Por Úrsula Asta
La tripulación del avión venezolano retenido desde junio en Argentina participó por primera vez en una audiencia. En línea a los temas que abordó en Radio Gráfica Mario Arraga, gerente de Administración y Finanzas de EMTRASUR y tripulante del avión venezolano, allí se trataron ejes vinculados a los derechos humanos de la tripulación, así como a su trayectoria profesional y la afectación a sus vidas; a la empresa estatal de propiedad de Venezuela y los enormes perjuicios económicos que esto significa; así como el posicionamiento de Estados Unidos y el rol del Poder Judicial de Argentina en este sentido.
Al respecto de esta instancia jurídica realizada en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, la comunicadora Orlenys Ortíz sintetizó tres momentos del abordaje de la defensa:
- Primero, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, presentaron su defensa por el avión perteneciente a la Estatal venezolana EMTRASUR.
“Es un expediente con una desprolijidad alarmante, a la hora de administrar informes de supuesta inteligencia, originados en otros países (…) Un expediente caprichosamente dirigido a la búsqueda de una hipótesis que hasta ahora no se puede explicar”, señala Rusconi.
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2. En el segundo momento de la audiencia, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallin, defensores de los instructores iraníes, hicieron énfasis en el “uso ilícito” del uniforme del FBI estadounidense, así como “el carácter hollywoodense de las delirantes acusaciones”, entre otros aspectos.
3. El tercer momento, con Mariana Barbitta y Lucas Melo en defensa de los tripulantes venezolanos, implicó, entre otros, la presentación de elementos en torno a la denuncia de la DAIA. Y, además, participó Vicente Raga, uno de los pilotos, y el Gerente de Operaciones, Víctor Pérez, ofreciendo su testimonio.
✓ Finalmente, el tercer momento estuvo a cargo de Mariana Barbitta y Lucas Melo, quienes hicieron su presentación en defensa de los tripulantes venezolanos.
En el vídeo, la abogada Barbitta enuncia y desmonta las falsedades de la denuncia de la DAIA.
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De forma virtual, estuvieron también presentes autoridades venezolanas de la Embajada en Argentina y el Ministerio de Transporte, así como familiares de la tripulación.
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Los petitorios de la defensa tienen que ver con, por un lado, la ratificación de la decisión del 1 de agosto, cuando fue emitido un fallo judicial que resolvió levantar la prohibición de salida del país, más la entrega de sus pasaportes, a 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano secuestrado en Argentina.
Por otro lado, la incorporación al grupo de 12, de los 2 iraníes cuyos teléfonos todavía estaban siendo analizados; así como la revocación de la decisión de retención de los 5 tripulantes restantes: dos gerentes y un técnico en mantenimiento de EMTRASUR, todos ellos venezonalos, más dos instructores iraníes, entre ellos, Ghasemi, el capitán de la aeronave.
Por último, también se solicitó la anulación de la decisión del juez Villena del 11 de agosto, en la que se dió lugar a la solicitud de asistencia internacional del Departamento de Justicia de EEUU para incautar la aeronave.
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Durante la jornada, el abogado Lucas Melo hizo referencia a un dato que hasta el momento pasa desapercibido en la Argentina, y es la participación honorable de uno de los tripulantes, Cornelio Trujillo, en favor de Argentina durante el Conflicto en el Atlántico Sur.
Como el mismo Trujillo relata, “después de la guerra de las Malvinas, yo era un pichón al volante C-130 y una de las misiones que hice fue volar trayendo ayuda humanitaria aquí a este país Argentina. Para mí es un orgullo”.
En la carta abierta publicada por el tripulante Mario Arraga, que se transcribe completa al final de este artículo, también se hace referencia a ese aspecto: “Irónicamente Sres. Jueces, en esta tripulación se encuentra retenido uno de los pilotos del Hércules C-130, perteneciente a la entonces Fuerza Aérea Venezolana, que vino a traer equipamiento militar para coadyuvar en la defensa de dicho territorio” (las Islas Malvinas).
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Como relata la comunicadora venezolana que desde Argentina sigue los hechos desde el secuestro de la aeronave de EMTRASUR, los posibles escenarios abiertos implican que los camaristas federales Roberto Lemos y Carlos Vallefin podrían ratificar la decisión del Juez Villena sobre la autorización de salida del país a 11 venezolanos y un iraní (el grupo de 12 que ya tiene su pasaporte). Si eso ocurre, la fiscalía tendría 10 días hábiles contados a partir de la notificación, para presentar un recurso de casación si así lo decide. Por otro lado, podrían revocar la decisión del 1 agosto sobre los 12 tripulantes y, en ese caso, la defensa sería quien presente un recurso de casación.
A su vez -sigue Ortíz-, también podría haber una especie de “caída y mesa limpia” y resolverse el levantamiento definitivo de la prohibición de salida del país a la totalidad de la tripulación. Particularmene sobre el avión, podría ratificarse, revocarse o modificarse la decisión de incautación.
En cualquiera de los casos, la oportunidad de introducir recursos de casación está a disposición de las partes y, de ser aceptados, ascenderían a la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py. Hasta la fecha, después de haber analizado más de 180 medidas de prueba, todos los resultados han dado negativo. Es decir, no se ha probado ningún delito sobre las acusaciones contra los tripulantes y la aeronave de la estatal venezolana EMTRASUR.
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La carta:
Carta abierta a los Jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Alberto Vallefín y Roberto Lemos Arias.
