Por Leonardo Martín
El Gobierno nacional oficializó este miércoles 15 de enero el comienzo del proceso de privatizaciones en la red vial que comienza con el Corredor Vial 18 (conocida como Ruta del Mercosur con una extensión de 672 kilómetros) y que aspira a avanzar en esa dirección con más de 9.000 kilómetros de rutas, autovías y autopistas. Vuelve a la carga con un modelo que comenzó en los noventa, pero aún más recargado y con beneficios extras para aquellas empresas que ganen las concesiones.
En el Decreto justifica la decisión con la matriz del discurso mileista (que no es nuevo en términos históricos) de un “sobredimensionamiento de la estructura estatal” que es necesario corregir otorgando la administración de las rutas a empresas que cobrarán peajes y que podrán explotar comercialmente los márgenes de la ruta.
Fabián Catanzaro, secretario Gremial y de Prensa de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) explicó a Radio Gráfica sobre el decreto publicado este miércoles: “Habilita el llamado a licitación para concesionar una serie de tramos que corresponden al Corredor Vial 18, que hoy está en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. con un contrato que vence en el mes de abril”.
Tras ello advirtió: “Hay que esperar la publicación de los pliegos, pero a priori se avizoran dos temas. Uno es el contrato con la empresa Río Uruguay que está a cargo de la concesión desde hace 30 años y que está totalmente penalizada por los incumplimientos, con rutas destruidas. El contrato vence en abril, pero la concesión comenzaría en doce meses, ¿qué va a pasar en todo ese período? Probablemente se lo prorroguen sin que la empresa ni siquiera tape un bache”.
Catanzaro también sumó: “Donde habla de ´y otras zonas de explotación´, no es solo la concesión de las rutas, sino que agrega la zona de caminos que pueden explotar con estaciones de servicio, paradores, hoteles. No van a estar obligados a pagar un canon al Estado nacional”.
Respecto a lo que viene indicó: “Esta es la primer etapa, hay una segunda etapa con más de 6.000 kilómetros a privatizar que hoy están controlados por Corredores Viales S.A”. Esta última es una empresa estatal conformada en 2017 cuando le fueron quitadas concesiones que entonces tenía Cristobal López y que luego fue sumando funciones en paralelo a Vialidad Nacional, pero sin los controles que esta última debe cumplir.
“Con el sistema de concesiones que quieren implementar nos van a condenar a otros 30 años de expoliación y entrega con contratos en peores condiciones que en la década del noventa. Después de fracaso del menemismo vuelven con un proyecto similar o peor”, enfatizó Catanzaro.
Con los nuevos pliegos no tienen que pagar canon, no van a tener que hacer obras para no encarecer peaje, las obras como las rotondas las va a seguir haciendo el Estado. Nos preguntamos, ¿para qué van a cobrar peaje? Solo para bachear y cortar el pasto. Están planteando un negocio redondo”, concluyó.
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