La Coalición por una Comunicación Democrática rechazó el fallo que favorece a Clarín

La Coalición por una Comunicación Democrática repudió la medida cautelar decretada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, que declara como servicio público las telecomunicaciones.

En un comunicado que titularon “Los jueces atienden más la renta empresarial que los derechos ciudadanos en pandemia”, rechazaron que la Justicia Federal “haya habilitado a una corporación empresarial de telefonía, Internet y TV de pago a disponer aumentos discrecionales en sus tarifas”.

“Sostenemos como colectivo de medios de comunicación populares, de organizaciones de trabajadores, de docentes, de usuarios y consumidores en defensa del derecho a la comunicación, la trascendencia de que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas que recuperan la capacidad regulatoria del Estado, que había sido borrada por Mauricio Macri –vía DNU- para favorecer la concentración sectorial”, expresaron. 

Y remarcaron: “Medidas como la Prestación Básica Universal Obligatoria y la regulación de tarifas entre los privados y el Estado protegen el acceso social a la información, la educación, la cultura y la ciudadanía, más aún si se considera especialmente que, para estar conectados, los sectores por debajo de la línea de pobreza deben destinar más del 10% de sus ingresos mensuales”.  

Desde la Coalición hicieron “un llamamiento a la racionalidad política y a la primacía del estado de derecho para la inclusión democrática” y plantearon que “es lícito que Telecom y otros operadores hagan negocios, pero no dejando a millones de compatriotas fuera del teletrabajo, la educación y la socialización imprescindibles en los momentos actuales”

“Es tiempo de recuperar las banderas de una comunicación democrática, sin monopolios que amenacen la democracia”, afirmaron. 

Además pidieron por la plena vigencia del Decreto 690 y de una mesa de diálogo que no quede restringida a los poderes fácticos del mercado; la defensa de la competencia y la regulación asimétrica para PyMes y cooperativas audiovisuales y TIC; la actualización de regulación y tributación de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales; el Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa, y una distribución democrática y federal de la pauta publicitaria; la legalización pendiente de medios cooperativos y comunitarios, y el fortalecimiento de la Televisión Digital Abierta y gratuita.