Por Leonardo Martín
El propio Javier Milei lo había adelantado en varias oportunidades, al igual que otros funcionarios del Gobierno nacional. Incluso lo abordó con tono de burla en un tema sensible durante su transmisión en streaming con Alejandro Fantino el pasado jueves.
Finalmente, el Presidente vetó tres leyes que buscaban atenuar el impacto de la “motosierra” en sectores de mayor vulnerabilidad, los cuales han sido algunos de los más afectados por el ajuste del Gobierno.
El argumento del Ejecutivo es que estos proyectos generan déficit fiscal y que su sanción no contempla los ingresos necesarios para sostener dichas políticas. Plata para la especulación financiera o bajar retenciones hay; para jubilados y personas con discapacidad, no.
Por un lado, se rechazó la recomposición de jubilaciones, que incluía un aumento extra del 7,2% y la actualización de un bono de $70.000 a $110.000, ajustado por inflación. Este bono, una herramienta utilizada durante el gobierno del Frente de Todos para compensar a los jubilados, permanece congelado desde marzo de 2024.
Este es el segundo veto de Milei que perjudica a los jubilados. El año pasado, el Congreso ya había sancionado una ley para mejorar sus ingresos, pero fue vetada y luego respaldada por los 86 “héroes” de La Libertad Avanza, el PRO y radicales que apoyaron la medida, incluso siendo invitados a un asado en la Quinta de Olivos.
También se firmó un veto total a la restitución de la moratoria previsional, que había vencido el 23 de marzo pasado y permitía a personas en edad jubilatoria completar los 30 años de aportes. En un mercado laboral marcado por la informalidad y el desempleo, esta ley era clave para que muchos argentinos, especialmente mujeres —con trayectorias laborales más precarias y mayor dedicación a tareas de cuidado—, pudieran acceder a una jubilación.
Por último, se vetó la Emergencia en Discapacidad, una ley que garantizaba fondos hasta diciembre de 2026 para prestadores de servicios, reactivaba el proceso de aprobación de pensiones (actualizando su monto a $213.286,50 para junio de 2025) y aumentaba el salario de trabajadores con discapacidad en talleres protegidos, quienes cobran $28.000 mensuales desde febrero de 2023.
¿El Congreso sostendrá el veto?
El Congreso puede rechazar el veto con dos tercios de los votos en ambas cámaras. El Gobierno logró en dos oportunidades el año pasado los apoyos necesarios; ahora queda por verse si repetirá el resultado.
La amplia mayoría con que se aprobaron en el Senado el aumento a jubilados y la Emergencia en Discapacidad sugiere que allí podría anularse el veto, pero la incógnita está en Diputados, donde los números fueron más ajustados.
Está prevista una sesión de “alto voltaje” para el 6 de agosto, donde se tratarán temas como el financiamiento universitario; la emergencia en pediatría (por ejemplo, para el Hospital Garrahan); la emergencia en ciencia y los temario incluye también los expedientes de rechazo a los decretos de necesidad y urgencia vinculados a la disolución de la Dirección de Vialidad Nacional (461/2025): al que modifica el Régimen de Excepción de la Marina Mercante (340/2025); al que transformó el Banco Nacional de Datos Genéticos (351/2025); la disolución de organismos de la Secretaría de Cultura (345/2025); y la transformación de organismo del Ministerio de Economía (462/2025).
Los vetos en principio, se debatirían en una sesión en las próximas semanas, en un contexto atravesado por reacomodamientos de fuerzas políticas, con gobernadores disputando recursos con la Nación y el cierre de alianzas electorales para las elecciones del próximo 26 de octubre.
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