Esta semana, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el cierre y la intervención de Ueno Bank. La decisión se asentó en la detección de índices de solvencia por debajo del 50% de los mínimos legales, producto de fraudes y préstamos millonarios irregulares a empresas del grupo económico de la misma institución.
El colapso del principal banco digital del país— congeló los fondos de unos 3 millones de ahorristas (la mitad de la población del país). El propio Estado paraguayo tenía allí millonarios recursos públicos y fondos de jubilaciones del Instituto de Previsión Social (IPS).
El escándalo golpeó en la Presidencia de la República. Se conoció que el expresidente Santiago Peña había sido accionista del banco (al menos hasta marzo de 2025) y que durante su mandato la entidad fue beneficiada con fondos estatales. También influyó que el presidente del Banco Central (quien tuvo que renunciar) era CEO de la entidad financiera absorbida por Ueno, todo un esquema de tráfico de influencias y nula supervisión.
Ante el estallido social y la movilización en las calles, Peña presentó su dimisión a través de las redes sociales alegando buscar “la tranquilidad del Paraguay”. Sin embargo, la oposición y parte de su partido (el Colorado) rechazaron aceptarla. Así, el Congreso evitó que Peña se refugiara en el fuero constitucional de “senador vitalicio” para dribblear la acción penal. Por eso, se avanzó con el juicio político por mal desempeño de sus funciones, que concluyó con su destitución.
Tras perder sus fueros por la destitución, la Fiscalía de Paraguay ordenó la detención domiciliaria de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo. Se les investiga por presuntos delitos de fraude a la confianza comercial, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio.
El hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, asumió ante el Congreso como el nuevo presidente de Paraguay para completar el mandato que concluye en agosto de 2028. En su primer discurso, Alliana prometió que el Estado compensará plenamente a los millones de ahorristas perjudicados por el descalabro financiero.
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