Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
Las grandes discusiones nacionales parecen estar obturadas por el sistema de medios concentrado, la histeria de las redes y una campaña electoral que aún propone poco.
El desafío del campo popular es plantar una agenda propia.
La voz de Cristina Fernández postula en cada aparición, el eje a discutir que esta semana en Lomas de Zamora sintetizó como: “EL MUERTO QUE NOS HAN DEJADO”.
“Miren lo que es esta montaña de endeudamiento. ¿Saben dónde está el pico? En el 18. ¿Y saben cuándo? Miren, si uno mira así, ahí empieza a bajar. ¿Y saben cuándo empieza a bajar? Cuando estos capitales, que habían entrado a especular, porque hasta el 2015 todo el capital que no era inversión productiva debía estar dos años estacionado para evitar esto, la timba financiera. Simple y claro pero aparte porque no era la primera vez que pasaba en Argentina lo de la timba financiera. A partir del ‘76, la timba financiera fue moneda corriente y fue el origen de las múltiples crisis en materia de restricción externa, de deuda externa que tuvimos los argentinos”, explicó CFK.
Luego detalló el capítulo final de la GRAN ESTAFA: “Solamente, y recién después del 28 de octubre, cuando se habían ido del país exactamente 22.524 millones de dólares, presten atención argentinos porque el refunfuñado no lo va a pagar esto, lo vamos a pagar todos y todas. Así como se dedicaron a decir que la plata se había ido porque no había confianza, se dedicaron a construir otro relato: que los problemas de la economía argentina, de los trabajadores y los empresarios es culpa de la cuarentena, no de la pandemia. Con una formidable maquinaria mediática, que la conozco porque la sufrimos en carne propia”.
El planteo de Cristina está echado sobre el escenario político para que la militancia lo discuta y funcione como levadura en la masa, que construya la conciencia de esa estafa expuesta con la claridad de los gráficos.
La montaña de dólares que se desvaneció está en las guaridas fiscales, esas que el Papa Francisco propone cerrar, al tiempo que reivindica la sindicalización a nivel mundial, el cuidado de la Casa Común y pide por la Paz. Como no queda su propuesta en el dicho, sino que buscó ordenar las cuentas del Banco del Vaticano, es que le llegó un sobre con tres balas nueve milímetros. Recomendamos la investigación de Gabriel Fernández, quien también habló con preocupación por la escasísima repercusión de un hecho tan grave en la dirigencia de nuestro país.
Miren los temas que tenemos para discutir. Por todo esto, vale no detenerse en las operaciones mediáticas de desgaste y concentrarse en el eje de la Producción y el Trabajo. Sobre todo para quienes ocupan puestos claves en la función pública y para el movimiento nacional en su conjunto.
Finalmente, ¿siempre el Pueblo deberá “levantar el muerto”?, ¿se estará naturalizando que la única salida es pagar la estafa macrista?, ¿por qué hay un silencio respecto a este debate que es central para el destino nacional?
TERCERIZADAS QUE PRECARIZAN Y DESPIDEN
Esta semana hubo dos protestas en Avellaneda que cubrimos como medio. “Ferroviarios en lucha”, el martes estuvieron cerca de cortar las vías a la altura de la estación “Darío y Maxi” del tren Roca, pero fueron llamados al diálogo y aceptaron. El viernes los despedidos de EMA, contratista de Edesur cortaron por la mañana el acceso a Puente Pueyrredón.
Conflictos que suelen tener el acompañamiento de fuerzas políticas de izquierda, no porque los protagonistas militen en esas filas sino porque parecen encontrarse en soledad a la hora de la protesta. Hay un diálogo abierto con el gobierno nacional, pero los tiempos no son los mismos para quien está en la función pública y quien no cobra su sueldo hace meses.
Cabe destacar que el meollo de estos conflictos está en el esquema de las privatizadas que se construyó en los ´90 y la herencia macrista.
En Segba había 27 mil trabajadores encuadrados en Luz y Fuerza, actualmente hay 6 mil entre Edenor y Edesur. El resto, lo hacen las contratistas que precarizan a sus laburantes.
Un ejemplo es EMA, tercerizada de Edesur.
