Por Juan Patricio Méndez *
El carpincho no viene a invadir: aparece en lo que, previo al desarrollo inmobiliario sobre los humedales del delta, fue su hábitat natural. Nordelta sentó su estructura edilicia sobre suelos fundamentales para el sostenimiento de la biodiversidad, sustentabilidad y desarrollo de las especies. Y la falta de políticas públicas a nivel federal, de protección, cuidado y promoción de humedales, es solo una de las facetas que emerge como centro de la acción política que implica, por sí misma, el encuentro del vecino y del carpincho. Este, como encuentro, configura la aparición del roedor como un sujeto político fundamental en este entramado de relaciones neoliberales.
Existe, en las redes sociales, un fenómeno de infinidad de contenidos que retroalimentan, reproducen y circulan con una gran dinámica. Y estos discursos son retomados por agentes prosumidores, o mejor dicho usuarios, para narrar y relatar lo político desde nuevas perspectivas. Y no ha sido la excepción las representaciones que visibilizan la oposición Carpinchos vs. Nordeltianos.
Estas formas narrativas son muestras de los nuevos espacios y formas de la comunicación hipermediática. En estos encuentros, la parodia se vuelve un componente esencialmente político, y central en las formas de representación de lo social, en la medida en la que prefigura modalidades del decir, del pertenecer, y de la reconstrucción de los escenarios materiales donde tiene lugar la contienda por el territorio.
Enunciador y enunciatario configuran una situación en la que el enunciador describe una situación política, de la cual tiene conocimiento y le “cuenta” al destinatario. El discurso político que queda en la imagen es esa retoma que permite identificar un hipotexto, un texto anterior: el extractivismo urbano e inmobiliario, la falta de políticas públicas, la desprotección de suelos esenciales para el desarrollo de la vida humana, entre otras cosas.
“El discurso político que queda en la imagen es esa retoma que permite identificar un hipotexto, un texto anterior: el extractivismo urbano e inmobiliario”
El semiólogo Eliseo Verón sostuvo que no existen discursos que se produzcan por fuera de ciertas condiciones económicas, sociales, políticas e institucionales. Por lo que el impedimento de configurar algún escenario de lo posible por fuera de lo narrado tiene que ver con que la emergencia de memes, y su veloz dinámica de circulación, marca el ritmo de la agenda discursiva. Y la agenda, podríamos decir, pone el límite de lo decible en un momento determinado de la historia.
Del meme al extractivismo: Una historia de ocupaciones
Los memes, como representaciones, tienen una cualidad distintiva que radica en la construcción de las condiciones materiales de existencia desde la parodia. Lo social, lo político, lo cultural: todo confluye en imágenes cuyo sentido está atado en su combinación. Y como representación de lo social, tienen la magnánima virtud de mostrar (y fundamentalmente de sintetizar) fenómenos complejos, históricos y políticos. Y de tanto contenido que hoy tenemos al alcance de nuestras manos, se visibilizó algo que no estaba en el repertorio de lo común a la hora de hablar de los barrios cerrados.
El campo político es permanentemente retomado por este tipo de discursos devenidos en “memes”, desde donde los aspectos apreciativos, descriptivos y simbólicos de los enunciados referencian determinadas acciones, cuestiones, situaciones y elementos. En esta retórica, Comando Carpincho, el carpincho leyendo El Capital, el Carpincho en una mesa de enlace, entre otras grandes ideas y producciones digitales, se muestra un estado de situación donde las apropiaciones históricas de ciertos grupos sociales y claustros conservadores han tenido lugar, y a la vez silencio.
En su estudio “Extractivismo inmobiliario y vulneración de bienes comunes en la cuenca baja del río Luján”, la Dra. Patricia Pintos expone los casos donde el poder económico sentó las bases de los destinos medioambientales, haciendo referencia a los emprendimientos en Nordelta, donde el levantamiento del terreno, el movimiento del caudal de agua y el relleno en la zona del delta tuvo como consecuencia el deterioro de los suelos y de las viviendas de las localidades que quedaron debajo del nivel.
“La tendencia a la ocupación de las planicies de inundación de la cuenca no puede ser analizada exclusivamente desde los cambios en la dinámica inmobiliaria, por el contrario es preciso observar sus efectos sobre los paisajes y bienes patrimoniales comunes de la sociedad metropolitana”, sostiene Pintos. Y recalca: “y la incidencia que ha tenido en esto la desregulación no formalizada de los marcos de actuación a nivel gubernamental para la aprobación de emprendimientos residenciales en ambientes naturales caracterizados por su extrema fragilidad”.
