No hay mundo unipolar ni fin de la historia. Tras el neoliberalismo de los años 90, entramos al nuevo milenio con una crisis sistémica que se evidenció en el surgimiento de gobiernos populares que buscaron tirar por la borda un modelo económico que disciplinó a poblaciones enteras y las sometió a los mandatos del Fondo Monetario Internacional. No fueron pocos los países que lograron avanzar hacia un proceso de emancipación, rompiendo con la herencia de sus dictaduras. Otros, tan solo pudieron hacer meras reformas que ampliaron la democracia sin cambiar su estructura. Y algunos, no tuvieron más posibilidad que concertar con el orden establecido.
Bolivia y Chile son ejemplos de esos polos que pusieron en evidencia lo salvaje de los poderes que resisten cualquier avanzada popular contra los intereses enquistados en los Estados coloniales. El primero, fruto de una ofensiva de las castas oligárquicas que consuman una contra revolución; el segundo, un Estado colonial cuyas oligarquías niegan cualquier tipo de cambio que no sea una mera concesión para entretener a las masas. En ambos casos, el pueblo sale a la calle e impone un solo grito: no a las dictaduras.
Por Omar Zanarini*
La situación de los hermanos países de Chile y Bolivia se agrava cada día más. Las medidas que sendos gobiernos dictatoriales ejercen contra el pueblo se asemejan. Lejos de haber una merma en las movilizaciones populares, nada parece sacarlas de las calles. En Chile, un nuevo paro nacional fue la respuesta a las medidas anunciadas de una nueva constitución, ya que las demandas populares piden no solo por la renuncia del mandatario Sebastián Piñera, sino por el llamado de una Asamblea Constituyente donde todos los actores sociales sean partícipes. En el país trasandino el número de fallecidos por la represión estatal asciende a 24, mientras que más de 300 personas han perdido la vista de uno de sus ojos, producto de la represión. La cantidad de detenidos va en ascenso, como así las violaciones a mujeres y desapariciones de estudiantes.
En Bolivia el gobierno de facto va consolidando el golpe contra el hoy exiliado Evo Morales. La persecución política va en aumento, de los más de 1000 detenidos se suman las detenciones de los referentes políticos del MAS-IPSP, entre ellos Gerardo García vicepresidente del partido y Deysi Choque, dirigenta de la Bartolina Sisa y candidata a diputada en Santa Cruz. Ya suman 34 los muertos y más de 700 heridos por la dictadura de Jeanine Áñez. Este fin de semana se hizo presente la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos, y lejos de que el pueblo haya podido dar testimonio, el hotel donde se encontraban los enviados del organismo fue rodeado por hordas fascistas que impedían que las víctimas pudieran ingresar y contar lo que está sucediendo en el país.
En un reportaje para Radio Gráfica, Fabián Caballero, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), y Beymar Acuña miembro dirigente de la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos De Bolivia (CSUTCB) dieron un informe de situación de lo que está sucediendo en ambos países.
A continuación, el testimonio de Fabián Caballero, vicepresidente de la CUT de Chile:
“Después de cuarenta días de movilizaciones intensas, con grados de profundidad política cada vez mayor, el punto de vista de la demanda, el punto de vista del cauce democratizador que exige la población chilena, el balance que se tiene hasta el día de hoy, es un proceso que va en alza, a pesar de todo lo que el bloque en el poder, las representaciones políticas, las fuerzas auxiliares del neoliberalismo en el gobierno y en el parlamento de Chile, han intentado hacer por bajar la intensidad de la demanda y por desmovilizar por completo a la población a nivel nacional.
La población entendió en pocos días, en pocas semanas, que no hay otra salida a los grandes problemas sociales en Chile y a las profundas consecuencias sociales, que no sea política, a través de una nueva constitución democrática, popular, discutida por el pueblo y movilizando todos los sectores sociales en la instancia de una Asamblea Constituyente.
Las representaciones políticas intentaron por arriba y los mismos de siempre buscaron un acuerdo donde nuevamente el pueblo movilizado quedara fuera de este “diálogo”. Al igual que los últimos años de los 80, donde gran parte de la burguesía nacional, las transnacionales y el imperialismo norteamericano cerraron un acuerdo monolítico para dar fin a la dictadura de Pinochet y dar inicio a los gobiernos democráticos, el pueblo en esa ocasión también quedó afuera. Todo ese pueblo movilizado, luchadores políticos y sociales, que se levantaron contra la dictadura de Pinochet quedaron fuera de ese acuerdo que se denominó “Transición Política”; no fue otra cosa que una transición hacia el neoliberalismo.
30 años después se intenta hacer algo similar o igual. Mantener el modelo económico, pero abrir un debate hacia una nueva constitución, desde el punto de vista que ellos lo plantean haciendo algunas reparaciones, pero sin entregar el instrumento al pueblo y a los sectores sociales para que discutan su propia constitución.
A pesar de que el gobierno ha aumentado significativamente el salario mínimo en este mes de de movilizaciones, a pesar de que han congelado el precio de los medicamentos, como una señal o un gesto a la población movilizada; a pesar de que el gobierno y el parlamento han bajado las asignaciones a los altos funcionarios públicos y también de los parlamentarios; a pesar de que se han congelado las tarifas del transporte y de los pagos de las autopistas; a pesar de que se ha entregado la posibilidad de la discusión constitucional de forma inmediata, el pueblo sigue movilizado.
Podríamos seguir sumando aspectos que el gobierno ha ido concediendo en estos cuarenta días de movilizaciones, pero el pueblo continúa en las calles. Y se levantan consignas, por ejemplo, `para que la constitución sea discutida por todos los sectores sociales en una constituyente, no hay otra alternativa, no hay otra demanda que compense esa necesidad”.
Beymar Acuña miembro dirigente de la CSUTCB:
“Con relación a la situación del contexto actual Bolivia se encuentra en un estado de ingobernabilidad donde el movimiento campesino una vez más ha levantado la cabeza para rechazar contundentemente este golpe político fomentado por las oligarquías y por la burguesía compradora en nuestro país. De esa manera se vive en este momento en estado de indefensión para la sociedad en general y para los sectores relegados por la nueva por la nueva gobernación que hoy se ha consolidado de manera ilegal sobreponiendo los estipulados de la misma constitución política del Estado Plurinacional.
La Confederación de Campesinos dispuso el bloqueo de los caminos para impedir que se concrete este golpe de Estado y a su vez lograr el reconocimiento constitucional de un Estado Plurinacional que ha sido el fruto de la lucha de decenas de años.
Durante estos días se a llegado a entablar un diálogo con el gobierno de facto con miras de pacificar el país. En ese sentido nosotros nos hemos declarado en un cuarto intermedio para poder hacer las negociaciones.
Estamos y nos declaramos en un estado de emergencia porque hasta ahorita no hay garantías
Durante estos días nos damos cuenta de que no hay interés por parte del gobierno de querer levantar las medidas represivas que había tomado. Hoy por hoy los militares siguen en las calles, se sigue persiguiendo a dirigentes Sindicales y autoridades políticas del Movimiento al Socialismo MAS-IPSP, hoy por hoy este llamado supuestamente a un diálogo ha sido una estrategia del Gobierno para desmovilizar a los sectores sociales y mostrar a la CIDH que no hay conflicto en Bolivia. Estamos y nos declaramos en un estado de emergencia porque hasta ahorita no hay garantías”.
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