“Nosotros empezamos a pedir el re-encuadramiento gremial en Luz y Fuerza y por eso el 1 de mayo nos echaron”, explica el trabajador despedido Christian Meza que estuvo en el corte en el Pueyrredón, que cuenta: “No sólo es la precarización y el sueldo sino la cantidad de trabajo, mientras nosotros hacemos entre 40 o 50 eventos, alguien que está encuadrado en Edesur hace 10, un empleado de Edesur trabaja 6 horas y gana mensualmente 150 mil pesos, mientras nosotros tenemos un básico de 40 mil y para llegar a un sueldo de 80 o 90 mil pesos hacemos extras en jornadas de entre 12 y 14 horas. Son enormes las diferencias. El trabajo de riesgo lo hacen las contratistas mientras que los de Edesur hacen el trabajo de guante blanco, si bien en electricidad todo es riesgoso, los de riesgo continuo los hacen las tercerizadas como el corte y reposición de energía que se tocan los cables vivos”.
La protesta viene desde hace meses y este viernes cortaron el Puente Pueyrredón. Acompañaron partidos de izquierda. La última vez hubo un enfrentamiento con la Prefectura. Esta vez estuvo al frente del operativo la Policía Aeroportuaria y Gabriel Fucks, desde el Ministerio de Seguridad, le dio garantías a los manifestantes, que más tarde fueron recibidos en el Ministerio de Trabajo por el viceministro Marcelo Belloti.
“Acordamos que vamos a una nueva reunión el jueves a las 13 horas. Ellos van a buscar alguna alternativa de trabajo para ver cómo nos pueden ingresar nuevamente en el sistema laboral, en Edesur, con la empresa EMA, van a ver de qué manera pueden llegar a un acuerdo. También nos propusieron alguna alternativa laboral en algún otro sector, pero nosotros no lo aceptamos, le dijimos que queremos volver a nuestra fuente laboral, lo que sabemos hacer que es la electricidad. Estamos contentos, esperamos que cumplan, y si no hay respuesta el viernes vamos a una nueva manifestación”, explica Christian Meza, que detalla que son “40 trabajadores que hoy están peleando por la reincorporación”. Hasta ahora el ofrecimiento que tenían es la indemnización y este grupo la ha rechazado.
El otro conflicto que mencionamos es el del ferrocarril, que ha tenido algunos capítulos de violencia de pueblo contra pueblo en la Estación Constitución.
“Fuimos despedidos por el gobierno de Macri y hace tres años que vivimos en lucha”, contó Rodrigo Córdoba a Gráfica, quien se desempeñaba como oficial especializado de vía y obra. “Somos todos ferroviarios de Trenes Argentinos, no somos tercerizados”, remarcó el trabajador que agregó: “Hace 20 meses que empezamos una nueva negociación con el gobierno y con jefatura de gabinete. Les pedimos, aunque sea, unos puestos de trabajo alternativos para algunos compañeros que la estaban pasando mal, ni siquiera eso”.
“Nuestras familias no aguantan más, nosotros no queremos ni un plan, ni una bolsa de mercadería. Queremos trabajar, no somos parásitos para andar viviendo ni de uno ni de otro. Queremos que nos devuelvan lo que nos arrebataron. Muchos compañeros fueron despedidos con retiros voluntarios truchos, armados, o como a mi que nos aplicaron el artículo 245 sin causa y sin motivo”, relató Rodrigo Córdoba de “Ferroviarios en lucha”.
El martes hicieron una protesta frente a la Estación “Darío y Maxi” en Avellaneda. Antes de subirse a las vías, como habían anunciado, recibieron un llamado del gobierno nacional que los convocaba a una reunión el viernes. “La reunión no se pudo hacer porque el funcionario estaba en un acto así que vamos a esperar al jueves que viene”, contó Córdoba para este Panorama. “Vamos a actuar en conjunto con los trabajadores de EMA”, anunció y ante la consulta sobre con quién vienen hablando en el gobierno se refirió a Juan Manuel Vila de Jefatura de Gabinete, “que es un intermediario del Chino Navarro que está interviniendo en nuestro conflicto”.
Se trata de 126 ferroviarios, “la mayoría de la línea Roca” aunque “después hay otros grupos como los de Ferrobaires”, explica Córdoba que apuntó contra los funcionarios: “Ellos te llaman, te atienden todo muy lindo pero siempre es más de lo mismo, sólo mentiras”.
