Por Fernando Muñoz *
Los primeros resultados del Censo 2022 -8 meses después de su realización- nos dan una idea dramática de la situación habitacional.
Son pobres datos -que no son los datos de los pobres-, porque solo expresan el total de habitantes y de viviendas que hay en el país. No sabemos, aún, cuántas viviendas hay en asentamientos y barrios populares; cuántos somos los que vivimos bajo alquiler y mucho menos cuántas viviendas están deshabitadas.
La ciudad de Buenos Aires creció un 8% en cantidad de habitantes, pero hay un 15% más de las viviendas que hubo en el 2010. Lo que da por resultado que la Ciudad tiene una vivienda cada 1.9 habitantes.
Pero las consecuencias de este mercado total, este capitalismo sin regulación ni límite, es nacional. En la Argentina se construyeron 4 millones de viviendas entre un censo y otro. Son mil viviendas por día que construyó el sector privado.
¿Alguien tiene idea a quiénes están destinadas esas viviendas? Porque el déficit habitacional en la Argentina -en 2010- era de 3.500.000 de viviendas. Ya está, ya se les dio todo el permiso que exigían.
Y sin embargo, más viviendas se construyen y más se profundiza la falta de alojamiento en la Argentina. El mercado total acorrala a la clase dirigente, que mira para otro lado, confundida, buscando justificación para su inacción.
¿Tiene sentido agitar como solución las 85 viviendas diarias que el Estado entrega con créditos a través del “fiduciario Hipotecario S.A.”, una sociedad presidida por el presidente y el vicepresidente de IRSA, la mayor empresa terrateniente de la Argentina?
Si la Nación busca tapar el sol con las manos, la Ciudad – en cambio- tiene un proyecto: es una facilitadora de negocios privados.
En la ciudad de Buenos Aires el mercado es el rey. Y los especuladores son la nobleza.
¿Qué es el alquiler temporario?
La ciudad de Buenos Aires votó una ley, en 2019, que entiende al alquiler turístico temporario como un servicio de alojamiento en viviendas. La ley no fijó límite geográfico; se puede realizar en cualquier barrio. Y tampoco fijó un límite de tiempo para realizar el negocio, es decir que se pueden construir viviendas solo para alquilarlas de forma temporaria o turística durante todo el año.
Pero la ley de alquileres vigente en la Argentina desde mediados del 2020 determina que todo alquiler mayor a tres meses o contratos consecutivos, se consideran alquileres de vivienda, de 3 años de plazo mínimo.
Así que todo intento por hacer cumplir la ley de alquileres es bombardeado en la medida que vastos sectores dirigentes coinciden en la libertad de negocios de la nobleza.
La aplicación Airbnb, es una plataforma global de intercambio de servicios por dinero, que disputa el mercado de viviendas privados sobre todo en aquellas ciudades donde el Estado es una de las tres patas del negocio, junto con Airbnb y la renta formidable y evasora que representan los llamados “anfitriones”, los dueños de las viviendas.
Lo curioso y original de Airbnb es que tiene identificado a los titulares de viviendas, a los mayoristas de viviendas que hay en la ciudad de Buenos Aires. Algo que el Estado se niega a identificar.
Mucho más cómodo con el discurso de progreso individual y el ahorro como razón para comprar viviendas, no hay ninguna información oficial sobre titularidad de la vivienda, concentración de la tenencia, cantidad real de propietarios ni viviendas deshabitadas.
Sin embargo, en la plataforma global se identifica a los llamados anfitriones, los dueños de las viviendas y la ubicación de las mismas, a través de una tabla de tenencia, de concentración. Solo en la oferta de vivienda para turismo -porque de eso se trata Airbnb-, hay tenedores de 100, 80, 70 viviendas.
¿Cuánta oferta hay de alquiler temporario o turístico?
Junto al negocio de Airbnb hay otro, mucho más oscuro, y que no requiere de una aplicación, que tiene como cuarta pata a la corporación inmobiliaria, vocera y representante de la nobleza y aliada al gobierno de la ciudad.
Porque en la ciudad de Buenos Aires, el turismo representa una porción pequeña de ese negocio. El negocio principal -legitimado por la falta de regulación y control- es el alquiler temporario, los contratos cortos.
Residentes en la ciudad que son tratados como turistas, que solo le alquilan firmando contratos cortos, pagando comisión inmobiliaria -prohibido por ley 5859 del año 2017- y sufriendo aumentos muy por encima de lo que fija la ley de alquileres.
Buenos Aires apunta a ser una ciudad de negocios, con eje en la especulación inmobiliaria y el desaliento a cualquier legislación que fije reglas de juego, que restrinja el negocio de renta inmobiliaria.
El alquiler turístico es en dólares y tiene una renta formidable. ¿Qué sucede alrededor de las áreas de mayor influencia de la aplicación, en los barrios donde más oferta tiene Airbnb? La zona se transforma, hay más inversión pública y privada, desembarcan marcas internacionales, suben los precios, se construye más, y más vecinos históricos se deben retirar a barrios menos caros.
Por tanto, alquilar vivienda con un contrato de locación bajo la ley de alquileres, ahí donde hay Airbnb, es cada vez más difícil, porque los locadores de esos edificios, al tener libertad de mercado absoluta para tener una renta abusiva con turistas o evitando la legislación, hacen que el resto de los locadores aumenten los precios a los que necesitamos esa vivienda para habitar, para vivir.
¿Qué pasa con la ley de regulación del alquiler “temporario”?
Simplemente no la hacen cumplir. Solo hay registradas un 0,5% de las viviendas. Los grandes rentistas ni siquiera pagan ingresos brutos -por ser un negocio comercial, turístico-, y se hace una gran bola evasiva y millonaria que el Estado se cobrará por la ventanilla de los que trabajan.
Pero no debemos sorprendernos. Te invito a realizar un ejercicio muy simple de injusticia anclada en las políticas públicas: el Estado regularmente invita a estos sectores millonarios a blanquear sus capitales con todos los beneficios, sobre todo porque son evasores seriales, no pagan impuestos.
Nunca el Estado devolvió un peso a un solo trabajador al que automáticamente le descontaron el impuesto a las ganancias en el trabajo, pero le resultó imposible deducirlo del alquiler ya que no le entregan factura legal.
No hay resarcimiento para esos inquilinos. Se beneficia únicamente a los poderosos.
¿Qué debería hacer el Estado?
Argentina debe tener un registro de viviendas en alquiler. Nadie se puede hacer el distraído con la variación que tuvo el censo entre 2010 y 2022: cuatro millones de nuevas viviendas, que nadie sabe qué destino tuvieron.
Hay que recuperar la experiencia histórica creando una Cámara de Alquileres como lo hizo el primer peronismo: registrar los contratos de locación, establecer dónde y cuántos días se puede alquilar a turistas, castigar al evasor, prohibir las viviendas vacías.
Argentina debe premiar a los que hacen de su vivienda un derecho asequible y debe castigar a los que solo especulan con la vivienda, los que la desocupan esperando oportunidades de negocios.
Argentina debe ordenar de una vez por todas el caos generado por la última dictadura, donde nadie sabe a cuánto puede estar el precio de un alquiler, los precios son los más caros de la historia y las regulaciones son más regresivas que en el preperonismo, la Década Infame.
Un proyecto nacional y popular debe tomar posición, definir claramente qué intereses defiende.
Querer quedar bien con el Rey y con los súbditos, con los privilegiados y los que no, liquida las mejores intenciones, suspende las mayores ilusiones, y aplasta la memoria de los momentos más felices para nuestro Pueblo.
(*) Militante de Inquilinos Agrupados.
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