En Argentina, la cuestión ambiental quedó relegada a un segundo plano por la pandemia del COVID-19. Si bien se auguraba un primer año con una fuerte “agenda verde”, la aparición del virus desplazó esos proyectos. Sin embargo, la proliferación del agronegocio, el extractivismo, los incendios y el lobby minero estuvieron a la orden del día, mientras que las políticas públicas se han demorado. Del “Laudato Si” a los desastres en el territorio: Cuáles son los objetivos para 2021, cuáles son los balances de este año, qué se espera del Ministerio y cuáles son las deudas.
Por Juan Patricio Méndez (*)
La atención del 2020 se ha ido (merecidamente) con la pandemia. Y más que nunca, los sistemas de salud han tenido que ser reforzados. La presencia de los Estados se ha hecho más fuerte, y pese a que no todos los gobiernos tomaron caminos similares, se han intensificado la construcción de lazos internacionales, de acuerdos comerciales y estratégicos para la elaboración y distribución de vacunas, y las políticas públicas se han orientado en pos de reforzar el sistema sanitario.
Es preciso destacar que no todos los Gobiernos mantuvieron las mismas posiciones ideológicas, ni postularon las mismas acciones políticas. Incluso en la región, Brasil optó por la ponderación del mercado sobre la salud, mientras que Argentina sobrepuso la salud a la economía. “Nuestro interés primero es cuidar la salud de los argentinos y argentinas. Y nadie nos va a doblegar en eso”, anunció Alberto Fernández al comienzo de la pandemia. Y más allá de las determinaciones internacionales en la administración de la pandemia, algunas áreas han quedado relegadas, entre ellas la cuestión ambiental.
Al menos en Argentina, la plataforma electoral del Frente de Todos presentó una interesante propuesta en esta materia. En la apertura de las Sesiones Ordinarias Legislativas, el primer mandatario indicó que “a favor de la preservación de las condiciones de vida de nuestro pueblo, queremos construir una Argentina medioambientalmente sustentable”. Y de ello trató la “agenda verde ambiental”, presentada tanto por Fernández como por Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
La “agenda verde” de los agroquímicos: la nación Fumigada
Desde un primer momento, la cúpula ejecutiva estableció, como uno de sus principales objetivos, el establecimiento de políticas públicas sustentables para modificar el esquema productivo actual. El extractivismo y el agronegocio generan, como señaló Juan Cabandié, un ecocidio que “no puede dejar de ser observado”. En dicha consideración se encuentra la emergencia de los agrotóxicos, devenidos en la metodología fundamental del modelo de producción que produjo grandes alteraciones al medio ambiente y a la salud de la ciudadanía en su conjunto. En efecto, el funcionario señaló que los agrotóxicos son “un veneno del cual debemos prescindir”.
Una de las primeras medidas en relación a la transición agroecológica fue la creación de la Dirección de Agroecología a cargo de Eduardo Cerdá, en el mes de agosto. La decisión administrativa número 1441/2020 dió origen a la resolución que creó la Dirección, que opera bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Luis Basterra. La creación de este organismo permite reflexionar sobre la importancia que tiene para los funcionarios la modificación de los esquemas productivos. La “transición agroecológica” emergió como un mandato necesario para ser cumplido.
Sin embargo, los agroquímicos representan otra pandemia. Más de 500 millones de litros de químicos fueron utilizados durante 2019 en el país. Estudios del Instituto de Salud Socio-ambiental de la Facultad de Medicina de Rosario, a cargo del Dr. Damián Verzeñassi, revelaron la existencia de altas concentraciones de estas sustancias en el aire, llevándolo a niveles de toxicidad muy altos. En añadidura, según Javier Souza Casadinho, presidente de la Red de Acción en Plaguicidas de América latina (Rapal), se detectaron hasta 107 sustancias prohibidas por la Organización Mundial de la Salud en alimentos que se consumen cotidianamente, siendo que el 33% de estas son consideradas como “altamente peligrosas”, como el Paraquat y la Atrazina.
