Por Horacio Rovelli
A cualquier representante o lobista de los empresarios y, los economistas pagados por ellos, tiene una receta fácil y única: “Eliminar la brecha cambiaria (sin importarle como afecta al poder adquisitivo del salario), disminuir el déficit fiscal, restringir la creación de dinero y, controlar la suba de precios” Y agregan con la sencillez del mentiroso: El problema de Argentina es que gastamos por encima de nuestras posibilidades, y esa diferencia la financiamos con emisión monetaria. Si gastáramos solo lo que permiten los ingresos, no tendríamos que emitir y la inflación sería menor.
Sin meditar las contradicciones entre los objetivos propuestos hablan y escriben con la fe del converso, les cabe la definición que Shakespeare le hace decir a Hamlet “Nada tiene más bella apariencia que la falsedad”
Estos prebendarios del capital, no se preguntan cuál es la causa principal del déficit fiscal, que no es otra que la hipoteca de la deuda externa, que a su vez generó una deuda interna, en pesos, pero en su mayoría ajustable por inflación o por dólar oficial (Bonos Dual).
Tampoco y es lo más importante, se preguntan cómo se generó la deuda externa e interna, quienes se beneficiaron con ella y quiénes son los que le prestan al sector público argentino y bajo qué condiciones.
La respuesta es siempre la misma: El silencio, de eso no se habla y es así por la plata que ponen en los grandes medios y en los partidos políticos del sistema, más las normas vigentes de secreto blindado por tres leyes de tres dictaduras: Secreto Fiscal, Secreto Bursátil, y Secreto Financiero se lo permite
Ese secreto es el medio que tienen para que no se los investigue, este medio tuvo la dignidad de dar a conocer las 100 primeras empresas compradoras de divisas en la gestión de Cambiemos del 17/12/2015 a 27/10/2019, que lo hicieron por 24.679 millones de dólares, bien ninguna, pero ninguna de esas 100 empresas puede justificar en sus Memorias y Balances de dónde sacaron los pesos para comprar los dólares
Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA con 903,9 millones de dólares son las dos mayores compradoras, en ambas tiene participación accionaria Blackrock; Monsanto Argentina SA; Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA, con Transportadora Gas del Norte y con Tecpetrol SA; Hidrovía Paraná SA; Aceitera General Deheza; Grupo Arcor de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza, Escasanny y Blackrock; y el Banco HSBC; entre otros.
La AFIP debería y debe investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de divisas probando el origen de los fondos, como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino.
Asimismo la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias – nacionales y/o offshore – estaban esas tenencias.
Igual sucede con las personas, donde 100 compraron 822,6 millones de dólares, entre ellos Néstor Ick de Santiago del Estero que compró 29 millones de dólares; o el tucumano Emilio Luque que compró 17,8 millones de dólares; también los Eskenazis de YPF y del grupo Petersen; Claudio Belocopit del Siwf Medical; los Werthein socio de Blackrock en Pampa Energía; o de Mauricio Filiberti, socio de Vilas y Manzano en EDENOR SA, sin embargo no se constata si en sus DDJJ de impuesto contabilizan esa compra.
Seguramente que el caso de Emilio Luque no es la excepción. Se trata de un empresario de Tucumán que en octubre del año 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados (Casa Luque) en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias y, además, tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos. Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses mediante los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.
Paralelamente, Emilio Luque adquirió los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, a la empresa Atanor en el año 2016 por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia. Por lo que no se entiende porque el Fisco, nacional y provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares y como compró para sí, en los cuatro años de la gestión de Macri, 17.802.944 dólares tal informa en la nota “Ahora las personas” de Horacio Verbitsky, del 31 de mayo de 2020, cuando no paga impuestos por esa suma y, tiene deudas con la AFIP y, se infiere que también tiene deudas con la Dirección General de Renta de la Provincia.