¿QUÉ HACER?
“Esta es la bomba de tiempo que dejan las privatizaciones”, diagnosticó Carlos Minucci, secretario general de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía).
“La única solución a todo esto es la estatización de las empresas y dentro de ese marco normalizar, como fue en su momento SEGBA, a todos aquellos contratistas que reúnan las condiciones. No hay otra forma”, afirmó el dirigente en comunicación con Gráfica.
“No se olviden que hubo un muerto y Pedraza terminó preso”, recordó y explicó que con “Néstor y Cristina se logró que 3300 trabajadores entren a las empresas”, aunque se mantuvo el statu quo de las privatizaciones.
Minucci hizo un poco de historia para entender: “Durante el gobierno de Menem que privatizó la mayoría del personal de planta terminó con retiro voluntario o cesanteado. Después de algo más de un año tanto José Pedraza (Unión Ferroviaria) como Oscar Lescano (Luz y Fuerza), logran en el ámbito del Ministerio de Trabajo, transformar esos retiros en cooperativas, que hacían la tarea que había dejando de hacer la planta permanente. Eso llevó a que las empresas aprovechen reducir el costo de la mano de obra. Con el kirchnerismo los trabajadores conveniados empezaron a lograr aumentos de salario y ahí empezó el problema con las contratistas. Se van generando grandes marchas de tercerizados para estar encuadrados como corresponde. Entonces Lescano, desde Luz y Fuerza, acuerda un convenio tipo B que no tenía todas condiciones del convenio original pero mejoraba la situación del trabajador. La mayoría de los contratistas respondían a la UOCRA que tenía sueldos mucho más bajos. En este contexto en 2010 lo matan a Mariano Ferreyra y termina en prisión Pedraza. Ahí comienza un nuevo proceso. Luz y Fuerza a través de Lescano combina con las empresas ingresar a todo el personal contratado, llegando a 3300 ingresos efectivos”.
Pero en 2015 llegó Macri y se volvió a un desbarajuste total. Esa pesada herencia, que incluye (sobre todo) los tarifazos y un esquema privatizado saqueador que no invierte, es lo que este gobierno deberá resolver, dialogando con estos conflictos (como el de EMA – Edesur) que llevan adelante quienes luchan por no quedar en la calle.
PEAJES
Esta semana el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró que “hemos terminado la auditoría y estamos haciendo las presentaciones judiciales y solicitamos la anulación de la concesión por 30 años” de los peajes de Acceso Oeste y Panamericana. Explicó que se investiga “la comisión de delitos, porque había allí una decisión muy clara de usar al Estado para beneficios e intereses privados”.
La Federación de Personal de Vialidad Nacional fue denunciante del esquema corrupto del macrismo. Su titular Fabián Catanzaro, expresó en Gráfica: “El Grupo Abertis es el grupo mayoritario accionario que tiene que ver con Florentino Pérez, del Acceso Norte. Uno de sus socios era el Grupo Socma (sociedades Macri), que a lo largo de los años fue vendiendo su paquete accionario. Tenían el 7 por ciento de la participación. Hacen un acuerdo, suben los peajes, las acciones suben aproximadamente un 200 por ciento y ahí el grupo Macri vende en 2017. Esta operación genera una ganancia de 30 millones de dólares. Luego de eso, avanzan con la prórroga de las concesiones. por lo tanto terminan cerrando el círculo entre los que han sido los socios de toda la vida en la parte del Acceso Norte y Oeste”.
Se abre ahora un debate en el gobierno, más allá del frente judicial, sobre cómo será la gestión de estas dos vías de tránsito claves del AMBA. Antes de renunciar a su banca en el Congreso, Facundo Moyano presentó un proyecto, que si bien fue presentado como una “estatización” por los medios del capital financiero, la propuesta del joven dirigente se orienta en que continúe siendo gestionada por una sociedad anónima.
