Por María Laura Morales *
El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla condenó a prisión perpetua a Gina Cárdenas luego de calificar los hechos como homicidio agravado por el vínculo, desconociendo que fue en legítima defensa.
Durante los alegatos, el fiscal Eduardo Urquiza evaluó que durante las audiencias quedó probado que Cárdenas apuñaló y mató a Alejandro Ramón Báez durante una discusión. Los hechos ocurrieron el 13 de noviembre del 2021, ella quedó detenida el mismo día del crimen, llegó a juicio con el beneficio de prisión domiciliaria ya que cursaba un embarazo y dio a luz a una niña. “Estoy a la expectativa para ver cómo van a justificar esto, cómo van convertir la legítima defensa en un homicidio”, dijo Indiana Guereño, abogada y directora del Observatorio de Pensamiento Penal, entrevistada en Radio Gráfica.
A diario damos cuenta de diferentes injusticias a las que somos sometidas las mujeres y diversidades en nuestro país. Ésta es la historia de Gina, de 25 años, que no difiere de muchas otras que ya hemos narrado. Gina vivía en una habitación que alquilaba con su entonces pareja, en un departamento en el que vivían otras personas que además fueron testigos de las violencias a las que ella no solo esa noche sino en reiteradas oportunidades padecía. Estaba embarazada, cansada de las agresiones, decidió irse, los vecinos y vecinas contaron que empezó a armar el bolso y que escucharon que decía «me quiero ir», «déjame ir».
En ese contexto él le saca la billetera y sale de la habitación, va a la cocina compartida y es ahí cuando ella logra encerrarse pero como él se puso más violento e intentó ingresar golpeando la puerta hasta por la ventana, la dueña del lugar le pidió que le abra para que se calme y es ahí “cuando aparece el cuchillo en la escena, ella se defiende porque él la tomó del cuello, todo está en el expediente y lo declararon los vecinos y vecinas en el juicio. Es un claro hecho de legítima defensa, su vida y la de su bebé o la del agresor”, subrayó Guereño y agregó “cuando este hecho sucede, ella le clava el cuchillo a él, se cae en el pasillo común y al ver que está sangrando busca un repasador, lo tapa, intenta hacer la reanimación, grita que llamen a la policía y a la ambulancia. Ni bien llega la policía les dice que lo hizo ella pero que no quiso. Todo daba cuenta de que ella no tuvo intención sino que fue un claro acto defensivo”.
Lo que remarca la abogada es que el fiscal pidió 8 años de prisión considerando que había contexto de violencia de género pero que, al no ser física, al no tener ella moretones en ese momento, no podía pedir una legítima defensa, una absolución. En este sentido es importante decir que hay distintos tipos de violencias: la física, la psicológica, la económica y la sexual.
“Las vecinas y vecinos contaron lo que ocurrió esa noche y noches anteriores. Él la llevaba a trabajar y la iba a buscar, la acompaña al baño, no la dejaba usar calza ni jean, hacía escándalos por todo. Si encerrar a alguien, quitarle los únicos recursos económicos que tenía porque ella ese día había cobrado, si eso no es violencia ¿qué es?“, dijo la abogada y propuso pensar los hechos ocurridos poniendo dos varones en el lugar.
Me parece una interesante propuesta y te la traslado a vos que estás leyendo estas líneas, hagamos el ejercicio y pensamos qué pasaría o dirían esos mismos jueces si les contas que hay dos varones en una habitación, uno lo tiene encerrado y ejerce violencia sistemática contra el otro, luego de una discusión le roba la billetera, entra con un cuchillo y lo agarra del cuello ¿se defendió o no? ¿debería dejarse matar? ¿qué harías vos?
A inicios de agosto se presentó un informe que busca conocer el estado de situación de la aplicación de la Ley Micaela en el ámbito del Poder Judicial e instar la rendición de cuentas y transparencia como ejercicio de una práctica democrática y de participación ciudadana. A esta altura de los acontecimientos creo que gran parte de la ciudadanía sabe que este sector del estado que imparte justicia no se forma ni capacita, en su mayoría, además no paga impuestos y como perlita, nadie los elige y se perpetúan en el poder. Es un montón. En nuestro país aún hoy contamos con un alto incumplimiento de la norma que se sancionó en 2019.
“Lo más gráfico fue ver el juicio: tres varones en un estrado, un metro más arriba del resto de las personas, un fiscal varón, un defensor, que estuvo bien, quiero decir también eso y secretarios varones, todos ellos juzgando a Gina. La perspectiva de género es ponerse en las zapatillas de la persona que está siendo juzgada, si ellos se hubieran puesto en sus zapatillas se hubieran dado cuenta que lo que estaba en juego era la vida de Gina y el bebé“, dijo la abogada.
Este viernes 30 de septiembre, a las 19 horas, se darán a conocer los fundamentos de la condena a prisión perpetua a Gina Cárdenas. Las consecuencias de la falta de capacitación en género en el Poder Judicial podemos verlas reflejadas en los distintos reclamos que realizan los feminismos en todo el país.
(*) Conductora de Desde el Barrio (lunes a viernes de 10 a 13 horas)
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