Por Juan Cruz Contreras *
Pese a algunos reclamos e iniciativas, el gobierno nacional no parece encaminado a recrear un IAPI, ni a estatizar lo que queda de Vicentín, ni a crear una empresa de mayoría estatal que remplace la joya menemista denominada “Hidrovía” (nuestro Río Paraná), tampoco parece dispuesto a discutir las retenciones con la impronta de la resolución 125. Cualquier iniciativa de estas lo fortalecería en lo que es hoy la madre de todas las batallas: controlar la inflación. Frente a un año electivo, el gobierno necesita volver a niveles inflacionarios del segundo mandato de CFK, es decir por lo menos por debajo del 30 por ciento anual. Esto no significa que el gobierno no tenga herramientas aún sin utilizar para controlar el aumento del precio de los alimentos.
Ciertamente, el contexto macroeconómico en el que se recibió el Estado en diciembre de 2019 fue brutal, con un país sin crédito, un préstamo del FMI fugado, caída del PBI y las reservas, y un fuerte aumento de la inflación, el desempleo, la pobreza y la indigencia. No hubo un solo indicador económico o social a destacar. A ello se sumó la pandemia del COVID19, dejando una caída del PBI similar a la crisis del 2001 pero con una economía mundial en peores condiciones, donde sólo China logró crecimiento económico en 2020. La inflación, es en parte la respuesta argentina a este escenario, por lo que el gobierno nacional debe procurar controlar el nivel de precios internos de la canasta alimentaria, los servicios públicos, la salud y los combustibles, para que los actuales índices, cercanos al 4 por ciento mensual, no se espiralicen y creen la expectativa de otro año de inflación acelerada.
Más allá que la inflación es evento multicausal, en nuestro país los alimentos cumplen un rol fundamental en esta batalla, sin contar que además tienen un impacto directo sobre la base electoral del gobierno. Los precios de la carne de pollo, cerdo y vaca están ligados directamente a los precios internos del maíz, por ser este uno de los principales insumos de esas producciones. Los sistemas productivos de cría intensiva (feed lots, criaderos industriales aviares y porcinos) demandan masivamente maíz, cuyo precio internacional viene subiendo desde mayo 2020. Asimismo, la demanda de maíz y de carne porcina por parte de China juega un papel importante, junto al nivel de maíz disponible en EEUU. Estas tensiones comenzaron a sentirse ya en nuestro país, que ha comenzado a buscar alternativas para garantizar las cantidades necesarias para su consumo interno y los precios a los cuales se comercializan.
Mercados futuros
Una forma de intervención, es el uso de los mercados de futuros, que es una herramienta financiera que permite pautar precios y plazos de entrega de diversos commodities (petróleo, oro, soja, trigo, maíz, leche en polvo, etc.). Una participación fuerte y estratégica del Estado nacional en el mercado de futuros de maíz, podría dar certidumbre a los productores agropecuarios locales sobre el valor esperado de su producto final, como también de precios y cantidades estimadas a las cadenas de valor, y de los saldos exportables, tan importantes para la generación de reservas.
Además, permitiría arbitrar las cantidades disponibles evitando la concentración en pocas manos, fomentando el desarrollo de unidades productivas de acuerdo a criterios no necesariamente financieros o de gran escala, y mejorar la eficiencia en la distribución geográfica, reduciendo traslados y acopios de granos innecesarios.
Claro que este esfuerzo público por orientar los precios y cantidades de un insumo clave como el maíz por medio del uso de los mercados de futuros, requeriría como contraparte el compromiso de las cadenas de valor cárnica, los distribuidores e intermediarios, los grandes supermercados y los carniceros, para que el precio en góndola respete ciertos parámetros. Y es que, si el Estado garantizará que el maíz se va a conseguir entre determinada banda de precios, los privados deben garantizar una determinada cantidad de kilos de carne en mostrador a otra determinada banda de precios, calculada previamente como porcentaje del maíz en el costo total del kilo de carne congelada.
Ciertamente, esto requiere una gran ingeniería técnica, y sobre todo requiere un gran acuerdo institucional, entre cámaras de productores, engordadores, molineros, supermercadistas, carniceros, cerealeras, consumidores y diferentes organismos estatales.
El gobierno debe además encontrar interlocutores políticos y técnicos válidos y reconocidos para llevar adelante este proceso, mientras que algunas agrupaciones empresarias agropecuarias deberán evaluar cuánto las perjudica que el precio del maíz se dispare y el grueso de la cosecha se exporte, ya que es más conveniente vender carne que vender granos en barcos.
Para que todo esto funcione hay que despojarse un poco del dogmatismo liberal y asumir que, sin intervención del Estado, los que ganan son pocos y lo que ganan no se derrama.
(*) Licenciado en Economía Política en la Universidad Nacional de General Sarmiento
Discusión acerca de esta noticia