El proyecto de Facundo Moyano consta en la creación de Autopistas Metropolitanas Sociedad Anónima (AUMET SA) que tenga al Estado Nacional como principal accionista con un 83% “cuyos tenedores serán el Ministerio de Obras Públicas en un treinta y cinco por ciento (35%), el Ministerio de Transporte en un treinta y cinco por ciento (35%) y la Dirección Nacional de Vialidad en un trece por ciento (13%), el diez por ciento (10%) corresponderá a un operador privado y el restante siete por ciento (7%) será destinado a los empleados de AUMET SA representados por la respectiva organización sindical”.
Desde la Federación de Trabajadores de Vialidad Nacional se opusieron a este planteo del ahora ex – diputado. Fabián Catanzaro explicó en Gráfica: “El proyecto no lo menciona, pero los titulares de los medios que lo han promocionado como un proyecto de estatización. La verdad es que crear una sociedad anónima para controlar estas rutas está lejos de cualquier estatización. Lo que propone es que haya un 10 por ciento del paquete accionario de un privado, y en un 7 por ciento que sea del sindicato de peaje. La verdad es que con los compañeros del sindicato del peaje no tenemos ningún problema, la cuestión es que para la denominación legal eso también es un actor privado. A nuestro criterio eso es más un proceso de privatización que de estatización”.
A su vez, Fabián Catanzaro afirmó: “Hay que cuestionar los procesos de concesiones, que han sido un fracaso total desde la década del ‘90 en adelante. Hay que ponerlos al servicio del pueblo, el trabajo y la producción. No es un eslogan, sino un posicionamiento de hacia dónde debemos orientar los recursos estratégicos”.
REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL
No es un debate nuevo, pero la pandemia lo aceleró. La reducción de la jornada laboral entró en la agenda a nivel global con su repercusión a nivel local, donde hay proyectos de ley impulsados por diputados de extracción sindical.
La jornada laboral en Argentina es de 48 horas semanales y no debe superar las ocho horas diarias según la ley 11.544 sancionada en 1929, aunque las horas extras y particularidades de cada trabajo permiten jornadas y semanas de mayor extensión temporal. Casi un siglo después se mantiene la misma jornada laboral pese a la incorporación de tecnología y el abrumador crecimiento de la productividad por cada trabajador.
Lo hemos comentado en una edición previa del Panorama. Existen dos proyectos presentados por diputados de extracción sindical. Uno por el titular de la CTA, Hugo Yasky, donde propone reducir la jornada de 48 a 40 horas semanales; el otro de la bancaria Claudia Ormachea en la misma dirección pero con un proyecto para llevarlo a 36 horas semanales. El bancario Sergio Palazzo, que todo indica que será diputado nacional desde diciembre, también puso el tema en agenda en el comienzo de la campaña electoral.
La reacción del titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, fue rechazar la posibilidad advirtiendo que una hipotética reducción de la jornada irá acompañada de una baja proporcional del salario.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas la calificó como “impensable” en el actual contexto afirmando: “Hay que ser cuidadosos con ese tema porque en los países donde ha habido avances en este sentido son países desarrollados y en general han incorporado un esquema de reducción proporcional del salario, porque estamos hablando de países donde el mercado laboral está muy desarrollado“.
En diálogo con Radio Gráfica, la diputada Claudia Ormachea, planteó: “Esto no surge caprichosamente. El avance y las nuevas tecnologías hizo que se abriera el debate. Es la necesidad de humanizar la jornada de trabajo, no podemos seguir atando mayor cantidad de horas de trabajo a más producción. Apuntamos a dar mejor calidad de vida y a cuidar la salud. Hace a la creatividad, poder desarrollar otros aspectos de su vida”.
“La digitalización no puede ser sólo un beneficio para las empresas. Hay tareas que llevaban mucha mano de obra y mucho tiempo, pero ahora se tiene que volver a favor de los trabajadores y trabajadoras”, añadió.
A su vez, Luis Roa, abogado laboralista y secretario académico de la Carrera de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicó a Gráfica: “Hay que estar atento no solo a la reducción de la jornada semanal, también de la jornada diaria porque existe cierta vocación empresarial de reducir el módulo semanal, pero de redistribuirlo de la manera que se les ocurra”.
“Hay un decreto de (Jorge Rafael) Videla que dice que no se pueden trabajar más de 300 horas extras año que fue reducido en el año 2000 a 200 y no más de 30 horas al mes. El tema es que no dice nada de cómo se distribuyen esas horas, es una sutileza que no tiene nada de sutil. En el límite diario es donde nos revientan a los trabajadores”.