Vemos que, de entrada, existe un contexto de explotación territorial de los mercados inmobiliarios, y una posición sostenida en la falta de marcos normativos para el cuidado de estos territorios. Este último punto es un gran acierto, debido a que aún no existe, en Argentina y a nivel federal, una ley de humedales que asegure la continuidad fértil de los suelos.
“La tendencia a la ocupación de las planicies de inundación de la cuenca no puede ser analizada exclusivamente desde los cambios en la dinámica inmobiliaria, por el contrario es preciso observar sus efectos sobre los paisajes y bienes patrimoniales comunes de la sociedad metropolitana”
Y por otro lado, el primer punto del párrafo anterior constituye una apreciación que es necesaria abordar, y tiene que ver con la forma en que el neoliberalismo, como política global de los Estados y del sistema productivo, encontró nuevas formas de mercantilización, alianza y reproducción en determinados sectores. Su esencia flexible también marcó el ritmo de la formación legislativa. Pintos aquí es clara: “la impronta del neoliberalismo en la ciudad se tradujo en nuevas tendencias de crecimiento al amparo de la flexibilización de los requerimientos legales aplicados de hecho en la habilitación de nuevos emprendimientos inmobiliarios”
Y luego nos encontramos con algunos de los mencionados “daños colaterales”, como las inundaciones, las anegaciones, la deserción de especies autóctonas, entre otras. Pero no debemos entender la colateralidad como una causa cuyo devenir es abstracto. Es bien material, ya que los precios que no paga la clase dirigente y los maquetadores del plan inmobiliario y extractivista se traducen en todo lo que pagamos como miembros colaterales de una fiesta a la que no estamos invitados: la fiesta de la sociedad de clases. Somos colaterales, en tanto y en cuanto la desposesión de los territorios ha sido la histórica gesta de los estructuradores del mundo neoliberal.
“la impronta del neoliberalismo en la ciudad se tradujo en nuevas tendencias de crecimiento al amparo de la flexibilización de los requerimientos legales aplicados de hecho en la habilitación de nuevos emprendimientos inmobiliarios”
Bauman en preciso: “El compuesto explosivo que forman la desigualdad social en aumento, y el creciente sufrimiento humano relegado al estatus de colateralidad (puesto que la marginalidad, la externalidad y la cualidad descartable no se han introducido como parte legítima de la agenda política) tiene todas las calificaciones para ser el más desastroso entre los incontables problemas potenciales que la humanidad puede verse obligada a enfrentar”.
Hay una otredad negada. Y es por eso que el Carpincho no puede ser entendido como otra cosa que sujeto político: su lugar es el de la resistencia, el de la demanda, el del reclamo legítimo producto de un saqueo de sus tierras. Y no se trata de la humanización del Carpincho (que nada tendría de malo al asignar cualidades humanas a un reclamo político), sino que se trata de la politización de una demanda histórica que fue desoída, y que toma lugar por el arribo del Carpincho.
“El Carpincho no puede ser entendido como otra cosa que sujeto político: su lugar es el de la resistencia, el de la demanda, el del reclamo legítimo producto de un saqueo de sus tierras”
Las libertades, subraya David Harvey, no son más que palabras. “Las metrópolis se han convertido en el punto de colisión masiva de la acumulación por desposesión impuesta sobre los menos pudientes y del impulso promotor que pretende colonizar espacio para los ricos”. Y los sistemas políticos y los Estados se han formado y acomodado para dar lugar a esos nuevos tipos de colonialidades y apropiaciones.
En suma, han sido garantía para que dichos complejos pasen de la ilegalidad a la legitimación, hasta moral. Y mencionamos el componente “moral” porque bajo la consigna de “propiedad privada”, los defensores de las libertades se han mortificado para defender una idea que no tiene otro origen que la desposesión y la acumulación originaria. Hay agencias del Capital que han montado sus directrices para permitir que la privatización de la propiedad sea un elemento legitimador de cualquier atropello. Y en el medio, y rezagados, los “colaterales” que reclamamos quedamos en ese lugar: el de la inexistencia.
Otra invisibilidad: ¿Y los reclamos de antes? ¿Y la Ley de Humedales?
