El pasado 2 de febrero se celebró el Día Mundial de los Humedales, en conmemoración de la firma del Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Sin embargo, y pese a haber transcurrido varios años desde el primer acuerdo en términos de cuidado de estos territorios, aún no hay ley nacional firme que los proteja. ¿Cuál es el destino de los humedales en el país? ¿Qué dice el proyecto de ley vigente? En este contexto, es prioritario cuidar aquello que nos cuida.
Por Juan Patricio Méndez *
No es exagerado decir que “hay que cuidar aquello que nos cuida” cuando hablamos de humedales. Debemos saber que se tratan de elementos claves para el sostenimiento y desarrollo de la vida humana. Son encargados de mantener la humedad en el ambiente, de funcionar como esponjas y evitar inundaciones, de albergar a cientos de especies de flora y fauna, y de proveer de agua a gran parte de la población. También son fundamentales a la hora de la oxigenación del aire, generando pureza en sus amplios territorios verdes. Y, por último, son claves para mitigar el efecto del cambio climático, regulando el clima de la superficie.
En suma, sus cualidades son de gran importancia para el desarrollo y mantenimiento de la vida humana sobre la tierra. Sin embargo, la legislación para cuidar estos espacios ha quedado muy atrás, y pese a los proyectos de ley que han existido para regular y mantener un control sobre los humedales, muchos de ellos han perdido estado parlamentario. Y, como si esto fuera poco, se han concedido permisos y se han llevado adelante megaproyectos urbanísticos y edilicios sobre estos territorios pese a las advertencias de grupos ambientalistas y de la misma ciudadanía.
La amenaza del extractivismo urbano
El ejemplo más claro es Nordelta, construido sobre el humedal del delta, y cuya existencia ha determinado y cambiado la suerte de los barrios aledaños, provocando constantes inundaciones al perderse la capacidad permeable de los suelos. El avance de diversos agentes sobre los espacios y bienes comunes y públicos ha sido un signo de la política extractivista en los últimos tiempos. Y mencionamos esto porque la pérdida de la “línea de la ribera” ha dado origen a múltiples apropiaciones de territorios.
El espacio contenido dentro de esta área es de dominio público, y es deber de las provincias establecer dichos límites. La creación de barrios privados, puertos individuales, playas artificiales y clubes náuticos son ejemplos reales de lo que conocemos como “extractivismo urbano”, que explicita las divergencias y desigualdades en las ciudades producto del desarrollo de un “modelo planificado”. “Quien tiene una propiedad lindera a un cuerpo de agua debería tener claro que su propiedad no llega hasta el borde mismo del agua, sino que debe respetar esa línea invisible e incluso, según el nuevo Código Civil y Comercial, dejar 15 metros libres de todo tipo de construcción dentro de su propiedad y contiguos a esa línea”, señaló el portal Humedales en Red, en virtud de las mencionadas apropiaciones.
Vivimos, en consecuencia, en un extractivismo acelerado, y cotidianamente enfrentamos esta condición. Más cuando hablamos de problemáticas ambientales y de apropiación ilegítima de bienes comunes y naturales. Incluso, hoy en día los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se enfrentan a un “fetichismo” de la propiedad inmueble, que intenta vender los terrenos de Costanera Norte para habilitar la construcción de un conglomerado de diez edificios de hasta diez pisos de altura. Los vecinos y las organizaciones han dado su contundente opinión en la audiencia pública celebrada, con un 98 % de rechazo y con múltiples encuentros y movilizaciones reclamando la construcción de un gran espacio verde y público.
Realmente público, sin apropiaciones de ninguna índole, y respetando dicha línea de la ribera. Y porque es necesario contar con espacios verdes: más en una ciudad que durante la última década privatizó más de 150 hectáreas de espacios verdes absorbentes. “La Organización Mundial de la Salud ha establecido como parámetro ‘saludable’ para las grandes concentraciones urbanas, con valores mínimos de entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante y para las grandes concentraciones urbanas, valores mínimos de 1 árbol cada 3 habitantes. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires el promedio de superficie verde por habitante es de 6 metros cuadrados y hay un árbol cada 7 habitantes”, destacó María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.
La existencia de áreas verdes urbanas es uno de los tantos puntos que la Agenda Ambiental 2030 de Naciones Unidas contempla para las naciones. En esta, el equilibrio sustentable y sostenible es uno de los objetivos a concretarse debido a que la crisis climática y ambiental llegó a un punto de cuasi irreversibilidad. La urgencia amerita un cambio de perspectiva productiva y habitacional, si bien las promesas políticas apuntan hacia ese lado, aún tenemos una gran deuda con los humedales, y más aún con los espacios públicos verdes.
“El beneficio que tiene, desde el punto de vista ambiental, para apuntar a bajar la temperatura de la Ciudad, en el marco de un calentamiento global y de cambio climático que están en el primer orden de las preocupaciones de organismos desde una mirada del buen vivir, entendemos que es sumamente preocupante, porque los efectos benéficos que tiene el aire del río, trasciende estas 17 hectáreas que ya son muchas para una ciudad que tiene falta de espacios verdes”, añadió Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos, en entrevista con Radio Gráfica.
La actualidad de la ley de humedales
En el mes de agosto de 2020, el diputado nacional Leonardo Grosso presentó un proyecto que, al día de hoy, no perdió estado parlamentario, algo que no es común en el tratamiento de normativas vinculadas a los humedales. En noviembre, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable para el tratamiento de la ley, con 24 votos positivos y 3 negativos.
El proyecto de ley de presupuestos mínimos excluyó, a diferencia del proyecto original, la figura del delito penal para quienes “destruyan o deterioren los humedales”. Sin embargo, la finalización del inventario nacional y las moratorias correspondientes para que no puedan desarrollarse emprendimientos o actividades económicas sobre humedales si fue contemplado, y quedó dentro del proyecto a debatirse aún en las restantes 3 comisiones a las que debe pasar, para luego ser votado en el recinto y ser tratado, en caso de su aprobación, en el Senado.
Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace, expresó que “la exclusión de la figura del delito penal es un desacierto; esta modificación hace que los esfuerzos por proteger los humedales sean insuficientes. Cerca de 310.000 hectáreas se vieron afectadas en el Delta del Paraná por los incendios, que aún continúan en las Islas frente a Rosario. En este contexto de crisis ambiental y sanitaria, es urgente contar con una ley que proteja a estos ecosistemas y castigue penalmente a quienes generen un perjuicio sobre ellos”.
El texto unificado, denominado, Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales añadió algunos puntos. Un Inventario Nacional de Humedales, cuyo objetivo será generar información sobre la ubicación de los humedales; la creación de un Fondo Nacional de Humedales para financiar actividades relacionadas con la gestión, conservación y protección de los humedales; originará el Programa Nacional de Conservación de Humedales, encargado de la elaboración e implementación de las actividades destinadas a proteger y preservar los humedales; y la puesta en marcha de una instancia de carácter consultivo, el Consejo Consultivo de Humedales.
Luego de haberse perdido la instancia parlamentaria en el año 2013 y 2016, el llamado a los representantes y a la comunidad política nacional es urgente y claro. El pedido de una Ley de Humedales urgente es una voz común en todo el territorio, y debe ser escuchada antes de que sea tarde.
(*) Columnista de Ambientalismo de Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Grafica 89.3
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