El periodista de Radio Gráfica, Ramiro Coelho, estuvo presente en Chile en medio de un proceso de protestas que parecen marcar un antes y un después en la historia del país trasandino. La profundidad de los reclamos frente a un modelo económico que parecía cristalizado, la violencia represora, el estado asambleario que agita al país con un desafío central: Crear una nueva Constitución que deje atrás un modelo económico que concentró brutalmente la riqueza y que contemple las nuevas demandas populares. “Las calles de las ciudades chilenas reflejan hoy la expresión de hartazgo popular tras cuarenta años de neoliberalismo”, concluye Coelho.
Por Ramiro Coelho*
Desde el 18 de octubre la sociedad chilena vive en conflicto permanente con el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera. Desde la mirada de un observador poco informado, se podría afirmar que la suba en treinta pesos del precio del metro ha generado una desproporcionada reacción por parte del pueblo. Sin embargo, las causas de semejante pueblada debe analizarse considerando procesos políticos y económicos mucho más largos. Los cuarenta días de paros, masivas marchas, asambleas populares e intervenciones artísticas dan muestra del repudio popular a cuarenta años de políticas neoliberales que han empobrecido a las amplias mayorías trabajadoras y enriquecido a una oligarquía rentista que no está dispuesta a perder ninguno de sus privilegios. En este dinámico proceso, los partidos de la oposición se ven permanentemente desbordados por un movimiento asambleario que desconoce su legitimidad y los ve como parte de una clase política burocratizada, incapaz de liderar un cambio profundo en el sistema político trasandino.
Las bases que creó el pinochetismo
Las calles de las ciudades chilenas reflejan hoy en sus paredes expresiones de hartazgo popular a cuarenta años de neoliberalismo. La Constitución dictada en 1980 por el dictador Augusto Pinochet sentó las bases de un modelo de Estado y sociedad en donde la renta de la empresa privada rige la organización de la economía, vulnerando permanentemente los derechos sociales y económicos de las mayorías trabajadoras.
“La Constitución de Pinochet de 1980 sentó las bases de un modelo de Estado y sociedad en donde la renta de la empresa privada rige la organización de la economía vulnerando los derechos sociales y económicos de las mayorías trabajadoras.”
Desde hace años Chile se ha consolidado como el país con el más alto nivel de ganancia empresarial del continente y de mayor endeudamiento popular. Mientras una reducida minoría empresaria detenta el ochenta por ciento de la riqueza, las amplias mayorías trabajadoras deben pagar altas tasas de interés para cubrir gastos corrientes, como los servicios públicos, o garantizar el derecho cercenado de sus hijos a la educación y a la salud, ya que no existe sistema educativo o de salud estatal que garantice acceso gratuito.
Esta sociedad fragmentada, además, no cuenta con mecanismos de representación social, política y sindical que moderen el impacto de “el mercado” sobre el sector del trabajo. Es que la constitución de la dictadura pinochetista fue la pionera en favorecer la flexibilización laboral, a través de la creación de convenios por empresa y no por rama. En este marco institucional la política no escapó a la regla. A partir del retorno a la democracia en 1990, tanto los gobiernos “progresistas” como conservadores han mantenido los lineamientos básicos de este modelo político y socioeconómico, el cual ha sido preservado a sangre y plomo por un aparato represivo que poco ha cambiado desde 1973. La brutal represión del Cuerpo de Carabineros, que ha dejado un saldo de más de trescientos manifestantes sin un ojo, centenares de personas torturadas y mujeres violadas, da cuenta de un sistema con rasgos autoritarios que lo aleja de la democracia.
Nueva constitución y nuevas representaciones
Desde las asambleas nacidas en cada barrio de las ciudades chilenas ha surgido el reclamo por una nueva constitución. Ante la impotencia para contener la rebelión popular, el gobierno de Piñera convocó a los partidos de la oposición para organizar la convocatoria a una asamblea constituyente. El “Nuevo Pacto Social” se convierte en el instrumento político que permita al sistema refugiarse en una institucionalidad amañada que le garantice que poco o nada cambie. Lo que busca a través de este acuerdo la oligarquía chilena, actualmente en el gobierno, es preservar la base de sustentación del falso crecimiento nacional: el sistema de jubilación privadas (AFP), que durante años ha sido el espacio de especulación financiera que ha permitido sostener “los números de la economía” y transferir de los sectores trabajadores a los financieros altos porcentajes de la riqueza nacional.
“Las asambleas, que hoy se multiplican en los barrios, reclaman un nueva Constitución nacional.”
Por tales motivos, las asambleas, que hoy en día se multiplican en los barrios, reclaman la elección de representantes constituyentes a través de voto directo y sin mediación de los aparatos partidarios. El descreimiento en el sistema político tradicional se fundamenta en años de frustraciones. La experiencia del movimiento estudiantil hace casi diez años, con la posterior integración de sus dirigentes a la estructura partidaria de La Concertación, fueron traumas de los que han aprendido. Lo complejo del proceso iniciado por estos colectivos populares es su precaria estructura. Cuestión que abre un interrogante en torno a su futura capacidad de articulación y acción política. Cómo crear un programa que se cristalice en los contenidos de una futura Constitución y cómo crear una alternativa política popular que suplante el actual sistema viciado parece ser la madre de las batallas. A pesar de ello, nunca se debe subestimar a los pueblos. Su creatividad y capacidad de acción colectiva siempre dan sorpresas y marcan rumbos insospechados. Sobre todo cuando tiene el nivel de convicción que el pueblo chileno muestra hoy.
(*) Periodista de Radio Gráfica
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