sancionar a ningún país soberano”
Seguiremos de cerca en estas entregas el caso boliviano. La contundente victoria del MAS logró dejar en stand by las jugadas desestabilizadoras por un tiempo. Pero la derecha es rápida para adaptarse. El estado boliviano deberá condenar con fuerza a los perpetradores del golpe de estado para llevar justicia a un pueblo que resistió en 2019 dejando la vida en el camino.
Picadito de noticias
El uribismo y su costumbre de incumplir los Tratados de Paz
La ONU le reclamó al estado Colombiano acciones concretas contra los asesinatos de líderes sociales y ex combatientes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Seguro no te enteraste, porque no se trata de Venezuela, pero en lo que va del año en el país del café, ya perdieron la vida 116 personas en manos de grupos paramilitares que operan al margen -o con complicidad- del estado.
A esos datos se suman el asesinato de 52 líderes sociales y de 21 ex combatientes de las FARC, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), especializado en temas de conflicto armado interno.
Como si fuera poco, el pasado 20 de abril, asesinaron a la gobernadora indígena del resguardo La Laguna, Sandra Lilianan Peña, en el conflictivo departamento del Cauca (suroeste colombiano). La referente defendía sus territorios de los traficantes de drogas, interesados en expandir sus negocios en esa zona.
Naciones Unidas dijo que “estos hechos violentos, con serios impactos en la vida de las personas y de las comunidades, están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado”.
En medio de la escalada de violencia, la ministra de Relaciones Exteriores del país, Claudia Blum, generó polémica y un rechazo generalizado cuando en una reunión ante el Consejo de Seguridad de la ONU, culpó a los firmantes de paz de las FARC por la presencia y actos de grupos disidentes.
“Sus declaraciones no sólo son falaces, sino que ponen en riesgo la vida de quienes nos jugamos todo por la paz y promueve el avivamiento de la guerra. Colombia quiere paz con justicia social”, declaró el histórico dirigente Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, líder del partido Comunes (ex FARC).
Brasil: Pfizer sí, Sputnik no
Para cerrar una semana intensa en el tablero geopolítico mundial, un ejemplo claro de que la desesperación bolsonarista para arrimarse al gobierno demócrata traspasó límites absurdos. El ente regulador sanitario de Brasil rechazo “por falta de seguridad” la llegada de la vacuna rusa que habían comprado nueve gobernadores.
El ministro de relaciones exteriores de Rusia, Serguei Lavrov explicó que la potencia norteamericana está detrás de la inhabilitación de las vacunas: “Los estadounidenses no se avergüenzan de estar haciendo este trabajo. No lo esconden. Si los estadounidenses admitieran que fueron ellos quienes estuvieron detrás de este resultado, significa que son fieles a su lógica. Que se les permite hacer todo y ya no dudan en dictar públicamente su voluntad”.
No tardó mucho en confirmarse lo que sostuvo Lavrov: el jueves llegaron a Brasil 1 millón de dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense Pfizer. Evidentemente hubo un cambio de opinión en el gobierno de Bolsonaro, que el año pasado había rechazado la compra de dosis a Pfizer por las condiciones abusivas que establecía la farmacéutica.
(*) Periodista de Radio Gráfica
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