Por Walter Larrea*
En todas las grandes ciudades se dan disputas por el territorio. Los espacios mas favorables son buscados por las clases sociales mejor posicionadas y los grandes grupos inmobiliarios. En el siglo XX no hubo un proyecto hegemónico que se impusiera sobre la ribera del Río de la Plata (María Mercedes de Virgilio, diciembre 2018) y la ciudad como dijo el arquitecto Le Corbusier “le da la espalda al río”. Sin embargo, entre 1960 y 1979 la Costanera Sur, el Balneario Municipal y la Ciudad Deportiva de la Boca constituyeron espacios públicos intensamente concurridos por sectores populares. La Dictadura Militar se encargó de hacer que caigan en desuso y sentó las bases para que en la década del 90 se imponga la lógica de un desarrollo urbano mercantilista y neoliberal con pretensión de transformar toda la ribera en favor de los grupos inmobiliarios y las clases sociales de más alto poder adquisitivo. Dentro de este proyecto está la necesidad de desalojar a la villa 31. Esta tarea la ejecutó el brigadier Osvaldo Cacciatore en los ‘70 durante la última dictadura erradicando prácticamente toda la villa. Llegada la democracia, el barrio se volvió a poblar. En 1990 el presidente Saúl Menem firmó el decreto 1001 que ordenaba la entrega de las tierras de la villa 31 a sus habitantes. Pero unos años después el intendente Jorge “Topadora” Domínguez se ganó el apodo apodo derribando las casas del barrio. La resistencia de los vecinos y una huelga de hambre en la que participaron los curas villeros mas la intervención del arzobispo Jorge Bergoglio lograron detener el plan de desalojo. En el 2007 la erradicación de la villa 31 fue uno de los puntos programáticos de la campaña del PRO que logró ganar las elecciones para jefe de gobierno, para lo cual buscó lograr consenso con dirigentes sociales y con curas villeros, pero no tuvieron un resultado favorable. En el 2013 se vuelve a la carga con declaraciones de la futura vicepresidenta Gabriela Michetti en el programa Almorzando con Mirtha Legrand en el cual sostuvo que “la villa 31 es el único lugar de las villas que es muy difícil transformar en un barrio, entonces mi sensación es que hay que hacer la regularización dominial para que cada persona tenga su casa y su propia escritura”; “Lo que ha sucedido en otros lugares del mundo con esto es que como esos terrenos son muy apetitosos para el sector privado y el sector inmobiliario, lo que termina pasando es que el sector inmobiliario compra esos lugares y la gente puede comprarse con ese dinero una casa en la ciudad o cualquier otro lugar. Y ese lugar puede integrarse al puerto o hacer un sector de barrios para clase media”, “Tenemos un problema enorme con la villa 31 porque los terrenos son nacionales y no podemos dar el registro de dominio”, argumentó Michetti. Efectivamente el PRO en un proyecto de declaración en la Legislatura Porteña pidió la transferencia a la Ciudad de las tierras nacionales en donde están asentadas las villas 31 y 31 bis. Cabe señalar que en el 2009 se sancionó la ley 3343 de urbanización de la villa 31, pero el PRO nunca aprobó el dictamen.
VIDEO DE GABRIELA MICHETTI EXPLICANDO COMO ENTREGAR LAS TIERRAS DE LA VILLA 31 A LOS GRUPOS INMOBILAIRIOS
En octubre de 2015 el ex dirigente de Cambiemos Marcelo Martín afirmó que Macri, Larreta y Grindetti habían acordado trasladar a los vecinos de la villa de Retiro a los campos de la ex fábrica Campomar en Lanús, ya que “los terrenos donde se ubica la villa son de altísimo valor”.
Es en éste contexto que en diciembre del 2015 el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta anuncia la reurbanización dela villa 31-31 bis, para lo cual crea especialmente una secretaría que depende directamente de la jefatura, con 450 empleados, préstamos del BID y del Banco Mundial por 300 millones de dólares y coloca al mando a Diego Fernández, ex jefe del gabinete de educación de Mauricio Macri, cuyo currículum es haber fundado varias empresas .com, haber sido gerente general de la cadena de heladerías Persicco, propietario de la cadena de restoranes Dashi, Sushi Bar –Resto, presidente y CEO de Azist Professional Support Services, secretario de Formar Fundation, empresa off-shore radicada en Florida, Estados Unidos, y tenedor de bonos de deuda argentina del Black Rock. No hay motivos para sospechar que éste empresario sin ninguna experiencia en procesos de urbanización tenga intenciones ocultas de hacer negocios con las tierras de la villa 31.