“Tenemos un empresario muy cavernario y troglodita, por lo menos en lo que manifestó la UIA que planteó que no habrá reducción de jornada laboral si no es reduciendo ingresos. La discusión es de que manera se aprovecha del crecimiento de la productividad y la ganancia que genera, ¿quién se apropia de ese crecimiento de la productividad?”, se preguntó Luis Roa.
Hugo Yasky sumó al debate: “Hoy estamos parados en aquello que lucharon los Mártires de Chicago de ocho diarias y el descanso dominical. En 1919 la OIT convirtió ese convenio a nivel global donde quedaron las 48 horas semanales de jornada. Un siglo después, con todos los cambios que ha habido, quedó demostrado que se podía tener una jornada menor, menos alienada”.
“Desde los 80 en Europa redujeron la jornada sin reducir salarios. En ese proceso quedó demostrado que la reducción de la jornada generaba mayor productividad, menor cantidad de accidentes laborales y conflictividad intralaboral, uso más racional de la energía. Todas ventajas para los empleadores, no sólo para los trabajadores”.
“Es un debate que vamos a dar desde el bloque en la Cámara de Diputados”, adelantó Yasky pese a la negativa inicial de Matías Kulfas. “No vamos a bajarnos de nuestros principios y creo que es absolutamente justo. Vamos a tratar algún punto de acuerdo. Reducir la semana laboral posibilita generar otras posibilidades y fuentes de trabajo”, afirmó el referente de la CTA.
Yasky integra el Espacio Producción y Trabajo donde confluyen empresarios pymes, cooperativas y organizaciones sociales: “Tenemos muchas organizaciones pymes que están de acuerdo con el planteo y otras que están dispuestas a abrir el debate a una jornada que sea más humana y acorde al siglo XXI”, concluyó.
Por su lado, las Mujeres Sindicalistas (MS) de la Corriente Federal de Trabajadores también se encuentran en plena elaboración de su cuarto cuadernillo de formación que tiene como eje la reducción de la jornada laboral. Mara Rivera, dirigente de APSEE y de MS, contó a Radio Gráfica: “Nos metemos en el debate sobre cómo afecta trabajar tantas horas, repensar el esquema a nivel federal con un esquema nacional, analizar qué hay en el mundo. Estamos en plena escritura de ese Cuadernillo”.
“No solo pensar en menor cantidad de horas, también en la posibilidad de que se reduzca un día. Estamos estudiando el impacto económico, personal y pensar en la política de cuidado, no sirve de nada reducir esas horas si después vamos a seguir trabajando en nuestras casas. Es importante que vaya acompañado de una política pública de cuidado sobre ese trabajo no remunerado”, expresó Rivera que finalmente contó: “Vamos a plasmar el impacto que tuvieron en diferentes gremios la reducción de la jornada laboral. Estamos tratando que sea lo más completo posible porque ya está en la agenda”.
PARITARIA NACIONAL DOCENTE
El lunes se llevó a cabo la reapertura de la Paritaria Nacional Docente donde participan el Ministerio de Educación, los ministros de educación de las provincias y los cinco gremios de representación nacional (CTERA, CEA, SADOP, AMET y UDA). El jueves también se realizó la reunión con docentes y no docentes del sector universitario.
En febrero pasado los gremios acordaron una paritaria del 34,5%, en esta ocasión, adelantando un mes la mesa de negociación, está en discusión el tramo final del año. Desde los gremios adelantaron que buscarán una recomposición en torno al 45 al 50% total. El Gobierno aún no hizo la oferta salarial.
Una novedad es que el ministro, Nicolás Trotta, adelantó que se enviarán tres proyectos de ley al Congreso de la Nación para el cual pidió apoyo del mundo gremial. Lo hizo en la reunión paritaria y lo repitió en un encuentro posterior con gremios del sector educativo nucleados en la CGT.
Esos proyectos son una ley de Justicia Educativa que contempla el progresivo aumento de la inversión en educación; Formación Docente, Tecnología para la Educación y Educación Superior.
