2021: más feminicidios que días

Por Lorena Fernández Bravo

Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada a puñaladas el pasado lunes 8 de febrero, por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez de 25 años, oficial de la Policía Bonaerense. Este caso es el 44° de los primeros 40 días del 2021, a razón de una mujer menos cada 22 horas, según el padrón de femicidios del Observatorio Lucía Pérez, clara evidencia de lo difícil que aún hoy es combatir la violencia de género que tiene como último eslabón a los feminicidios.

Tras múltiples denuncias que no fueron escuchadas, una perimetral que no fue respetada, un botón antipánico que llegó tarde, muy tarde y una familia y amigues reclamando justicia que fueron reprimides, este caso despertó la ira de una gran parte de la sociedad, porque dejó claro que no hay recurso suficiente para resguardar la vida propia.

Martínez tenía sanciones, traslados, una causa por amenazas calificadas contra una ex pareja, otra denuncia por violación a una nena de 14 años con discapacidad y la causa de Úrsula. A su vez, y no es sorpresa, desobedeció tres veces las últimas medidas restrictivas, sin embargo, no se hizo nada al respecto. Finalmente, el 8 de febrero fue citado por la Ayudantía Fiscal a modo de advertencia. El mismo día asesinó a Úrsula.

Repercusiones por doquier

En la ciudad de Rojas cientos de personas se juntaron durante tres días para reclamar justicia por el feminicidio, luego por la represión que sufrieron el primer día y más tarde para despedir el cuerpo de una nueva víctima del patriarcado.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández, calificó como “tremendo” el femicidio de Úrsula y pidió ser “inflexible con los autores” de estos hechos.

Mientras tanto, desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad expresaron su pesar y, por su parte, desde el Ministerio de las Mujeres de la Provincia, la directora de Intervención de Alto Riesgo y Casos Críticos, Agostina Balastegui, la directora de Mesas Locales Intersectoriales contra las Violencias por Razones de Género, Virginia Denis, y la coordinadora regional, Ángeles Grattone, se trasladaron a Rojas para reunirse con la familia de Úrsula.

Al mismo tiempo, las comisarías del pueblo fueron intervenidas y Asuntos Internos está haciendo “auditorías preventivas” en las dependencias.

En las redes sociales el pedido de justicia con el hashtag #JusticiaPorÚrsula se hizo viral, activistas feministas, periodistas, actrices y otras figuras alzaron la voz con la misma intención. En paralelo se hizo un llamado a todos los varones a tomar conciencia de la violencia de género, a preguntarse cómo se componen sus grupos de amigos, si hay una Úrsula por día, ¿dónde están los Matías?

Declaraciones del Fiscal de la causa

Sergio Terrón es el fiscal que investiga el feminicidio de Úrsula, quien aseguró, basándose en el expediente, que se trata de un “femicidio con alevosía y premeditación” y confirmó que hubo denuncias previas por violencia de género de la propia víctima y de otra mujer. Además expresó que la calificación que le imputará a Martínez tiene como única pena la prisión perpetua.

Al mismo tiempo, afirmó que aún no tienen la certeza de “dónde se encontraron o la capturó el imputado” pero que “se están analizando una serie de cámaras de seguridad” para reconstruir el recorrido del Peugeot 307 del feminicida.

Con respecto a la herida con la cual encontraron al imputado y por la que quedó internado, aclaró: “Estamos investigando si se la autoprovocó con fines suicidas o para simular algún enfrentamiento”.

Proyecto de ley

La diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja, presentó un proyecto para modificar el Código Penal con un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género y también se aplicará la misma medida para les funcionaries que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.

Entre sus fundamentos se detalla que el caso de Úrsula volvió a mostrar la problemática de la violencia de género, “donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, tanto policiales como judiciales, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”.

“Observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, explica el proyecto.

La propuesta que ingresó a la Cámara de Diputados este jueves, dispone además  sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar, “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.

A simple vista la iniciativa da tranquilidad, pareciera traer una respuesta, pero al leer a Ileana Arduino, abogada con orientación en Derecho Penal, seguridad y políticas de género, esa esperanza se desvanece. Arduino reflexionó en su cuenta de Facebook sobre este proyecto y la posibilidad de implementar otras formas de enfrentar estas violencias con una perspectiva no punitivista.

Argumentó que las condenas por desobediencia en el país son pocas, que “la mayoría de las provincias carecen de mecanismos de control eficaces” y que la cantidad de abogadas y abogados para víctimas para todo el país es solo de 35 letrades. Aclaró la gravedad de esto último diciendo: “Lo señalo porque no tener buen acompañamiento jurídico es lo que muchas víctimas en primera persona manifiestan como prioritario, porque eso les permite exigir, no ser subestimadas, por ejemplo, por fiscales o policías, comprender”.

Ante el disgusto con el proyecto y como alternativa al mismo propuso pensar otras medidas, como por ejemplo, cauciones comunitarias. Además, dejó claro que necesitan que su posición sea escuchada, porque ya mostraron que el sistema punitivista no funciona y es necesario repensarlo para que no sea “un constante volver a empezar en el punto en el que todos conocemos, el de la excusa del compromiso para ampliar la picadora punitiva”.

¿Cómo seguimos?

Es necesario y urgente ser escuchadas cuando vamos a hacer una denuncia y que se haga algo efectivo con eso, necesitamos que la línea 144 nos atienda a tiempo, que los organismos que pueden ayudarnos tengan presupuesto y personas capacitadas para hacerlo, que los botones antipánico lleguen antes de que nos maten y sobre todo, que no seamos nosotras las que nos tengamos que encerrar, gritar o suicidarnos por miedo, sino que las medidas sean tomadas a su debido momento sobre los potenciales feminicidas.