LA INMOBILIARIA DE LARRETA
En la última sesión de la Legislatura del año 2019, el bloque de Cambiemos aprobó sin doble lectura la venta del 35 % de Punta Carrasco y Costa Salguero en la Costanera Norte para sumarse al proyecto Distrito Joven, que consiste en instalar boliches bailables, bares y locales gastronómicos, a la orilla del rio. Una suerte de continuidad de Puerto Madero. En el mismo sentido en 2018 se vendió el Tiro Federal en av Libertador y Udaondo para construir edificios de 100 metros de altura con vista al Rio. A pocas cuadras del tiro Federal se ubican la histórica casa de estudios del Romero Brest y el profesorado de educación física Cenard que para esta misma época fueron anoticiados que serían trasladados, lo que originó protestas de sindicatos, docentes y alumnos que lograron “por ahora” frenar tales disposiciones. Otra arremetida fue el proyecto de unificar las tres terminales portuarias en una sola ubicada en una isla artificial para poder usar los terrenos ganados a la orilla del Río y dar continuidad a Puerto Madero. De paso entregarían el negocio portuario a Niky Caputo, íntimo amigo de Mauricio Macri, despidiendo antes a gran cantidad de trabajadores. La medida fue rechazada por los portuarios con medidas de fuerza que incluyó una la instalación de una Carpa de la Dignidad durante varios meses en el 2018. Y la lista sigue, entre Puerto Madero y Retiro, en frente de las terminales portuarias, donde estaba ubicado el Hospital Ferroviario que fue vendido a privados, se va a construir el Distrito Quartier Retiro, es decir edificios de lujo con vista al Río, y al lado del Paseo del Bajo, que le ha dado a la zona una gran valorización económica transgrediendo normativas que impiden la venta de espacios públicos para fines privados. Hablando del Paseo del Bajo que costó a la Nación 400 millones de dólares, de los cuales 175 se hace cargo la Ciudad, ¿de qué manera?, con la venta de terrenos que Nación le transfirió a Ciudad en julio del 2019 mediante la ley 671. Adivinen qué terrenos hay dentro de esa normativa, claro, el polígono de la villa 31. Y no solamente ése sino varias parcelas linderas. Por el decreto 149 de Alberto Fernández de enero de este año la AABE tiene que revisar las ventas consignadas en la ley 671 (entre las que está la villa 31).
LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN AL SERVICIO DE LOS GRUPOS INMOBILIARIOS
Queda claro que para el proyecto que tienen los grupos inmobiliarios en la ribera del Río de la Plata, la villa 31 es un estorbo que hay que sacar. El grado de organización del barrio, el arraigo de las familias que tienen varias generaciones de pertenencia, la mística del Padre Mugica cuyos restos descansan en la capilla Cristo Obrero ubicada dentro del barrio, le dan un escudo inexpugnable que hace muy difícil pensar que se pueda fácilmente convencer a las familias de abandonar el barrio. Tienen mucho arraigo y querencia con la villa 31. Si bien se intentó, al parecer no les dio buenos resultados a los sectores del poder. Cuando Michetti dice que hay que darles los títulos de propiedad a los vecinos y que como pasó en otros lugares del mundo, van a terminar vendiendo a los grupos inmobiliarios que están apetitosos por esos terrenos de gran valor, no se refiere a un proceso natural, sino a una decisión tomada de estos grupos de avanzar. No por casualidad en el Mini Davos realizado en CABA en el 2017 invitaron a los empresarios a realizar una visita al polígono de la villa 31, y calcularon su precio en 1.000 millones de dólares cuya inversión se podría cuadriplicar en caso de comprar los terrenos.
Los sociólogos han estudiado cómo los grandes grupos inmobiliarios y de poder económico desplazan a la población de bajos recursos económicos que ocupan barrios del centro de la ciudad. Esta es una característica que se ha dado en todas las grandes ciudades y se denomina gentrificación. Es la “conquista del barrio sin derramamiento de sangre” según el arquitecto Francisco Camino. Excelente definición. Es la negación al pobre del derecho a la ciudad. Hay distintas formas en las que se va produciendo la gentrificación, pero tiene que ver con normas legislativas, modificaciones en el código urbano, que posibilitan el ingreso de mercado inmobiliario que terminan elevando los costos del nivel de vida, suben los precios de las tierras, y a la población original se le hace más difícil sostener la vida en ese lugar por la suba de los alquileres, los precios de la comida, etc, y se terminan yendo. Uno de los puntos más complicados son los llamados procesos de urbanización, ya que si no se hacen con medidas que posibiliten el arraigo, terminan siendo expulsivos, ante el cobro de los servicios, el pago de las hipotecas, mas la suba del costo de vida en general, la suba de los precios de los terrenos, y la oferta del mercado de la compra de las tierras y las hipotecas. Los vecinos van vendiendo sus casas a los sectores de poder adquisitivo más alto, o a los holding inmobiliarios. El modelo de escritura que ofrece la Secretaría de Integración tiene varios puntos que han sido analizados por la Mesa de Urbanización y por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que dejan la puerta abierta a la gentrificación. La ley 6129 que complementa a la 3343, anula puntos de ésta que habían sido pensados para garantizar lo más posible la radicación de los vecinos de la villa 31. Por sólo dar unos ejemplos, se suprimió un artículo que ponía como condición para la venta de las hipotecas por parte de los vecinos que el destino sólo podía ser comunitario y se reemplazó por otro artículo que dice que si el comprador paga tres veces el valor de la hipoteca ( que será destinado a la SISU) puede cambiar ese destino. O sea, si una empresa compra de esta manera varias parcelas juntas, puede instalar un negocio de fast food, o una sucursal de una cadena de farmacias, etc. Otra cláusula controvertida es el punto 7 del modelo de escritura que quiere imponer la SISU, porque permite que las hipotecas se conviertan en letras, con lo cual un gran grupo inversor las puede comprar, con lo que la deuda de los vecinos sería con un privado y no con el Estado. A eso hay que agregar clásulas expulsivas como que a los 3 meses de atraso con la hipoteca o aun con los servicios el tenedor de las mismas puede rescindir el contrato con el vecino apropiándose de la propiedad.