Sonia Alesso, titular de CTERA, indicó: “Planteamos la discusión paritaria, otro tema es la jubilación de los docentes nacionales que cobran por dos cajas distintas, una por caja nacional y la otra provinciales. Pedimos una actualización para un sector de jubilaciones; también acelerar para que jurisdicciones apliquen la segunda dosis contra el coronavirus. Un cuarto tema para discutir los protocolos y la situación provincial, donde por ejemplo en el caso de Chubut no tuvieron aumento salarial en todo el año. En CABA y Mendoza, además no se están cumpliendo los protocolos en relación a la variante delta”.
ANUNCIO PARA EL TRABAJO RURAL
En un acto realizado en Concordia, Entre Ríos, el presidente Alberto Fernández anunció un plan para la “promoción del trabajo registrado y la ampliación de la protección social para 250.000 trabajadores rurales que realizan actividades temporales y estacionales” en ese ámbito.
El decreto toma un reclamo que venían realizando organizaciones que nuclean a trabajadores agrarios y toma el guante de la amarga queja del sector empresarial acerca de que no había mano de obra para determinadas actividades porque los trabajadores preferían mantener planes y programas sociales. Por supuesto, sin mencionar los salarios de miseria que mayormente se pagan en el sector y que en muchos casos es solo en determinados períodos del año.
El decreto publicado este sábado permite mantener esos programas y el empleo registrado, alcanzando, además, a los grupos familiares de los beneficiarios.
Asimismo, establece una garantía a través de la cual los titulares de asignaciones universales que trabajen bajo esa modalidad percibirán los beneficios no contributivos que les correspondan, percibiendo como mínimo el monto equivalente al 100 por ciento del valor de las asignaciones universales por hijo para la protección social.
Consultada para este Panorama, Ana Cubillas, titular del Sindicato Único de Trabajadores Rurales de Misiones (SUOR) aportó su visión sobre el programa: “Es una muy buena noticia, hay cientos de miles de asalariados temporarios, muchos cobran programas que hacen que no se queden sin un mango en el bolsillo cuando terminan la cosecha. Ahora viene el período para ver cómo se pueden integrar de la mejor manera posible y nuestros trabajadores estén registrados con jubilación y obra social. Quedábamos en la economía popular, pero somos empleados de patronales multimillonarios y en explotaciones de gran extensión. Es bienvenido este anuncio que hizo el Presidente. Tenemos que hacer que nuestros trabajadores tengan obra social, jubilación y todos los derechos de los que están registrados. No somos trabajadores de la economía popular”.
El flamante titular del Ministerio de Desarrollo Social, Juanchi Zabaleta, colgó la cucarda para su cartera: “Esto mejora la situación de los trabajadores, consolida y afirma el crecimiento de las exportaciones. Consolida la asistencia en trabajo genuino, comienza la tarea de transformar el plan social en trabajo estable”.
La interpretación de Zabaleta parte de un error de diagnóstico, pensar a los trabajadores agrarios como parte de la economía popular cuando son empleados de emprendimientos productivos privados con un nivel salarial y condiciones de trabajo paupérrimas.
Lo cierto es que el debate sobre cómo generar trabajo está en la agenda oficial. Finalmente, veremos cómo se va a ir definiendo el cruce del desarrollo productivo con la política de planes que tiene Desarrollo Social.
YAPA: FUNES, EL MANDADERO
El abogado laboralista que preside de la Unión Industrial Argentina viene con perfil alto en los debates públicos. El mencionado líneas arriba rechazando la reducción de la jornada laboral. Ahora fue con el plan de vacunación en relación a los trabajadores que desarrollan tareas en forma presencial: “Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración“.
Sin meternos en la polémica, Funes de Rioja está cumpliendo el papel para el que fue contratado en la UIA, provocar y poner en agenda debates del empresariado reaccionario que encabeza Techint abiertamente opositor a cualquier gobierno que busque poner algún límite o pegando para facilitar o abrir negocios.
Funes de Rioja es un mandadero de lujo, pero el debate real es con las corporaciones de las que es un eficaz representante. Su elección provocó polémicas dentro de la propia UIA porque había sectores que buscaban que haya un industrial y no el dueño de un estudio jurídico para defender los intereses patronales.
Permitiéndonos una variante del dicho popular en este caso: por las palabras y acciones del chancho, podemos conocer al dueño.
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