Los campamentos sanitarios organizados por la cátedra a cargo del Dr. Verzeñassi demostraron, a través del informe que citamos previamente, “un aumento de las enfermedades endocrinas, respiratorias y alérgicas”, siendo que “la causa de muerte que aparece con mayor fuerza, es el cáncer”, producto de los químicos dispersos en el aire. Lo cual, de por sí, plantea una crisis en el sector de la salud, más allá de la aparición de nuevas cepas de coronavirus. Existe otro enemigo invisible que es el agronegocio, y que con sus políticas extractivas, fumiga pueblos enteros, enferma poblaciones y destruye los suelos.
La creación de la Dirección Nacional de Agroecología sienta las bases para la elaboración de políticas orientadas a reconstruir el territorio devastado por el extractivismo, y además plantea la necesaria transición a un modelo productivo sustentable y sostenible, lo contrario al modelo actual. Sin embargo, no es suficiente solo con esto: es solo el puntapié inicial para comenzar a hablar en términos de ecología y de sustentabilidad y cooperativismo. Para eliminar las modalidades destructivas del capitalismo productivo, se debería invertir, en su totalidad, el esquema vigente. Y, por ahora, estamos lejos.
La deuda para el 2021 será la elaboración y aplicación de más y más eficientes políticas en materia ambiental. En relación a los agroquímicos, se mantuvo la línea de utilización de pesticidas por lo que las empresas químicas siguieron promulgando su negocio extractivo. Sin embargo, en materia jurídica, algunos fallos resultaron esperanzadores. Por ejemplo, por la muerte de Nicolás Arévalo, un niño de 4 años que murió intoxicado con residuos de endosulfán en abril de 2011, en un nuevo debate un tribunal le impuso 3 años al productor hortícola Ricardo Prietto, responsable de fumigar con dicho químico sus plantaciones.
“los agroquímicos son un veneno del cual debemos prescindir”
En octubre, la Cámara Federal de Rosario confirmó la prohibición de fumigar en Pergamino y zonas urbanas. Previamente, los niveles de contaminación de agua de dicha localidad bajaron drásticamente gracias a la cautelar emitida en Julio del mismo año. “La medida cautelar de restricción de aplicaciones a 1095 metros evitó que se aplicaran productos plaguicidas en las proximidades de las zonas de bombeo y extracción de agua”, señaló uno de los puntos del auto resolutorio. Además, en La Pampa se promulgaron dos leyes claves para reducir el uso de agroquímicos: la Ley de Gestión Integral de Plaguicidas, que determina las distancias mínimas que se deben cumplir al aplicar este tipo de productos, y la Ley para el Desarrollo de Sistemas de Producción Agroecológica.
En conclusión, en materia de agroquímicos hay intenciones políticas para avanzar en la transición agroecológica, aunque aún falte mucho para generar un cambio concreto. Las deudas son muchas, ya que aún hay municipios que no regulan la aplicación de fitosanitarios, pero hay avances en relación a años anteriores con restricciones en el uso de dichas sustancias.
El Plan de Políticas Ambientales: hacia la concreción futura
En el mes de Septiembre, Alberto Fernández y Juan Cabandié presentaron el Plan de Políticas Ambientales “Casa Común”, en el cual se acordaron los tópicos de la agenda ambiental. Además del anuncio del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, se anunció la presentación del Proyecto de Ley de Educación Ambiental y la implementación del cuidado de la “Casa Común”, tal cual lo presenta el “Laudato Si”.
En este entramado, dicho proyecto busca, a través de una batería de medidas y políticas públicas, construir un modelo de Estado sostenible, de consumo responsable, de cuidado del medio ambiente y generador de conciencia ecológica. Se enmarca, a su vez, en el objetivo “2030 de Naciones Unidas” de reducción de la huella de carbono y de emisiones de gases de efecto invernadero, y de la puesta en marcha de Naciones Sustentables a los fines de avanzar en la acción climática global. Este nuevo compromiso se alinea con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el cambio climático a 2 grados centígrados.
Este plan se sostiene en 4 puntos: el lanzamiento de Casa Común, para el abordaje de prácticas agroecológicas, sostenibles y las reservas naturales urbanas, viveros y áreas verdes; el Plan Nacional de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, que apunta al desarrollo sostenible y al crecimiento de la economía circular y el saneamiento ambiental; la Ley de Educación Ambiental que lleva a la transformación cultural; y el Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego para la preservación de los bienes naturales, en un contexto donde los incendios se volvieron (lastimosamente) una mala costumbre.