Aquí hay otra cuestión. ¿Por qué el tema se vuelve agenda con la irrupción de los Carpinchos y no a partir de la infinidad de reclamos de agrupaciones sociales, organizaciones ambientalistas y foros ecologistas? Ocurre que, como mencionamos previamente, el establecimiento de una agenda en particular marca los límites de lo decible, y por lo tanto, de lo existente. Y todo lo “colateral” queda marginado.
Contrario al concepto de otredad (que necesariamente recurre a un otro en la identificación del yo), existe una otredad irreconocible, o mejor dicho, “no autorizada”, o cuyo lugar no es el de “otro-similar” sino “otro-descartado”. Las movilizaciones, las demandas, las acciones en los territorios y la infinidad de prácticas llevadas a cabo por estos territorios no ocupan el mismo lugar de la agenda mediática y política que el Carpincho. Y esto no se debe a una equiparación donde el Carpincho es un “más-que-humano”, sino porque la misma desafectación de estos sectores y el retrotraimiento al Carpincho es otra forma más de invisibilizar a esos sectores.
Lo que aquí acontece no es que el Carpincho es más importante que otros, sino que articula las demandas de gran cantidad grupos sociales de otra forma: mediante la parodia en redes sociales. Y esta disposición argumental es una decisión política. Es “La Política”: una concatenación de discursos en redes sociales que ponen al Carpincho como sujeto político central, al mismo tiempo que se perpetúa una exclusión histórica de los discursos resistentes a estas políticas neoliberales de explotación, expropiación, extractivismo y destrucción.
No es novedad el reclamo en defensa de los humedales, como tampoco lo es la irrupción inmobiliaria en dichos espacios. Laguna de Rocha, Hudson, el Delta, entre otras regiones del AMBA y del país son aún algunos de los reclamos en defensa de los humedales, y en contra del desarrollo del negocio de bienes raíces en esas zonas, algunas protegidas por ley, pero todas vitales para la sustentabilidad.
La historia de Laguna de Rocha
Laguna de Rocha tiene una historia particular. Su disputa data del 2009, y tomó forma jurídica en el 2013, en autos “Asociación Para la Protección del Medio Ambiente y Educación Ecológica 18 de Octubre C/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad Ley 14.516”. En dicha demanda, el proceso encontró a organizaciones ambientalistas a enfrentarse a la Provincia de Buenos Aires y a la Asociación Civil Racing Club, luego de que se haya aprobado la venta de 32 hectáreas linderas a la Laguna de Rocha, ubicada en Esteban Echeverría.
Uno de los puntos claves del litigio ocurrió en 2013, cuando se declaró a la Laguna como “Reserva Natural y Mixta” a partir de la sanción de la Ley 14.488, tras cuatro años de discusión en comisiones y votación unánime en ambas Cámaras de la Legislatura de La Plata. La misma pasó a estar protegida y amparada al considerarse “un humedal clave para el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, además de ser un pulmón verde fundamental para el equilibrio ambiental de la Provincia de Buenos Aires”. Sumada como complemento de la Ley 13.860, la anteriormente citada representó la protección, el cuidado y el desarrollo del área en Esteban Echeverría, toda vez que la misma se trata de “interés público” y que persigue el objetivo de garantizar la “perpetuidad de la naturaleza en su conjunto”.
La norma creó, en su artículo segundo, al Comité de Gestión de la Reserva Laguna de Rocha, conformado por el Municipio de Esteban Echeverría, organismos nacionales y provinciales competentes y organizaciones de la sociedad civil, a los fines de promover la articulación de sectores diversos para evitar decisiones unilaterales, o que puedan invocar en un conflicto de intereses. De esta forma, el trabajo multisectorial garantizaría el mejor tratamiento de los suelos, del ambiente y de la zona de humedales.
Pero (como en todas las historias en donde todo viene bien), en el año 2013, y a través del Decreto 372/13, se promulgó la Ley 14.516, modificatoria de los artículos primero, segundo y noveno de la Ley 14.488. En resumidas cuentas permitió la desafectación de 64 hectáreas en beneficio directo de Racing Club y de Boca Juniors. La clave del proceso tuvo que ver con la añadidura del siguiente párrafo en la modificatoria del artículo primero: “Quedan excluidas de la presente ley las parcelas pertenecientes al Estado Nacional, cuyo uso concedió a las instituciones deportivas Club Atlético Boca Juniors y Racing Club Asociación Civil, para el desarrollo de actividades deportivas, sociales y recreativas de interés general, identificada catastralmente como 827, 828, parte de la 829 circunscripción VI de la Provincia de Bueno Aires”. A su vez, el artículo noveno incluyó un apartado en donde resaltó que “en caso de resultar el predio en cuestión propiedad del Estado Nacional, se deberán arbitrar los medios necesarios para armonizar jurídicamente la afectación de los bienes en cuestión, conforme el ordenamiento legal vigente en la materia”.
