Por Lucía Izaguirre
“El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia”, proclamaba el General Don José de San Martín, un día como hoy pero hace 200 años, gestando la historia de la Independencia del Perú de la Corona española. Que finalmente se sellaría en 1824, con la Batalla de Ayacucho, el último bastión de resistencia de los realistas españoles, donde fueron derrocados por el ejército de Simón Bolívar.
La conmemoración de esta fecha tan significativa, tanto para Perú como para América Latina, trae tintes de cambios en la geopolítica de la región. La asunción de Pedro Castillo Terrones se concreta en Lima. Su llegada a la presidencia es clave para una Latinoamérica que se vio rodeada de gobiernos neoliberales e intervenciones imperialistas a través de golpes de estado, como es el caso de Bolivia. Definitivamente, Argentina, México y Bolivia, ya recuperada por el presidente Luis Arce, sumarán a Perú a la línea integracionista de la Patria Grande para poder trabajar en la recuperación y fortalecimiento de la soberanía de la región.
En esta fecha simbólica para el pueblo peruano, juramenta Castillo, maestro y sindicalista, proveniente de un partido de izquierda que representa el cambio de modelo neoliberal y la reivindicación de las demandas de los sectores rurales, andinos y populares, que tantos años fueron ignorados. Pese a esto, el país que recibe el nuevo presidente no solo se encuentra en una compleja situación económica, social y sanitaria, agudizad por la pandemia del Covid-19, sino que viene arrastrando una crisis política y una polarización que lo podría condicionar. Es de suma importancia que logre una estabilidad y gobernabilidad, tejiendo y fortaleciendo las alianzas con otros partidos políticos que tengan un modelo de país afín, como la coalición que hizo con la ex candidata a la presidencia, Verónika Mendoza, del partido progresista Juntos por el Perú. Además, es clave la creación, la integración y el fortalecimiento de bases políticas, donde se pueda invitar a la ciudadanía a la vida militante. Se deberá tomar una serie de estrategias para poder hacer frente a obstáculos históricos, como lo son el poder económico y el mediático, además de un Congreso en manos de la oposición, que se le conoce por sus pedidos y ejecuciones de vacancia presidencial a través de estos últimos años.
Una de las propuestas más contundentes de Castillo, que representa un cambio estructural, fue plantear una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1993, hecha en la dictadura fujimorista. Según el semanario “Hildebrant en sus trece” del periodista peruano Cesar Hildebrant, el presidente electo anunciar en su discurso inaugural la convocatoria a través de un referéndum, esto significaría la confrontación con el poder económico y los medios de comunicación, que se han encargado de demonizar el cambio constitucional. Pese a la ya cantada negativa del Congreso opositor, el referéndum es una opción que se iniciará con la recolección de firmas para una consulta ciudadana.
Otras prioridades del nuevo presidente peruano serán el sistema de educación pública gratuita y la agricultura. Han señalado que incrementarán la inversión pública, ampliarán los créditos a la agricultura, a las micro y pequeñas empresas. Y que las políticas públicas facilitará una redistribución más justa.
Otro tema de suma importancia en el país del Pacífico es la minería. El informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) arrojó que Castillo obtuvo una votación aplastante, en el balotaje, en regiones con grandes proyectos extractivos, como la provincia de Cusco o Apurímac. No sorprende que las zonas con presencia minera apuesten por una propuesta de cambio, sobre todo en materia de defensa de derechos de poblaciones vulnerables frente a actividades extractivas. El economista peruano José De Echave, investigador de CooperAcción y ex candidato a la vicepresidencia por el partido izquierdista Juntos por el Perú, sostuvo en una entrevista con la Agencia Efe que “el impacto de la subida de precios de los metales va a ser favorable para la economía del país y, por lo tanto, el reto es aprovecharlo bien, pero este factor va a significar una fuerte presión del empresariado minero para destrabar proyectos que están parados y eso puede provocar una mayor conflictividad social”. El OCM hace un llamado al próximo gobierno a colocar con urgencia un impuesto sobre las sobreganancias mineras y reemplazar la actual regalía por una que se aplique sobre el valor de las ventas.
El economista peruano agregó que “el aporte de la minería significó en su mejor momento unos 3 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB) del país” y planteó que “el Gobierno de Castillo debería hallar un equilibro social y ambiental, fortaleciendo el Ministerio del Ambiente, los mecanismos de participación ciudadana y sobre todo aumentando la presencia del Estado en estos territorios, donde debe ser percibido como garante de derechos”.
En cuanto al sistema de salud, que ha sido desfinanciado en tantas décadas de neoliberalismo y con la llegada de la pandemia tocó fondo, han anunciado una importante inversión, además de continuar con el esquema de vacunación para controlar los contagios y reactivar la economía de manera progresiva. El presidente saliente, Francisco Sagasti, hace pocos días firmó un acuerdo para la compra de 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik, lo cual cubrirá la vacunación de 10 millones de personas, que dejará a la nueva gestión.
Es importante, en esta fecha, hacer una revisión histórica del Perú y de nuestra América Latina, para no caer en la simplificación mediática y política que intenta descalificar a la izquierda peruana y a las políticas que buscan un modelo de país nacional y soberano, como manifestación que nace y se agota en lo que significó Sendero Luminoso. Replantearse el concepto de una democracia genuina para nuestra región, que está muy lejos de las políticas económicas liberales y las políticas sociales conservadoras que no amplían derechos en Perú y América Latina.
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