Carlos del Frade, diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular, conversó en el aire de Radio Gráfica acerca de la situación del caso Vicentin, tras la decisión del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, de frenar la intervención de la empresa.
El anuncio de Alberto Fernández sacudió la tarde del viernes abriendo un debate intenso. “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, manifestó en las redes sociales dando lugar a múltiples interpretaciones.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de la deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, agregó el Presidente en la justificación de la decisión.
Para el ciudadano de a pie generó una pregunta inquietante: ¿Es un retroceso o existe un plan B difícil de comprender para aquellos que no conocen los diferentes ángulos de la disputa judicial?
Una palabra autorizada en el tema es la de Carlos Del Frade, diputado provincial en Santa Fe, una de las voces que viene denunciando las maniobras de los propietarios de Vicentin y la necesidad de que el Estado nacional tome el control de una empresa estratégica y de indudable peso económico en la provincia.
¿Cómo entender la derogación del Decreto de intervención? “Es un hartazgo de parte del Ejecutivo Nacional ante los empresarios de Vicentin, y especialmente ante el juez del concurso (Fabián Lorenzini), que hizo todo lo posible para que no se pudiera realizar la intervención que había dispuesto el presidente el 8 de junio. A partir de este momento se profundiza la investigación penal”, responde Del Frade.
“De hecho, ayer, ya el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, pidió al juez del concurso que no interfiera más en la búsqueda de documentación para la causa que inició la Unidad de Información Financiera por lavado de dinero y fuga de capitales. Eso va a profundizar la investigación penal y va a abrir, después, la evidencia de que los directivos de Vicentin le robaron plata al pueblo argentino a través de funcionarios corruptos del Banco Nación, y que se la llevaron afuera a través de sus cuentas particulares como ya está demostrado por la auditoria del Banco Nación“, añade Del Frade.
“Es un hartazgo de parte del Ejecutivo Nacional ante los empresarios de Vicentin, y especialmente ante el juez del concurso (Fabián Lorenzini), que hizo todo lo posible para que no se pudiera realizar la intervención que había dispuesto el presidente el 8 de junio”.
“Va a haber un piso de conciencia social a través de esa información que permitirá que aún aquellos que defiendan la propiedad privada y que estén en contra del Presidente de la Nación van a pensar que es impensable defender a delincuentes de guante blanco. Allí va a haber un espacio político para que se siga insistiendo, a través del Congreso de la Nación, por la ley de expropiación”, hipotetiza el dirigente santafesino.
LA INVESTIGACIÓN PENAL
Asimismo, el entrevistado agregó que “la investigación penal está avanzada en Nueva York, en Asunción y en el juzgado del doctor [Julián] Ercolini. Entonces habrá que ver qué hace la empresa Vicentin, que se ha mostrado tan impune. Además, están en una situación difícil para afrontar el pago a los productores que le vendían cereal para hacer sus negocios. No tanto para con los trabajadores, porque de acuerdo a los síndicos del concurso, pueden pagar salarios hasta junio de 2021, pero esperamos que no empiecen los despidos para presionar al Estado a ser bobo y cómplice, pagando la fiesta de estos directivos corruptos. El proceso penal puede derivar en quiebra, pero también pueden haber una salida política de reflotar la expropiación y construcción de una empresa estatal con participación de trabajadores, productores y cooperativas y el Estado, con mayoría accionaria, por la fenomenal deuda de Vicentin con el pueblo argentino“.
En suma, sintetizó Del Frade, “esto no es una marcha atrás, pese que el diario La Nación salió a decir rápidamente lo contrario. Como uno generalmente está a la defensiva, se empieza a creer que es un retroceso. Pero poniendo las cosas en perspectiva histórica, nunca se termina en un día puntual donde se produce un hecho. El futuro está abierto. Lo que ahora viene es el borbollón de informaciones judiciales. Eso generará el consenso de apoyo, y va a abrirse una vez más la posibilidad política de la expropiación. Es la decisión de un gobierno que se retira cuando tratan de llevarlo a un escenario de extorsión, y deja que la empresa aguante como pueda la cuestión penal. Después se verá que pasa”
- Entrevista realizada por Úrsula Asta en Feas, sucias y malas (Sábados de 9 a 12 hs)
- Redacción: Martín Gorojovsky
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