La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado argentino a una audiencia presencial el próximo 4 de agosto (13 hs. de Argentina) en Washington donde dar explicaciones por la sanción de la Reforma Laboral (Ley 27.802). El organismo tomó el caso a partir de una denuncia del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) por “desplazar al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”.
“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el FreSU en el segundo párrafo de la presentación conjunta realizada el 24 de abril pasado.
A esa descripción sumó: “El proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión. Junto a la saturación del debate público mediante la inclusión de iniciativas legislativas de largo aliento, las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.
Desde el FreSU ejemplificaron la persecución con los recientes casos en el cual el sindicato ferroviario La Fraternidad fue multado por más de 21 mil millones de pesos por haberse adherido al paro nacional convocado por la CGT del 19 de febrero pasado cuando había una conciliación obligatorio por un conflicto particular.
También con la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica por supuestas irregularidades en la elección de la seccional Zárate – Campana, una de las 54 seccionales que integran la UOM.
La denuncia, firmada por el FreSU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPreBA), precisa que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.
Agregó: “El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante una manifestación en marzo de 2024, es el episodio más grave y emblemático de las estrategias represivas implementadas desde diciembre de 2023. Este patrón sostenido de violencia estatal vulnera derechos humanos, merma la calidad democrática e institucional y reduce el espacio cívico”.
De la audiencia, que se realizará durante el 196° período de sesiones de la CIDH, participarán representantes de las organizaciones denunciantes.
El FreSU reúne a más de 100 asociaciones gremiales entre las que se encuentran la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Aceiteros), la Central de Trabajadores de la Argentina, el Sindicato de Trabajadores Viales, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, entre otros
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