No solamente los ampara el secreto fiscal, bursátil y financiero, sino que, tienen fácil acceso bancario a los paraísos fiscales, como señala el profesor Mario Rapoport: “Los paraísos fiscales están en todo el mundo. Inglaterra, empezando por la misma Londres y en islas que dependen del Reino como las Bermudas y las Vírgenes. En el corazón de Europa están Luxemburgo, Mónaco, Andorra junto a Irlanda y, en los Estado Unidos: Delaware”.
El FMI y un economista norteamericano, James Henry, estiman que cerca de un tercio de la riqueza privada global está oculta en el sistema global de paraísos fiscales. En el caso de Argentina, según estima el INDEC en su publicación Inversión Internacional Argentina, la suma es de 419.558 millones de dólares (un PIB argentino).
Contamos esta historia porque amparándose en los Art. 39 y 40 de la Ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, el Banco Central de la República Argentina, que realizó el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, no dice quienes eran esas personas y empresas en una interpretación muy particular del secreto bancario.
Tan particular que es un secreto para que no sepa la población quienes fueron los beneficiados por la política macrista y, sin embargo, cuando hay que pagar esa deuda, el que la paga es el pueblo argentino.
La ley 21.526 de la dictadura rige porque la Corte alfonsinista sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaban supeditada tan sólo al reconocimiento explicito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera. En tanto, la Corte menemista fue un paso más allá y alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica (Dictamen del Rodolfo Barra)
Seguridad jurídica basada en legislación de la dictadura, cuando en ese mismo Art. 39 de la ley 21.526 afirma que exceptúan de tal deber (guardar el secreto) los informes que requieran:
a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
b) El Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus funciones;
c) Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales.
Cuando, posteriormente, la ley 27.275 del año 2016 denominada de “Derecho de Acceso a la Información Pública” en su Art. 1 dice: “… garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Con la excepción dispuesta en su Art. 8º Inciso “b”: Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario.
Cuál es la interpretación que hace el BCRA, la AFIP y la Justicia de las leyes que se debe guardar en secreto de donde extrajo los fondos Emilio Luque, que no trepida en dejar 1.200 trabajadores sin sus puestos. Que no paga los aportes y los impuestos a la AFIP y a la Dirección General de Rentas y que, seguramente, percibe créditos de bancos oficiales. Cuál es la información que puede poner en peligro el sistema financiero y cambiario que posibilitó el obrar de Emilio Luque.
No hay secretos ni para los jueces, ni para el BCRA, ni para la AFIP, por ende cada una de esas instituciones en forma separada y conjunta deberían llamarlo a Emilio Luque y exigirle que transparente sus cuentas y que pague al erario público las contribuciones que le corresponde.
A eso sí, cuando los que se tienen que investigar son los pobres, rápidamente el juez Julián Ercolini decidió el miércoles 30 de noviembre 2022 levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, tras un pedido de la Ministra Tolosa Paz que lo fundamentó en que “De esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre. Nuestra misión es seguir fortaleciendo el programa y construir un padrón donde la validación de identidad también sea un paso más en la consolidación y la transparencia de la política social”. “Esa información el Ministerio la necesita para analizar cada caso y dar de baja a quien no cumpla con los requisitos de forma inmediata”, señaló la ministra.
Cada plan percibe la mitad de un salario mínimo, vital y móvil que para el mes de noviembre fue de $61.953.-, por ende le corresponde a cada plan $ 30.976,5.- por mes y realizan tareas comunitarias, está bien que se revise Pero antes, por su magnitud, se debe levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero de Telefónica Argentina SA y de Emilio Salvador Luque, por ejemplo.
La Vicepresidenta de la Nación, en su alegato en defensa de su gestión en el llamado Caso Vialidad del día 28 de noviembre de 2022 afirmó: “Quienes trajeron al FMI y U$S 45.000 millones (que no sabemos dónde están) no tienen ningún problema, están en Qatar mirando el Mundial. Ésta es la Argentina”.
