Por Renata Codas y Danielle Santana*
En Brasil, los años electorales suelen estar marcados por un ritual preciso. Fechas, plazos, convenciones partidarias, registro de candidaturas, campañas oficiales. El calendario democrático funciona como una maquinaria aceitada que ordena la disputa política y traduce el conflicto en votos. Pero hay fechas que no figuran en los boletines del Tribunal Superior Electoral y que, aun así, pesan más que muchas otras. El 8 de enero es una de ellas.
Ese día, en 2023, Brasilia dejó de ser la capital administrativa para convertirse en el escenario de un intento de golpe de Estado. No fue un inicio de gestión turbulento ni una manifestación que se salió de control. Fue una acción organizada, violenta y planificada, que tuvo como objetivo explícito provocar un colapso institucional que habilitara la intervención de las Fuerzas Armadas y desconociera el resultado electoral.
Las imágenes siguen siendo difíciles de olvidar. Personas vestidas con los colores verde y amarillo, con la bandera nacional invadiendo las sedes de los tres poderes, destruyendo edificios públicos, vandalizando piezas históricas, ocupando el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. Lo que al principio algunos intentaron presentar como desborde espontáneo, la justicia lo reconstruyó como una operación con logística profesional, financiamiento privado y articulación política.
Tres años después, ese episodio aparece con más claridad como un hito dentro de un proceso más largo. Si se observa en retrospectiva, es posible trazar una línea directa y dolorosa que conecta el 8 de enero con los momentos previos al golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2014. No se trata de afirmar que la historia se repite de manera mecánica, sino de reconocer una disputa persistente por el sentido de la democracia, el valor del voto y el rol de las instituciones.
El intento de golpe no nació ese domingo de enero. Fue el punto de llegada de una estrategia que durante años trabajó para erosionar la confianza en el sistema electoral brasileño. A través de redes de desinformación, campañas de fake news y ataques sistemáticos a la justicia electoral, se fue instalando la idea de que las urnas no eran confiables y que la voluntad popular podía ser descartada si no coincidía con determinados intereses.
La responsabilidad política de ese proceso tuvo un nombre propio: Jair Bolsonaro. Su liderazgo fue central en la construcción del clima golpista y en la legitimación de un discurso que naturalizó la violencia como herramienta política. A su alrededor operó un entramado civil y militar que decidió avanzar cuando el resultado electoral no respondió a sus expectativas.
La respuesta institucional llegó y fue inédita. En 2025, el Supremo Tribunal Federal consolidó condenas que marcaron un precedente histórico. Bolsonaro fue sentenciado a 27 años de prisión por delitos vinculados al intento de golpe y al ataque al Estado Democrático de Derecho. En el mismo proceso, por primera vez desde el retorno democrático, altos mandos militares fueron juzgados y condenados por la justicia civil, con penas que superan los 20 años de prisión. La centralidad del juez Alexandre de Moraes fue acompañada por una mayoría del tribunal, lo que reafirmó que no se trató de una decisión individual, sino de una respuesta institucional frente a una amenaza concreta.
Sin embargo, el conflicto no se agotó en los tribunales. El bolsonarismo conserva una fuerte presencia en el Congreso Nacional y desde allí impulsa distintos proyectos de ley de amnistía orientados a flexibilizar o revertir las condenas del 8 de enero. Bajo la consigna de la “pacificación”, se busca relativizar el carácter golpista de los hechos y reinstalar la impunidad como horizonte político.
En este escenario, Brasil vuelve a votar. El presidente Lula da Silva indicó que pretende competir por la reelección y aparece como favorito en las encuestas, con una popularidad sostenida por políticas sociales, recuperación del rol del Estado y una activa inserción internacional. Al mismo tiempo, gobierna en una correlación de fuerzas adversa, con un Congreso fragmentado y una oposición que no abandonó su estrategia de confrontación permanente.
La derecha, por su parte, reorganiza su liderazgo. Los hijos de Bolsonaro buscan preservar ese capital político, mientras el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, emerge como una figura con proyección nacional. No hay moderación, sino reacomodamiento. El proyecto autoritario sigue presente, adaptado a nuevas formas de disputa.
Desde Argentina, el proceso brasileño no puede leerse como algo ajeno. Las elecciones en ambos países se desarrollan en un contexto regional marcado por el avance de derechas radicalizadas que comparten lenguajes, estrategias y enemigos. La deslegitimación de la política, el cuestionamiento del sistema electoral y el desprecio por las instituciones dejaron de ser excepciones para convertirse en herramientas de campaña.
A tres años del intento de golpe, el 8 de enero se consolidó como una marca de época. En ese recorrido, la expresión popular que dice que “el mundo da vueltas” adquiere un sentido concreto. No como consuelo ni como ironía, sino como advertencia. Porque cuando la historia gira, no siempre lo hace hacia adelante. Y entender eso es una condición necesaria para defender la democracia en Brasil, en Argentina y en la región.
(*) Renata Codas es abogada y especialista en políticas públicas. Danielle Santana es historiadora, consultora política y militante antirascista. Ambas coordinan el Núcleo del Partido de los Trabajadores de Brasil en Argentina desde 2025.
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