La Federación Nacional de Inquilinos hizo una encuesta con resultados preocupantes. El 30% dice que no va a poder pagar el alquiler y el 50 % que tiene deudas de dos meses o más. “El 30 de septiembre, cuando venza el decreto 320, puede haber una ola de desalojos“, afirmó Gervasio Muñoz en diálogo con Radio Gráfica.
“En el 2008 se dejó de medir la situación de los inquilinos, por eso las organizaciones buscamos hacerlo mediante redes sociales. De la encuesta participaron 3200 personas de todo el país“, explicó el referente de la Federación Nacional de Inquilinos Gervasio Muñoz y agregó: “El 40% de lo inquilinos viven en Capital y Gran Buenos Aires, el 30% dice que no va a poder pagar el alquiler en agosto y la mitad dice que tiene deudas de dos meses o más. Cada vez más familias y más hogares que cuando termine la vigencia del decreto 320 pueden ser desalojadas. Puede haber una situación muy grave de juicios y desalojos. Casi la mitad de los ingresos totales de un hogar se destinan al pago del alquiler”.
Se calcula que son 9 millones de inquilinos a nivel nacional “que destinan la mitad de su sueldo para pagar el alquiler de su vivienda”, lo que significa un enorme traslado de recursos hacia el sector rentista.
Consultado por la falta de datos oficiales sobre la realidad de la población que alquila, Muñoz explicó: “Le llevamos la propuesta a (María Eugenia) Bielsa (ministra de Vivienda) para trabajar con el INDEC para el censo de este año que finalmente se postergó y no recibimos una respuesta”. A la vez el referente explicitó la relación distante con la funcionaria: “Nuestra relación con algunos sectores del gobierno nacional es de adivinanza“.
El decreto 320, sancionado el 29 de marzo, estableció una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia, suspendió los desalojos en todo el país y congleló los precios de los alquileres según el precio pagado en marzo. La diferencia en el valor del alquiler pagado y el que regiría con los aumentos se abonaría en cuotas a partir de octubre. También estableció la prórroga de contratos para aquellos cuyo vencimiento operaba a partir del 20 de marzo. Las medidas tienen como vencimiento el 30 de septiembre. A partir de la situación que relevó la encuesta desde la Federación de Inquilinos piden gobierno que el decreto se prorrogue hasta marzo de 2021 y que se haga un plan de desendeudamiento.
Muñoz destacó que hay un problema con la falta de difusión pública tanto del decreto 320 como de la ley de alquileres, la 27551 que se sancionó a fines de junio de este año. Cabe recordar que es una tarea que corresponde a la Secretaría de Medios que depende dela Jefatura de Gabinete de la Nación.
La ley de alquileres avanzó en derechos para los inquilinos porque reemplaza el aumento semestral por ajustes anuales que se realizan en torno a una fórmula compuesta por la evolución de los salarios y la inflación medida por el INDEC. Además, el plazo mínimo de contrato se amplía de dos a tres años. Según la encuesta, el 88% de los consultados dice que esta normativa no se cumple y el 93% de los inquilinos respondieron que no hay control del estado sobre las inmobiliarias y propietarios.
Muñoz explicó que el problema de la vivienda se debate a nivel global, por ejemplo “en Estados Unidos van a prorrogar la prohibición de los desalojo” y apuntó que “la crisis mundial puso en evidencia que el acceso a la vivienda en manos privadas no puede seguir. Pensemos que si la salud hubiera estado en manos privadas en Argentina, esto sería una tragedia”.
Finalmente, consultado por el lanzamiento del Procrear, se mostró crítico. Afirmó que es “un plan de empleo” y que es “mentira que sea una política de acceso a la vivienda”. Para Muñoz “La solución está en que el Estado empiece a intervenir sobre la renta inmobiliaria“.
- Entrevista y redacción: Lucas Molinari.
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