Por Juan Cruz Contreras *
La carne volvió a ser eje de todos los debates luego de que el gobierno nacional decretara el cese de las exportaciones por 30 días, ante la subida ininterrumpida del precio de todos los cortes en mostrador. La suba de diciembre 2019 a diciembre 2020, estuvo cerca del 75%, más que duplicando los aumentos de los trabajadores bajo convenio colectivo y más que la inflación general. El impacto político en sectores de ingresos medios y bajos siempre es demoledor y se agiganta en años electorales.
La contención de la inflación, especialmente en los alimentos básicos (carnes vacuna, aviar y porcina, aceites, fideos, yerba, arroz, lácteos, azúcar, harina, etc.), es prioritaria para el gobierno. Para dar contención a la escalada de precios ha desarrollado desde hace más de un año una batería de medidas ambiciosas, aunque poco coordinadas entre sí: Precios Cuidados, Precios Máximos, Mercados itinerantes, Ferias de productores, regulación de exportaciones, acuerdos de precios por ocho cortes de carne vacuna. La gestión pública está abocada a resolver lo urgente: bajar los precios y ponerlos dentro de una banda de flotación accesible para trabajadores, jubilados y perceptores de la AUH.
La concentración económica del sector productor de alimentos básicos es por demás conocida, incluso estudiada, por varios integrantes del gabinete económico. El precio de los bienes en mostrador refleja la estructura oligopólica en la cadena de valor, comenzando por el precio del maíz (principal alimento para la cría vacuna, aviar y porcina), los criadores, engordadores, hasta llegar a los frigoríficos y supermercados. La intervención estatal en la etapa final del proceso (cupo a las exportaciones, precios máximos, etc.) no tiene impacto sobre la concentración del sector.
Los actores centrales en los diferentes eslabones de la cadena de valor poseen algún activo que los posiciona en un lugar dominante, muchas veces es la gran escala de producción, otras veces es el acceso o control de variables financieras, otras veces el monopolio del comercio de insumos claves (semillas, fertilizantes, patentes, paquetes tecnológicos en general) o el acceso de los mercados finales (exportadoras de cereales, frigoríficos exportadores, supermercados). Esto les permite subordinar al resto de los participantes a sus estrategias productivas, comerciales y financieras.
La formación de precios de la carne tiene dos tensiones grandes: una es la creciente demanda externa, traccionada por China, otra es la presión que impone el creciente costo del engorde basado en el uso del maíz (que explica el 11% del precio en mostrador, según FADA1). Luego se suman los costos de intermediación (transporte, impuestos, comercialización final) que son necesarios para la provisión en grandes áreas urbanas, pero con costos elevado.
Existe una creencia sesgada, o falsa, sobre la necesidad de operar con esas grandes escalas o con el dominio de alguno de esos activos que poseen los oligopolios para poder insertarse en esas cadenas productivas. Eso es así cuando se somete la actividad productiva a ganancias extraordinarias, fomentadas por inversiones financieras que necesitan mercados de exportación con altos precios internacionales o mercados internos oligopólicos, donde los argentinos paguen sus alimentos a precios en dólares. Algo de esto está ocurriendo desde 2015, con salarios que medidos en dólares han caído a la mitad (de u$s 589 en 2015 a u$s 230 en 2020 según el CEA2), y precios de los alimentos han aumentado más del doble en el mismo periodo. No es casualidad que el consumo de carne por habitante haya caído a su mínimo histórico (menos de 50kg/hab/año).
Existen muchos productores agropecuarios, engordadores, feedlots, frigoríficos, carnicerías, mercados y transportistas que no ocupan posiciones dominantes. Pueden pertenecer a la agricultura familiar (según cómo se la defina), pueden ser privados, pymes, cooperativas, etc.; existe una gran variedad de realidades que podrían ser organizados con otros objetivos que no sea la generación de ganancias extraordinarias.
Como mencionamos en una nota anterior3, los precios internacionales del maíz vienen subiendo y presionan sobre la cadena de producción de carne vacuna, aviar y porcina. La participación estatal en el Mercado de Futuros de maíz, herramienta usada por engordadores y empresas avícolas grandes, podría generar certidumbre a los productores y generar acceso de ese insumo básico a mejores precios. Luego, existen frigoríficos medianos y pequeños, públicos y privados, que podrían faenar esa producción y ponerla a disposición de otras cadenas comerciales (no el supermercadismo concentrado de COTO, Carrefour, Jumbo y La Anónima). A modo de ejemplo, el municipio de Tapalqué (BA) posee un frigorífico propio en que faena y luego comercializa a precios 30% más bajos que los de mercado. También podría ponerse esa producción de carnes a disposición de los diferentes mercados de proximidad impulsados por el estado y en las diferentes experiencias de comercialización de la economía popular y social.
La aparición de nuevos actores en la producción de alimentos requiere una alianza entre el estado (nacional, provincial y municipal), el sistema científico y tecnológico (INTA, INTI, SENASA, Universidades públicas) y los consumidores, en la que prime el derecho a la alimentación y la producción ambientalmente sostenible. La tendencia a la concentración económica es la forma normal del desarrollo capitalista, más aún en una economía periférica y primarizada como la argentina. Para que surjan otras tendencias y actores en la producción de alimentos, es necesario que el estado participe activamente al mismo tiempo que combate la urgencia. Si mientras se ataca la urgencia no se van creando o fortaleciendo otros actores y experiencias que puedan en el mediano plazo aumentar la oferta y desconcentrar el sector, el drama de los precios altos de los alimentos continuará indefinidamente.
(*) Licenciado en Economía Política en la Universidad Nacional de General Sarmiento
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