Es más, aseguro que “…los fiscales de la causa van a tener que justificar desde persecuciones y de omisiones frente al latrocinio que significó el préstamo del FMI, el endeudamiento salvaje del gobierno y tantas otras cosas denunciadas en Comodoro Py, pero que no avanzan, van a tener que responder”.
El martes 6 de diciembre 2022, en caso de ser condenada, la Vicepresidenta no irá presa porque la sentencia recién se ejecuta cuando el fallo esté firme, es decir, cuando lo ratifique la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene plazos explícitos para realizarlo, pero que implica una “espada de Damocles” sobre su persona, máxime en un año electoral en que ella es la candidata mejor perfilada del campo nacional y popular
Cómo cierra fiscalmente el año 2022 y las perspectivas del año 2023
A un alto costo de endeudamiento en pesos, posibilitado por el canje por bonos dual (que se ajustan por inflación o por dólar oficial a gusto de su poseedor) por 1,7 billones este año 2022, que a su vez vencen entre los meses de junio y septiembre 2023, a los que deben sumarse los títulos públicos de corto plazo que ya vencían en el año que viene y, conforma un total de $ 10 billones.
El pago de los intereses de la deuda externa (en divisas) que la Secretaría de Hacienda estima este año en $ 1,1 billones Para el año 2023, los vencimientos de los intereses de la deuda externa que según la Ley de Presupuesto 2023 es en divisas, pero se presupuestan en pesos, al tipo de cambio de $ 269,90.-, suman $ 2,9 billones
Obviamente al repetir el mismo mecanismo del mes de septiembre 2022, endeudando a la Administración Nacional, permite que 44.000 productores más los acopiadores y comercializadores vendan la soja retenida por 8.123 millones de dólares, el BCRA se los cambio al precio oficial de $ 150.-, pero los $ 50.- de diferencia es un título de deuda del Tesoro de la Nación en el BCRA por $ 406.500 millones ($ 50 por U$S 8.123 millones).
Desde el 28 de noviembre hasta el último día hábil de este año, el acuerdo es por 3.500 millones de dólares La cotización oficial es de $ 170.- pero el Tesoro de la Nación debe colocar otro título por $ 210.000 millones (Se le paga un dólar de $ 230.- y la paridad oficial es $ 170.-, $ 60 de diferencia por 3.500 millones de dólares)
Con esto números cierran el año fiscal cumpliendo con lo acordado por el FMI, con reservas de libre disponibilidad por 5.500 millones de dólares (Se suman a las existentes los 3.500 millones de dólares que ingresan por el dólar soja).
El déficit primario merced al fuerte ajuste fiscal (el gasto público aumentó en los 10 primeros meses del año un 72,4% contra una inflación de 88% interanual) va a ser del 2,5% y lo garantizan con el ingreso extra de las retenciones a la soja del 30% neta sobre los 3.500 millones de dólares convertido a pesos.
Finalmente el BCRA dejó desde agosto 2022 de financiar al Tesoro (es más le devolvió $ 10.000 millones) por ende cumple la meta de financiar solo hasta el 1% del PIB al Tesoro de la Nación.
El año 2023 se presenta mucho más complicado, una porque el gobierno cambió el proyecto de renta extraordinaria por pagar adelantado el impuesto a las ganancias, parte de lo que ingresa en 2022 es a cuenta del 2023
Tiene como carta a jugar:
a) La conversión de una parte del swap (intercambio de monedas) con China por el equivalente a 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad.
b) La aspiración de conseguir una línea de financiamiento o swap con Brasil para el comercio bilateral por un monto de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Posibilidad que se abriría a partir de la tercera presidencia de Lula da Silva.
c) El cumplimiento del acuerdo con el FMI permite el desembolso de las partidas acordadas:
En síntesis, el plan funciona si se cumple a rajatabla con el FMI, pero el costo principal es no investigar la deuda y la fuga con todo lo que significa.
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