Este jueves la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con los votos de los jueces Argento, Fernandez y Grecco, ordenó al Poder Ejecutivo publicar la información sobre los dos emprésitos públicos acordados por el Estado Nacional con el F.M.I. La decisión judicial llega en el marco de la causa iniciada por Eduardo “Vasco” Murua, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y por Eduardo Codianni, integrante del Centro de Estudios para la Integracion Financiera CINFIN. Ambos impulsaron desde que se conoció el acuerdo, la necesidad que se supiera de qué se trataba el mismo, cuáles eran sus condiciones, para qué se usaría ese préstamo, cómo se pagaría, cuáles eran las jurisdicciones donde se dirimirían las controversias, qué tipos de punitorios si no se cumplía con los pagos, qué condicionamientos políticos exigía el acuerdo.
En un comunicado el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que dirige Murúa plantea: “Se estaba consumando la mayor estafa de la historia de la deuda argentina entre gallos y medianoche, después de un golpe de mercado encabezado por el JP Morgan, socio del Departamento de Estado y por ende del FMI, que como en un juego de pinzas y con la complicidad del Estado Argentino se endeuda al pueblo y sus futuras generaciones. Este endeudamiento es el elemento central para lograr poner en la órbita de los intereses de EEUU a la Nacion argentina”.
A la vez apunta que “ante el reclamo de derecho a la información pública que hicimos y la recurrente y repetida respuesta del Ejecutivo que todo el acuerdo estaba publicado en la página del Ministerio, conocido como memorandun de entendimiento -que ni siquiera tenía los firmantes de dicho acuerdo- y gracias a la labor emprendida por nuestros abogados Andrés Bernal, Francisco Verbic, Augusto Martinelli y su saber sobre derecho administrativo, nos encontramos con la sorpresa que el acuerdo se había consumado sin respetar el Estado Argentino las obligaciones dispuestas por el propio Estado para tomar deuda, tornándola totalmente ilegítima. Se violaron la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo (nro 19.549) y la Ley de Administración Financiera (nro 24.156)”.
Por último desde el MNER afirman que “la mayor responsabilidad hoy la tiene el pueblo y sus representantes de declarar esta deuda nula de nulidad absoluta y empezar a actuar como nación y no como colonia“.
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