Por Leonardo Martín
Organizaciones sindicales con representación en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) denunciaron en la Cámara de Diputados su vaciamiento a partir de la subejecución presupuestaria, de la amenaza concreta de que se produzcan 1500 despidos y del impacto en el mantenimiento de rutas y caminos y con ello de la seguridad vial. También rechazaron el esquema privatizador a partir de concesiones con el que busca avanzar el gobierno y el congelamiento salarial.
El crudo diagnóstico fue expresado en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados coincidiendo diversas organizaciones gremiales expresando su preocupación por este presente. La convocatoria fue en el marco de la paralización de la obra pública que alcanza a Vialidad Nacional y el mantenimiento de rutas, objetivo de ese organismo. Además de los dirigentes gremiales hubo funcionarios provinciales del área, entre ellos de La Pampa, de La Rioja, Tierra del Fuego y representantes de usuarios.
A la reunión pegaron el faltazo el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine y el administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy. Ambos rechazaron la invitación. La Dirección de Vialidad Nacional está bajó la órbita de la Secretaría de Transporte que a su vez es parte del Ministerio de Economía.
Los dirigentes que participaron fueron Fabián Catanzaro de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); Graciela Aleña, del Sindicato de Trabajadores Viales (STV); Pablo Zelaschi, secretario general de ATE Vialidad Nacional; y Jorge Maturano, de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. En el último período, ya han realizado diversas actividades en el Congreso y mantenido reuniones con legisladores, especialmente de extracción gremial de Unión por la Patria, comunicando la situación que atraviesan. Ayer estaban presentes Vanesa Siley, que viene articulando acciones con los gremios de Vialidad, y Paco Manrique.
Hubo una coincidencia entre funcionarios y dirigentes gremiales en denunciar el progresivo estado de abandono de las rutas con las consecuencias en un país donde más del 90% del transporte es automotor y con el crecimiento de accidentes por las malas condiciones. Estiman que de los 33.000 kilómetros de rutas nacionales un 65% está mal o regular estado y que el resto avanza hacia esa dirección. Esto con un subejecución presupuestaria por parte del Gobierno nacional de 340 mil millones de pesos en 2024.
Desde hace dos meses, se espera la publicación de un decreto promovido por el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger que en el marco de la fusión o eliminación de más de 50 organismos del Estado alcance a Vialidad Nacional. A comienzos de marzo fueron despedidos 160 trabajadores, autoridades anunciaron que planean entre 1.200 y 1.500 despidos más de una planta total de 5.500 trabajadores.
Graciela Aleña, titular del STV, expresó: “queremos que se investigue y se resuelva la problemática del desfinanciamiento de Vialidad. El Gobierno no envió 340 mil millones de pesos que corresponden al presupuesta y que perjudican el mantenimiento de nuestras rutas nacionales y todo lo que implica”.
“Hoy tenemos un 65% de las rutas que está entre regular y malo generando mayor cantidad de accidentes y muertes”, agregó.
Fabián Cattanzaro, secretario Gremial de FEPEVINA, manifestó: “Pudimos exponer la cuestión presupuestaria, pero también para evitar la ruptura de un organismo. Por la vía terrestre pasa el 95% de transporte. Nosotros pedimos a las provincias que activen sus mecanismos para evitar el cierre de Vialidad Nacional”.
“Quieren profundizar un sistema de concesiones que se implementó en los noventa y que ya fracasó. Lo que quede por fuera de esas concesiones. ¿Qué va a ocurrir con las rutas que no estén concesionadas? ¿Qué va a pasar con su mantenimiento?”, se interrogó Cattanzaro.
“La salida que algunos gobernadores proponen de pasar rutas a las provincias nos parece desacertada, es un sálvese quien pueda, un proceso de ruptura federal. Se tiene que cumplir con el decreto ley 505 de Vialidad Nacional”, concluyó.
Pablo Zelaschi, secretario de la Junta Interna de ATE en Vialidad Nacional, agregó: “Quieren cerrar Vialidad Nacional y despedir. Tenemos una subejecución del 40%. Las rutas nacionales siguen en estado crítico lo que va a generar mayor cantidad de accidentes”.
“Quieren transformarla en una agencia, fusionarla con otros organismos, convertirla, y echar a un 30% de los trabajadores. Tenemos además, una falta presupuesto para encarar todas las obras sin terminar. No puede haber obra cero en Argentina. Vialidad Nacional es el órgano rector para que las rutas estén en buenas condiciones. Vamos a seguir en la lucha para tener una reversión total.
Por el sector gremial, también participó Florencia Cañabate, secretaria General del Sindicato de Peajes y Afines (SUTPA) que representa los trabajadores de las rutas y autopistas concesionadas. Allí describió la grave situación con Caminos Río Uruguay, la empresa encargada de la concesión de la conocida como Ruta del Mercosur, que tiene una extensión de más de 600 kilómetros. El Gobierno decidió la finalización de la misma para el 8 de abril próximo, abriendo un nuevo proceso licitatorio, sin certezas de la continuidad de 500 trabajadores que cumplen funciones en esa autovía.
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