Por Emilia Trabucco*
El miércoles 17 de septiembre se vivió en las calles otra victoria del campo popular contra el programa político y económico de Milei: la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a dos leyes fundamentales: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica. Con 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones en el primer caso, y 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención en el segundo, el Congreso le puso un freno a una de las piezas centrales de la motosierra gubernamental. Queda pendiente la votación del Senado, donde se necesitan los 2/3 de la Cámara para que se ratifique la decisión de Diputados y se efectivicen las leyes.
La votación estuvo acompañada por una multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que bajo la consigna “En defensa de la salud y la universidad pública” llenó las calles de todo el país con estudiantes, docentes, médicxs, trabajadorxs de la salud, jubiladxs, organizaciones sindicales y movimientos sociales. La masividad y el carácter federal de la protesta dieron una señal inequívoca: el ajuste sobre la universidad y la salud pública tocan las fibras sensibles del pueblo argentino.
Apenas dos días antes, Milei había presentado por cadena nacional el Presupuesto 2026, en un mensaje de 15 minutos que se limitó a repetir la fórmula: el equilibrio fiscal como núcleo del plan económico. “Lo peor ya pasó”, dijo el presidente -conocida frase de Mauricio Macri–, mientras prometía aumentos en partidas sensibles —jubilaciones, salud, educación, discapacidad— y anunciaba una asignación de 4,8 billones de pesos para universidades.
Pero las cifras esconden la profundidad del ajuste y demuestran la falacia. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que para que el sistema funcione se requieren 7,32 billones de pesos, es decir, más del 50 % por encima de lo propuesto. Además, la participación de las universidades en el PBI sigue en caída: de 0,718 % en 2023 a un proyectado 0,462 % en 2026. El proyecto profundiza el desfinanciamiento estructural y degrada la educación superior y el sistema científico-tecnológico (IEC-CONADU, septiembre 2025).
En paralelo, el proyecto de presupuesto propone eliminar la obligación legal de invertir al menos el 6 % del PBI en educación, un retroceso histórico respecto de una conquista construida en democracia. La lectura es clara: mientras Milei busca exhibir disciplina fiscal hacia el Fondo Monetario Internacional, propone más ajuste, e intenta sostener los números sobre mentiras de crecimiento económico y baja del índice de inflación.
Hay que agregar que el gobierno aprovechó la particularidad de contar por dos años seguidos con un presupuesto de prórroga que subvalúa los recursos que ingresarán en el Estado Nacional, para luego distribuirlos de manera discrecional a través de Decretos de Necesidad y Urgencia. A lo largo de este año, lejos de haber congelado el presupuesto nacional porque “no hay plata”, el gobierno lo aumentó en casi 50% por la parte de recursos y 33% en los gastos. Pero, al no consultar al Congreso y resolverlo vía DNU, distribuyó esos excedentes de manera discrecional y arbitraria.
Rubros como Inteligencia crecieron 41,6%, mientras que los créditos destinados a Educación y Cultura aumentaron menos de la mitad (18,6%). Otros rubros priorizados por la administración Milei son “Seguros y Finanzas” (80,6%), “Judicial (36,3%); Defensa (28,8%), y Seguridad Interior (25,2%), y especialmente “Servicios de la Deuda” (19,6%), que en términos nominales, recibió el doble de recursos adicionales que la finalidad educativa (IEC-CONADU, septiembre 2025).
En la distribución discrecional de los fondos, puede verse claramente su programa político: menos derechos, menos educación, más represión en las calles y persecución a organizaciones opositoras. La narrativa del “equilibrio fiscal” oculta que el costo del ajuste lo pagan los y las trabajadoras.
La pulseada sigue abierta. El Senado tratará el 2 de octubre los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. También queda pendiente la discusión sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), cuyo veto presidencial ya fue rechazado por un conjunto de gobernadores que reclaman su restitución y se discutirá en las Cámaras del Congreso para rechazarlo, y frenar el uso discrecional y extorsionador de los recursos por parte del Ejecutivo Nacional.
Diputados debaten vetos a universidades y Garrahan, se espera una movilización multitudinaria
Mientras tanto, Milei prepara su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU el día 23 de septiembre, y recibir el premio del Atlantic Council, el día 24, de parte del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el Atlantic Council. Una de las invitadas al evento es Kristalina Georgieva, directora del FMI. Premio que fue otorgado también a Mauricio Macri cuando era presidente, en 2018, luego de otorgarle un préstamo ilegal por 45 mil millones de dólares. Milei busca mostrar respaldo internacional y abrir negociaciones para un nuevo salvataje financiero que le permita llegar a las elecciones de octubre sin un colapso total y parece que la administración de Trump estaría dispuesta a hacerlo.
Los últimos días dejaron al descubierto la tensión central de este tiempo político: un gobierno decidido a sostener el ajuste antipopular a cualquier costo y una sociedad que comienza a encontrar sus mecanismos de resistencia. El golpe parlamentario y la movilización federal no son episodios aislados: expresan un límite político al programa libertariano.
La pregunta que se abre es si el Senado consolidará esa derrota y si Milei logrará recomponer su ofensiva con el respaldo de Washington y el FMI, de cara a las elecciones de octubre, a pesar de las hipótesis destituyentes digitadas desde sectores del Círculo Rojo. Lo que quedó claro nuevamente es que hay un pueblo con voluntad de oponer otro programa político, con amplios sectores que lo votaron, que van expresando su rechazo ante las promesas incumplidas.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.
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