La recuperación de la Dra. Pintos, al mencionar que el progreso de estos desarrollos inmobiliarios está asociado a una política de Estado garantista de la mercantilización de los espacios públicos es necesaria para comprender el contexto. Las agrupaciones ambientalistas comenzaron a presentar demandas e impulsaron el inicio de la causa sobre la inconstitucionalidad de la ley 14.516, toda vez que la misma afecta al interés público ciudadano, pone en riesgo a la sociedad y va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional, cuyo texto dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
“el progreso de estos desarrollos inmobiliarios está asociado a una política de Estado garantista de la mercantilización de los espacios públicos es necesaria para comprender el contexto”
En el año 2015, la SCBA resolvió suspender los efectos de la ley 14.516 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso judicial. En el expediente nunca se habían presentado los informes de impacto ambiental, necesarios para llevar adelante cualquier tipo de construcción de este tipo. El predio deportivo de alto rendimiento, a ser construido en zona de humedales y dentro de una reserva natural, debió contar con los avales de los organismos municipales y provinciales para llevar adelante su construcción.
Por un lado los clubes, y por otro, las organizaciones ambientalistas. Apelando siempre al diálogo, estas últimas esperaron la instancia de mediación para evaluar los informes de impacto ambiental de Racing Club, y efectuar, en tal caso, un plan de acción en conjunto. Sin embargo, el Comité de Gestión de la Reserva Natural Laguna de Rocha, en conjunto con el Municipio de Esteban Echeverría, presentaron un informe final a la SCBA dando cuenta de “la viabilidad de las obras a realizar en el predio”, el cual no fue apelado (ni avisado a las organizaciones actuantes). Al no existir oposición, la Justicia, el pasado 23 de junio de 2020 aprobó el último paso para que comience la construcción. Si no fuera por la presión constante, que aún convoca marchas y presentaciones judiciales, el predio quizás ya estaría construído.
Este caso es un ejemplo de muchos otros donde la justicia dictamina y se posiciona como más como letrado patrocinante que como poder de Estado. O mejor dicho, un tipo particular de Estado empresario y neoliberal la vuelve Poder, no sólo como construcción social e instancia de dominación, sino “Poder” en tanto arbitra los medios de posibilidad de concreción. Nordelta no escapa de esta misma realidad, con la salvedad de que su proyecto fue construído.
“Este caso es un ejemplo de muchos otros donde la justicia dictamina y se posiciona como más como letrado patrocinante que como poder de Estado”
Pero lo que se sostiene en este punto de análisis es las motivaciones por las cuales los Carpinchos son agenda y no lo son los reclamos de las agrupaciones sociales y ecologistas que mencionamos previamente, es porque con los primeros no se vislumbran todas las historias de desigualdades sociales que se vienen perpetuando. Si bien ambos son actores políticos, hay unos que son los “colaterales”, y que como bien Bauman sostiene, ocupan su lugar desde la marginalidad de la agenda.
Los Carpinchos no deben marcar sólo la existencia del conflicto. Mejor aún, deben marcarla y además develar el constante ocultamiento de las demandas de colectivos sociales que piden sustentabilidad, igualdad y la no expropiación de los espacios comunes. En suma, los Carpinchos son representaciones de un estado de saqueo y expropiación, y también de la histórica resistencia de las asociaciones ambientalistas y sociales.
En este juego discursivo, la agenda debe retomar urgente los reclamos por la soberanía territorial y promulgar, en el corto plazo, una Ley de Humedales a nivel federal para proteger la biodiversidad, el suelo y la sustentabilidad. Durante la tercera semana de agosto, colectivos se movilizaron al congreso para pedir la aprobación de la mencionada normativa está pendiente hace un año, luego de que la Comisión de Agricultura y Ganadería no haya terminado de dictaminar favorablemente el proyecto, presentado por Leonardo Grosso en Agosto del 2020.
Hora de interpretar los contextos, las eventualidades y los hechos como lo que son: una muestra de falta de políticas de protección del ambiente.
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