Organizaciones gremiales, políticas, de magistrados y agrupaciones que nuclean a abogados se movilizarán el próximo miércoles a las 11 de la mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño ubicado en Cerrito 760. Rechazan la ley votada por la legislatura por la cual le otorga facultades al TSJ para revisar las causas de la Justicia Nacional. Expresaron que es anticonstitucional, que dilatará todos los procesos y que permitirá tener un control político al Gobierno de la Ciudad de fallos trascendentes.
Un verdadero escándalo solo posible frente a la abrumadora protección mediática sobre Horacio Rodríguez Larreta y a los intereses de los sectores de poder que se beneficiarán con la medida. El jueves 1 de octubre la Legislatura de la Ciudad, donde el oficialismo cuenta con mayoría automática, sancionó la ley por medio de la cual le otorga al Tribunal Superior de Justicia facultades para revisar causas de competencia nacional.
Ante esta situación, rápidamente, organizaciones gremiales, agrupaciones de abogados laboralistas y políticas se convocaron a marchar al TSJ este miércoles 6 de octubre por la mañana. Entre ellas la Corriente Federal de Trabajadores, CTA de los Trabajadores, la Agrupación de Abogados Laboralistas 7 de Julio, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Asociación Nacional de Jueces del Trabajo, entre otras.
“No a la maniobra de Larreta para colonizar la Justicia y suprimir derechos“, es la consigna con la cual se sumó la Corriente Federal de Trabajadores; “no a la maniobra de colonización de la Justicia Nacional por el macrismo“, expresaron por su lado desde la CTA de los Trabajadores.
En diálogo con Radio Gráfica, la abogada de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio Natalia Salvo expresó: “Lo que hace Rodríguez Larreta es procurarse una justicia de amigos, no solo para Mauricio Macri, sino para los grupos económicos concentrados. No es el tribunal que establece la Constitución Nacional, es el tribunal de Larreta“.
“El Tribunal Superior de Justicia es un reservorio donde subsiste el viceministro de Justicia de (Germán) Garavano, Santiago Otamendi; está también la que fuera propuesta por Macri para ser procuradora, que iba al gimnasio con él, Inés Weinberg de Roca; hay juezas que participan de instituciones públicas y ONG’s del macrismo. Quieren que todas las sentencias de la Justicia Nacional las revise la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, informó Salvo.
“Por ejemplo, los juicio laborales se revisan por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y eventualmente van a la Corte Suprema. Acá se suma una instancia judicial más que es completamente anticonstitucional porque no tiene competencia, encarece y demora más el proceso que ya de por sí es largo, pero además ya sabemos que quiere el tribunal de Larreta de los derechos laborales que es destrozarlos“, concluyó.
Diego Latrónico, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju – CABA), una de las organizaciones convocantes afirmó: “Modifica las facultades del Tribunal Superior de Justicia e interviene sobre la Justicia Nacional. Termina generando una instancia que alarga todos los plazos procesales“.
“El Gobierno de la Ciudad quiere tener un control de los fallos de la Justicia nacional ordinaria, encarecerlos y controlarlo políticamente. Cambiar eso es una facultad del Congreso nacional, viola toda el sistema constitucional argentino y coloniza políticamente el PRO al Poder Judicial de la Ciudad“, agregó.
Luis “Lucho” Roa, también abogado laboralista, docente y Secretario Académico de la Carrera de Relaciones del Trabajo disparó: “La ley votada por la Legislatura porteña pretende someter a la Justicia nacional, es burda y grosera. Una ley local no puede modificar leyes nacionales. No solo modifica la Ley Cafiero que limita los alcances de la autonomia porteña, sino la ley 48 de 1863 que regula recursos extraordinarios entre la Corte Suprema, modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la ley de Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (18.345) así como la Ley de Asociaciones Sindicales. Es un disparate que no obedece a ningún fundamento jurídico, es político que es intervenir en todas las causas civiles, comerciales y laborales poniendo un filtro a lo que llega al Tribunal Supremo de la Nación“.
“En la práctica significa crear una instancia más para los juicios civiles, comerciales y laborales con asientos en la Capital que serán mucho más largos y con procesos interminables y pondría en lugar clave al TSJ para resolver las cuestiones que es un tribunal integrado por personeros de JxC. El impacto es enorme, son decenas de miles las personas físicas y jurídicas que tienen domicilio real en las provincias, pero legal en la Ciudad de Buenos Aires“, afirmó Roa.
“En el caso de los juicios laborales al infinito a su duración, además de ser resuelto por un tribunal clasista y antiobrero como ha demostrado ser el TSJ. Hay actos y recursos del Ministerio de Trabajo de la Nación donde interviene tribunales de Trabajo nacionales que tendrían a un tribunal porteño que revisaría causas judiciales de todo el país. Pone en jaque a las instituciones y a los derechos de miles de ciudadanos y ciudadanas y entre ellos a la clase trabajadora”, concluyó.
Redacción Leonardo Martín.
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