Por Emilia Trabucco*
El Senado argentino votará el jueves 6 de agosto una de las reformas más sensibles impulsadas por el gobierno de Javier Milei: la modificación de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que amplía las posibilidades de adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa vuelve al recinto después de cuatro intentos fallidos de tratamiento y en medio de una movilización nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios.
El último intento, el 16 de julio, quedó frustrado por falta de votos apenas un día después de la semifinal del Mundial frente a Inglaterra, cuando la bandera desplegada por la selección argentina con la consigna “Las Malvinas son argentinas” revitalizó en el debate público la discusión sobre la soberanía nacional y coincidió con una creciente resistencia social al proyecto oficial.
El rechazo previo ya modificó el texto original. Ante la falta de apoyos, La Libertad Avanza resignó su objetivo inicial de eliminar los límites vigentes y acordó un nuevo esquema que eleva del quince al veinticinco por ciento el máximo de tierras rurales que podrán quedar en manos extranjeras en cada provincia, como parte de una negociación con bloques aliados para destrabar la votación. El proyecto obtuvo dictamen en mayo y el capítulo referido a la extranjerización del territorio concentra desde entonces las principales resistencias políticas y sociales.
La norma vigente, sancionada en 2011 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, establece que la titularidad extranjera no puede superar el quince por ciento de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento. Prohíbe además adquirir más de mil hectáreas en la zona núcleo agrícola. El proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de una reforma más amplia del régimen de propiedad. Su versión original restringía la categoría de extranjero a los Estados y empresas con participación estatal, eliminaba el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y el registro obligatorio de operaciones, al tiempo que modificaba las leyes de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. En diciembre de 2023 el Gobierno intentó derogar la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia, pero una cautelar judicial mantuvo vigente la norma.
La discusión excede la nacionalidad de quien figura como titular registral. La tierra organiza el acceso al agua, los bosques, los minerales, los corredores logísticos y los territorios de frontera, bienes estratégicos cuyo control condiciona la capacidad del Estado para decidir sobre el desarrollo nacional. El proyecto incorpora además mecanismos de aprobación por silencio administrativo para determinados trámites vinculados al régimen de propiedad. Organizaciones sociales, ambientales y académicas advirtieron durante el debate legislativo que esa modificación podría reducir la capacidad estatal de controlar operaciones sobre territorios de valor estratégico.
El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), relevó más de trece millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalentes a casi el cinco por ciento de la tierra rural argentina y a una superficie similar a la provincia de Santa Fe o a Inglaterra. El informe identifica treinta y seis departamentos que ya superan el límite establecido por la ley y ubica las mayores concentraciones en zonas de frontera, la ribera del río Paraná y regiones con recursos hídricos, potencial minero o ventajas logísticas.
El tema adquirió una fuerte centralidad en el debate público. Una encuesta de la consultora Zuban Córdoba, difundida por El Destape, mostró que el setenta y siete por ciento de los argentinos respalda mantener límites a la compra de tierras por extranjeros, frente a un 16,7 por ciento que se manifiesta en contra.
La principal defensa política del proyecto proviene de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien fundamentó la reforma en el principio constitucional de igualdad de derechos entre argentinos y extranjeros. La Sociedad Rural Argentina también acompaña la iniciativa. Su presidente, Nicolás Pino, sostuvo que la llegada de compradores externos no debería generar preocupación: “La Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.
Del otro lado, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, encabeza la resistencia parlamentaria. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó la iniciativa como parte de “un plan sistemático” de extranjerización. La Federación Agraria Argentina advirtió que aprobarla afectaría “la soberanía nacional y la seguridad”. También desde sectores del oficialismo surgieron objeciones. La vicepresidenta Victoria Villarruel manifestó públicamente su rechazo al capítulo de tierras, profundizando sus diferencias con Patricia Bullrich.
La movilización comenzará a las doce del mediodía frente al Congreso Nacional. Participarán la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Sindicatos Unidos, la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, organizaciones ambientales, campesinas y de pueblos originarios. El peronismo bonaerense marchará convocado por el gobernador Axel Kicillof. Las consignas serán “Argentina no se vende” y “Por la tierra y el agua”, con acciones simultáneas en distintas provincias.
La convocatoria recupera además una consigna que volvió a instalarse en el debate público tras la semifinal mundialista frente a Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también”. La defensa de la soberanía sobre las islas aparece vinculada a la discusión sobre el control de la tierra, el agua y los recursos naturales, en un escenario donde distintos sectores sociales advierten que la reforma propuesta amplía la disponibilidad del territorio para el capital privado transnacional.
Los números continúan abiertos. Al menos tres senadores radicales que dieron quórum en la sesión anterior anticiparon que no acompañarían el capítulo referido a las tierras. La atención también está puesta en los representantes de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo avanzado, solicitó autorización para participar y votar de manera remota, respaldada por una indicación médica. La sesión será presidida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mientras Victoria Villarruel ejerza interinamente la Presidencia de la Nación durante la gira internacional de Javier Milei.
La votación del jueves definirá mucho más que el porcentaje de hectáreas autorizado para el capital extranjero. En discusión está el régimen jurídico que ordena el control del territorio y de los bienes estratégicos asentados sobre él, en un contexto internacional atravesado por la disputa por el agua, los minerales críticos, la energía y los corredores logísticos. Los sucesivos intentos frustrados, las modificaciones incorporadas al texto y la movilización convocada para el 6 de agosto muestran que la discusión dejó de pertenecer exclusivamente al Congreso para instalarse como uno de los debates centrales sobre soberanía en la Argentina.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
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