Ezeiza, 9 de septiembre de 2022.
Quien suscribe, Mario José Arraga, Gerente de Administración y Finanzas de la Empresa de Transporte de Aereocargo del Sur (EMTRASUR), uno de los diecinueve (19) tripulantes retenidos injustamente desde hace más de tres meses en la República Argentina.
Me honra el dirigirme a ustedes, agradeciendo de antemano la atención puesta en manifiesto durante la larga e intensa jornada en la audiencia concerniente al caso de EMTRASUR, el pasado 8 de septiembre.
Motiva la presente, describir algunos aspectos de relevancia que no pude abordar debido al carácter técnico de la audiencia. Antes de ello, ratifico lo expuesto por nuestros defensores y dos miembros de la tripulación, todos fundamentados en las más de ciento ochenta medidas de prueba que pesaron sobre nosotros, durante esta profunda y desproporcionada investigación. Primeramente, la aeronave Boeing 747-300, matrícula YV3531, pertenece únicamente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela; por otra parte, nuestro propósito en Argentina tuvo un fin netamente comercial, de carácter lícito, apegado a las leyes y reglamentos que rigen la materia a nivel nacional e internacional y, por último, los tripulantes e instructores a bordo somos inocentes de todas las acusaciones infundadas que dieron origen a esta causa.
En medio de esta exhaustiva investigación, no ha sido tomado en cuenta el contexto histórico que ha unido a ambos países y que, por razón y justicia, debieron considerarse a la hora de señalar e iniciar un proceso judicial contra una empresa del Estado venezolano, por supuestas acciones “terroristas” o “delictivas”. Infames acusaciones que una fracción del Poder Judicial argentino ha permitido encausar con base en insólitas noticias falsas difundidas en medios hegemónicos, violando las leyes, reglamentos y códigos de ética, cediendo a los intereses geopolíticos de agentes externos que buscan torpedear la relación entre ambas naciones.
Esta situación es incomprensible, porque nuestro país Venezuela siempre ha estado presto a brindar una mano amiga, solidaria y siempre ha considerado a Argentina un pueblo hermano. Desde el 26 de julio de 1822, con el encuentro entre Bolívar y San Martín, luchamos juntos por el mismo espíritu de liberar a nuestros pueblos del yugo imperialista.
Es importante mencionar que, en el momento más nefasto para la historia argentina, la invasión inglesa a Malvinas, donde murieron 649 soldados de esta nación, Venezuela no sólo apoyó diplomáticamente, sino fue uno de los dos únicos países en ofrecerles apoyo. Irónicamente Sres. Jueces, en esta tripulación se encuentra retenido uno de los pilotos del Hércules C-130, perteneciente a la entonces Fuerza Aérea Venezolana, que vino a traer equipamiento militar para coadyuvar en la defensa de dicho territorio.
Aunado a lo antes descrito y, como último aspecto inobjetable que confirma la hermandad histórica que ha tenido Venezuela para con Argentina, quiero hacer mención del gesto solidario que movió al Gobierno Bolivariano presidido por Hugo Rafael Chávez Frías, para apoyar financieramente a esta Patria durante los años 2005 y 2008, en medio de una complicada situación económica para el pueblo argentino.
Por lo antes expuesto, decir que EMTRASUR, sus 19 tripulantes y la aeronave YV3531, vino a la República Argentina con fines “terroristas” y/o “delictivos”; no sólo es falso, sino discordante y (excúseme por la expresión) totalmente risible, porque la República Bolivariana de Venezuela, jamás ha cruzado sus fronteras con la finalidad de llevar acciones de esa índole a otros países y, el caso particular de la Empresa de Transporte de Aereocargo del Sur, no es la excepción, así lo confirma el vuelo previo a nuestra venida a tierras argentinas, cuando tuvimos la honrosa oportunidad de llevar quince toneladas de ayuda humanitaria al pueblo de Surinam, en medio de las catástrofes naturales que atravesaron a finales de mayo y principios de junio del año corriente.
Quiero concluir mis alegatos con lo siguiente: la aeronave Boeing 747-300, matrícula YV3531, es el ÚNICO activo que posee la Estatal venezolana EMTRASUR como herramienta generadora de empleo para el personal que integra nuestra Empresa, la misma fue adquirida en el marco de una contratación legítima y transparente entre las empresas Mahan Airlines y la Estatal venezolana CONVIASA.
La parálisis de nuestras operaciones se ha traducido en gravísimas consecuencias económicas, tanto para la empresa y sus trabajadores y trabajadoras, como para el Estado venezolano, al que se le estaría arrebatando un activo de sumo valor para enfrentar el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EEUU, significando dicho despojo, además, una grave agresión a la Soberanía venezolana.
En tal sentido, atentar contra la operatividad de dicha aeronave por parte de quienes poseemos la titularidad de la misma, sería una mancha imborrable que pesaría sobre la justicia argentina y nublaría la hermosa historia que nos ha unido como pueblos hermanos durante tres siglos de historia.
Finalmente, me despido de ustedes esperando que, más pronto que tarde, considerando los elementos de prueba obtenidos y los aspectos antes esbozados, se cumpla con esa frase que cierra todos los escritos y documentos de índole legal que he podido observar durante esta causa: “SERÁ JUSTICIA”.
Mario José Arraga Urdaneta Gerente de Administración y Finanzas de EMTRASUR
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