Diego Morales, director del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), analizó en Punto de Partida el Decreto de Necesidad y Urgencia, firmado por Mauricio Macri, que modifica la Ley de Migraciones
En primer lugar, Morales explicó que “las modificaciones van en tres sentidos. El primero es la ampliación de los supuestos que pueden determinar el rechazo en la frontera o la expulsión de una persona, cualquier persona involucrada dentro del sistema criminal argentino, va a poder estar sujeta a una expulsión”.
“La segunda cuestión es que se van a revisar las radicaciones. Cualquiera sea el tipo de residencia otorgada, va a poder ser retirada si la persona es objeto de alguna condena legal, incluso una que no esté firme”, agregó.
“Y la tercera cuestión modifica las garantías en el sistema administrativo. Hoy para que la autoridad inmigratoria pueda expulsar a alguien tiene que mediar la decisión de un juez. Con las modificaciones lo podrá hacer la autoridad migratoria en un plazo de tres días, lo cual deja un margen muy estrecho para inmigrantes que hayan formado familia o redes sociales. Además se amplían todos los supuestos para dictar una expulsión. La ley hoy vigente los limitaba a delitos graves como tráfico de armas, o lavado de dinero. Ahora se incluyen cosas como venta callejera o resistencia a la autoridad, es decir se criminaliza la protesta social”.
Consultado acerca de un posible control legislativo, Morales detalló que el decreto “tiene que ser evaluado por la Comisión Bicameral Permanente de Tramites Legislativos, pero no remplaza las funciones del Congreso con relación a la regulación de los temas migratorios”, y agregó que “la mayoría de los extranjeros detenidos en la Argentina son personas vinculadas al tráfico de estupefacientes como ‘mulas’, al igual que la mayoría de los argentinos detenidos en el exterior. Con este dato la autoridad inmigratoria aduce que necesita una nueva ley para controlar el tránsito en las fronteras, pero este aspecto está contemplado en la ley vigente, por lo tanto se contradice con la supuesta necesidad y urgencia del decreto”.
Finalmente Morales detalló que “también se están desactivando los programas para otorgar rápidamente documentos a los extranjeros residentes. Antes había una política que buscaba facilitar la integración, ahora aumentaron las tazas inmigratorias, le cuesta más dinero a una familia el trámite necesario, y podemos esperar que en este marco se pidan más requisitos de regularización”.
MG / GF / RG
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