Claramente la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) a cargo del empresario Diego Fernández, no tiene como objetivo el arraigo de los vecinos de la villa 31, sino que usa como metodología dividir a los vecinos, cooptar referentes y delegados, aparentar consenso y participación, cuando hace todo lo contrario. No finalizó las obras de infraestructura que era lo primero que tenía que hacer. Las viviendas nuevas están hechas de chapa y durlock, pareciera que quieren que sea más fácil desmontarlas cuando sea la ocasión.
Larreta armó la Secretaría de Integración Social y Urbana durante los primeros meses de su gestión al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Diego Fernández a la cabeza con el fin de “lograr la integración social y urbana de barrio 31 y 31 bis” y en agosto del 2016 prometió acceso a los servicios, arreglos de viviendas, construcciones nuevas, calidad educativa, acceso a la salud, espacios verdes y transporte a través del diálogo, el consenso y acuerdos como meta para el 2018. Las obras de infraestructura no estuvieron terminadas para ese año y en mayo del actual fue una de las causas del aumento exponencial de contagios del Covid, cuando el barrio estuvo 10 días sin agua, situación que fue denunciada por referentes como Ramona de la Poderosa que después lamentablemente falleció por contagio del virus. El consenso, acuerdo y participación en el proyecto “Treinta y todos” te lo debo. De esto da cuenta la doctora en ciencias sociales e investigadora del CONICET María Cecilia Zapata (La Participación Social en la Reurbanización de las Villas, Bitácora 2020,), que relata cómo la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) logró mediante instancias de supuesta participación (donde no se habilitó tomas de decisiones reales), validar sus propias intervenciones en el plano de la urbanización, por ejemplo los vecinos podían decidir el color de los juegos de la plaza o las fachadas de la casas, pero no podían opinar ni decidir sobre el material de las casas nuevas, o dónde se iban a hacer las aperturas de las calles, y algo que es muy importante, el modelo de las hipotecas.
El Consejo de Gestión Participativa (CGP), es el organismo creado por la ley 6129 complementaria de la ley 3343 de reurbanización del Barrio Mugica, integrada por los consejeros, ONG, y comuneros y abierta a la participación de los vecinos que tiene como fin garantizar el cumplimiento de la urbanización del barrio. La Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa pidió por carta junto a consejeros, comuneros y organizaciones que no se ponga en agenda en las reuniones del CGP el tema de las escrituras y la formalización de los servicios durante la pandemia, ya que no están dadas las condiciones sanitarias para que los vecinos puedan participar y sin embargo la SISU llamó a reunión el 24 de julio con un punto en el temario que era justamente el tratamiento de las escrituras. La Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa llamó a una conferencia de prensa a la misma hora y en el mismo lugar de reunión del CGP (El Portal), con gran presencia de vecinos y se suspendió la reunión.
El arquitecto Gustavo Cañaveral ex asesor en la legislatura porteña y periodista de URBANA TE VE, fue protagonista de la elaboración de la ley 3343 que fue consensuada por los vecinos, legisladores, ONG`s y la FADU. Recuerda que la ley llevó 14 meses de trabajo en conjunto y fue desvirtuada, lamentablemente por la misma FADU, que posteriormente hizo convenios por 2 millones de dólares con la Secretaría de Integración Social y Urbana para diseñar las viviendas nuevas de Containera e YPF que fueron hechas sin la participación y el consenso de los vecinos y fueron rechazadas por los mismos. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Mesa de Urbanización Rotativa y Participativa entre otros han denunciado la falta de participación y de transparencia en estos convenios, y los vecinos que han sido trasladados se quejan de la mala calidad de los materiales (chapa, durlock), y de la construcción (filtraciones de agua, malas conexiones, etc ). Además, estéticamente parecen pabellones de cárceles más que viviendas para familias.
La Villa 31 (Barrio Mugica), es un escenario de disputa por el derecho de los humildes a la Ciudad que no se toma tregua ni con la pandemia. Esperemos que los vecinos puedan lograr hacer realidad el sueño del padre Mugica de que se urbanice el barrio, y no que quede en manos de los grupos inversores de Puerto Madero 2.
(*) Docente del polo Mugica y delegado de UTE
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