Por Juan Patricio Méndez *
El 7 de abril se conoció que la empresa minera canadiense Yamana Gold ascendió a 3000 metros de altura para iniciar el proyecto extractivista “Agua Rica”. Organizaciones, asambleas y vecinos se realizaron cortes y manifestaciones, pero las fuerzas de seguridad respondieron con allanamientos, detenciones y amenazas. Las corporaciones internacionales y las instituciones gubernamentales, nuevamente en alianza.
La zona periglaciar en la que se encuentran las excavadoras de la minera Yamana Gold se encuentra protegida por la Ley Nacional de Glaciares, y además de tratarse de un territorio ya ultrajado por la minera Barrick Gold con el complejo Bajo La Alumbrera, la crisis ambiental y social crece conforme pasan los días. Porque por más que el pueblo de Andalgalá haya rechazado enérgica e históricamente a las mineras en la región, las multinacionales del rubro continúan con sus prácticas extractivistas.
Desde la semana pasada se viene gestando una avanzada que atenta a la seguridad de los territorios y de la ciudadanía en la provincia de Catamarca. La no tan lejana historia en Andalgalá puede obrar de narrador oficial en los tiempos presentes. Luego de los constantes derrames de cianuro a las corrientes de agua potable de la zona, del deterioro y exterminio de los ecosistemas del monte, del abandono sistemático y de la acumulación de residuos contaminantes mineros, Barrick Gold aún sigue impune. Y con este antecedente, cuya herida se mantiene abierta, se le ha dado luz verde a Yamana Gold para continuar con el ecocidio de este modelo.
La lucha por el agua, podríamos decir, es común a toda la nación. De norte a sur presenciamos como distintas empresas, en complicidad con los gobiernos locales y nacionales, deciden avanzar sobre la soberanía de los pueblos. Y Andalgalá no es una excepción. Revista Cítrica subió un tweet donde muestra como, de una canilla, el agua sale color marrón. “Así sale el agua de la canilla en un día de lluvia en Andalgalá, provincia de Catamarca. Allí funcionó, durante 22 años, la minera a cielo abierto Bajo la Alumbrera. El pueblo ya sabe de qué se trata y, por eso, no piensa permitir ahora el funcionamiento de la minera Agua Rica”.
Así sale el agua de la canilla en un día de lluvia en Andalgalá, provincia de Catamarca. Allí funcionó, durante 22 años, la minera a cielo abierto Bajo la Alumbrera. El pueblo ya sabe de qué se trata y, por eso, no piensa permitir ahora el funcionamiento de la minera Agua Rica. pic.twitter.com/j0mMVvUce2
— Revista Cítrica (@revistacitrica) April 12, 2021
Y es por eso que la ciudadanía ha marchado en contra de esta nueva avanzada neoliberal, corporativa e institucional sobre Andalgalá. Pero, como es costumbre, los reclamos no han sido oídos ni resueltos, sino que de ellos han devenido persecuciones, allanamientos, militarización en las calles, detenciones arbitrarias y amenazas. Por su puesto, ninguna respuesta salvo un ya añejo comentario del Intendente del pueblo, Eduardo Córdoba, realizado la semana pasada, quien expresó que “se estaría cometiendo un delito. Vamos a pedir informe de lo que se está diciendo, porque no se ha informado al pueblo ni al intendente, y voy a poner mi decisión política al servicio del pueblo que defiende el agua”.
La dictadura minera
Tanto algunos medios como asambleas denunciaron las acciones que están teniendo lugar en Andalgalá. Desde Asamblea El Algarrobo denunciaron que “la policía de Catamarca, y por orden de la fiscalía, están llevando detenidos a vecinos y compañeros de la lucha por el agua”. También informaron que “hasta el momento, son 25 las órdenes de detención”. Los allanamientos fueron exhortados por la fiscal subrogante Soledad Rodríguez, emitido luego de las movilizaciones del sábado y el incendio producido en la oficina de la minera Yamana Gold.
Sobre este último punto hay que destacar que no existen pruebas que acrediten que los manifestantes ni la ciudadanía hayan incendiado el lugar. Como bien señalan algunos vecinos, “se tratan de maniobras para inculparnos y poder emitir órdenes de detención arbitrarias”. Graciela Chayle, integrante de la Asamblea, indicó en sus redes sociales que fue “allanada violentamente en mi domicilio. Seguramente a muchos de nosotros nos está pasando esto. Revolvieron todo. Lamentable”.
A todo esto, los vecinos rememoran lo sucedido en la histórica represión del 15 de febrero de 2010, cuando 300 integrantes de la Asamblea El Algarrobo fueron detenidos por un corte en el camino hacia la minera Barrick Gold. Enrique Viale, periodista y escritor, detalló en su cuenta de Twitter que las calles de Andalgalá están militarizadas. “Desplazados por toda la ciudad. Intimidando. Persecución, criminalización, detenciones y ahora el ejército. Todo para que entre Minera Agua Rica”.
Desde las organizaciones informaron que las detenciones de los vecinos resultan ser ilegales, y se enmarcan en un claro avance de las instituciones y las corporaciones para continuar explotando, ilegalmente, los territorios.
(*) Columnista de Ambientalismo de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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