Por Matías Cerezo *
Durante dos meses, entre noviembre del año pasado y enero del actual, se llevó a cabo una Audiencia Pública histórica en la Ciudad de Buenos, no sólo por el alto nivel de participación alcanzado sino también por su diversidad y por la pluralidad de opiniones allí vertidas. A lo largo de dos meses lxs ciudadanxs expresaron su posición sobre el proyecto de ley del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y sus aliados (Evolución, la Coalición Cívica y el Socialismo), dirigido a privatizar parte de la tierra pública de la Costanera Norte.
Casi el 98 por ciento manifestó su rechazo. La aprobación del mismo, en segunda lectura, implicaría habilitar la construcción de un barrio de lujo con diez bloques de edificios de 10 pisos de altura (29m) frente al río.
En el debate público sobre la privatización de esa franja costera de la ciudad estuvo siempre presente el modelo de ciudad que queremos. Varios de los problemas estructurales que la ciudad padece, como consecuencia de las políticas públicas llevadas adelante por el actual oficialismo de la ciudad en detrimento de las mayorías, fueron allí abordados.
Se han puesto en juego dos concepciones sobre lo público y el rol del Estado.
¿Queremos seguir viviendo en una ciudad injusta y desigual en la que el Estado es un mero promotor de la especulación inmobiliaria por encima del bien común o queremos una ciudad inclusiva que no nos expulse?
El proyecto de venta y rezonificación de Costa Salguero ha vuelto más visible una política urbana que, desde hace 13 años, está al servicio de la dinámica inmobiliaria, estimulando la venta de tierras públicas; en contra de la posibilidad de una ciudad justa, igualitaria y ambientalmente sostenible. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado un sistema que, en la práctica, funciona al servicio de los negocios de un conjunto de empresarios, a costa del patrimonio de los porteñxs, en el que las corporaciones inmobiliarias actúan sin control y con total habilitación del poder político oficialista.
Una de las cuestiones que ha quedado aún más al descubierto, luego de la Audiencia, es la pura cosmética del gobierno en cuanto a políticas ambientales. El proyecto promovido por el oficialismo disminuirá el espacio verde de la ciudad y presionará sobre los ya existentes. Este año, con el advenimiento del COVID 19, la imperiosa necesidad de contar con espacios verdes y públicos accesibles a todxs se ha hecho aún más evidente. Por otro lado la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 15 a 20 m2 por habitante, existiendo en ciudad sólo 6 m2 promedio, según estadísticas oficiales. Es decir, debe más que duplicar sus espacios verdes y no disminuirlos. El gobierno actual, además, nunca impulsó la elaboración del Código Ambiental como lo exige la ley 2930. Frente a la urgencia de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente, al oficialismo no se le ocurre mejor idea que intentar venderlas.
Cómo y quiénes intervienen en la dinámica inmobiliaria para redistribuir los costos y beneficios del desarrollo urbano es otra de las problemáticas que la discusión suscitada en la audiencia termina de develar. Para el gobierno de Juntos por el Cambio y sus aliados, los costos se socializan y la ganancia inmobiliaria se privatiza, profundizando la desigualdad. Construir propiedades en lugares exclusivos, va a contramano de lo que la Ciudad necesita, y lo único que hace es empujar el valor de la tierra para que sea cada vez más inaccesible.
La desigualdad ha sido el principio orientador mediante el cual el PRO gobierna la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto neoliberal, que fracasó cuando se hizo cargo del gobierno nacional, continúa gobernando la ciudad con los mismos criterios elitistas y meritocráticos revestidos de un marketing político vacío.
La participación ciudadana en la audiencia pública ha dejado al descubierto los objetivos del proyecto privatizador y la política urbana reaccionaria que intentan profundizar a partir del avance sobre el borde costero de la ciudad. Quienes soñamos con una Buenos Aires plural y socialmente justa debemos transformar la lógica y el sentido común impuesto por el oficialismo en la ciudad. La movilización ciudadana potenciada a partir de la audiencia pública nos vuelve más optimistas. Es sumamente necesario realizar todos los esfuerzos posibles para conectar las luchas y reivindicaciones sociales con la agenda política. El desafío es doble, por un lado repensar la ciudad desde un lugar crítico y, a la vez, construir y afianzar el actor social colectivo capaz de impulsar y sostener la propuesta alternativa de ciudad.
La Audiencia Pública constituyó un ejemplo de democracia participativa, práctica tan desalentada por el gobierno de la ciudad. Gracias al enorme trabajo realizado por distintas organizaciones y colectivos se ha logrado colocar en agenda un acto de despojo de lo público, y perforar el blindaje mediático con el que cuenta habitualmente el gobierno porteño. La necesidad de construir participativamente las propuestas para consolidar un nuevo modelo de ciudad es otro de los aprendizajes que nos deja esta experiencia.
En este sentido es auspicioso el proyecto de iniciativa popular presentado hace pocos días por el Frente de Todxs junto a numerosas organizaciones de la Ciudad. Por un lado porque demuestra que es posible la articulación entre el movimiento social y los partidos políticos en torno a una política urbana progresista, y por otro, porque deja en claro que nuestra Constitución, de la cual este año se cumplen 25 años de su sanción, nos brinda los instrumentos necesarios para llevar adelante una democracia verdaderamente participativa y comunitaria.
La iniciativa popular presentada propone dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, deja sin vigor la ley 6289 por la cual el predio de Costa Salguero y Punta Carrasco pasan de dominio público a dominio privado para su futura venta; en segundo lugar, destina el predio a la construcción y emplazamiento de un parque público, de acceso libre y gratuito, a cargo del Poder Ejecutivo y prohíbe la subdivisión parcelaria de las manzanas que lo componen, como así también cualquier tipo de acto o disposición que altere su carácter de espacio verde público y/o limite el acceso público y gratuito al parque.
El desafío ahora es sumar esfuerzos entre todxs para alcanzar las, alrededor, de 40000 firmas, el 1,5 % del padrón electoral, necesarias para su tratamiento parlamentario en la Legislatura de la CABA.
El debate público sobre el destino de Costa Salguero y Punta Carrasco debe ser entendido como la punta de lanza de un proceso de recuperación de la ciudad para todxs y no para que se la apropien unxs pocxs.
La experiencia transitada en la Audiencia Pública, la presentación de la propuesta de Iniciativa Popular, el entusiasmo generado por el protagonismo de diversos sectores sociales, culturales, juveniles, ambientales y barriales; junto al avance en convicciones compartidas, nos impulsan a pensar que algo está cambiando en la Ciudad de Buenos Aires y que promover un camino posible hacia otro modelo de Ciudad no es sólo una utopía. No dejemos pasar esta oportunidad que se nos presenta.
* Espacio Político Cultural Participación Popular/ Frente de todos
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