En relación al primer punto, el Ministro de Ambiente anunció la existencia de 5000 basurales en el territorio nacional. Debido al cúmulo de basura y las condiciones de vida que ello implica, “hay desde problemas neurológicos, de desarrollo del sistema nervioso; malformaciones congénitas; bajo peso al nacer; dengue y cólera”, explicó Verónica Odriozola, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, en entrevista con ANCCOM.
Y más allá de esta grave situación, en el año 2019, mediante el decreto 591/19, el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó los requisitos para la importación de basura de otros países del mundo, principalmente China, convirtiéndose en un caso singular en todo el mundo. En aquel entonces, el ex mandatario señaló que el motivo por el cual se emitió dicha medida era “el aprovechamiento de recursos que otros países descartan, que puede ser útil para la industria”. “La norma es preocupante porque elimina el requisito de inocuidad y peligrosidad de origen, entonces cómo podemos estar seguros de que no ingresen residuos peligrosos. Incluso va en contra de lo que establece la Constitución Nacional. No se puede entender, además, que atenta contra la generación de reciclables del propio territorio”, advirtió Enrique Viale, abogado ambientalista y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación derogó aquella disposición a principio de año, mediante el Decreto 148/2020, publicado en el Boletín Oficial. Cabandié señaló que en los tres meses que la norma estuvo en vigencia “ingresaron 40 mil toneladas de residuos”, complejizando el panorama y profundizando la crisis ambiental de la Nación. En efecto, el llamado a cuidar la Casa Común forma parte de un complejo proceso de transformación institucional, legislativa y social, y dentro de este cambio cultural se encuentra el proyecto de Ley de Educación Ambiental, para modificar las pedagogías y los procesos de producción de conocimiento en clave ecológica, sostenible y sustentable; y el proyecto de Erradicación de Basurales, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Incendios Forestales
Este es, quizás, el tema más importante del año. En el marco del decreto N° 706/2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lleva adelante el Programa Nacional de Manejo del Fuego, que funciona como una herramienta integral de prevención, detección, presupresión y supresión de incendios. Anunciado en el Plan de Políticas Ambientales, este programa buscó formar parte del fortalecimiento en el cuidado y protección de bosques nativos, así como una red de trabajo articulado con distintos organismos locales, municipales y provinciales en el manejo del fuego.
Sin embargo, y pese a la existencia de la normativa y de distintos organismos, convivimos con la desidia extractiva que, en pos de acelerar los tiempos productivos, incendian pastizales para la extensión de la frontera agraria y ganadera. Al día de la redacción de la presente nota, 29 de diciembre de 2020, y según muestra el informe diario del Sistema Nacional de Manejo de Fuego, el país cuenta con 1.151.931,05 hectáreas incendiadas, lo que equivale a un 0,3% de la superficie nacional.
Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 95% de los incendios son provocados por el ser humano. Es decir que casi todas las quemas que hemos vivenciado, visto y sufrido son por intervención del modelo productivo vigente. Como hemos titulado previamente, se trata de la proliferación del ecocidio. Alberto Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, mencionó que “el costo para nuestra sociedad es muy alto”. Asimismo, indicó que “se está viendo la acumulación de un déficit hídrico que venía hace muchos años. Las precipitaciones son menores a lo habitual y se profundizó este último año. Tanto en el Amazonas como en Paraguay, desde donde se alimenta el Paraná, no está habiendo precipitaciones”. Esta carencia de lluvias provoca que “todos los humedales, lagunas y pantanos quedarán secos. Toda esa vegetación que siempre estaba flotando hoy está seca y es un combustible dispuesto a arder”.
“el país cuenta con 1.151.931,05 hectáreas incendiadas, lo que equivale a un 0,3% de la superficie nacional”
Y no solo se trata de sequías per sé. Estos fenómenos son inmediata consecuencia del cambio climático, de la degradación de los climas y los ambientes en el territorio nacional, de las políticas extractivas y el extractivismo, de la proliferación de las fronteras agrícolas, de la exponencialización en el uso de agroquímicos por parte del agronegocio(que destruyen la biodiversidad de los suelos), entre otras cuestiones. En ejemplos, la maximización del negocio sojero (que mezcla transgénesis con agrotóxicos) repercute directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, en la soberanía alimentaria y en estos prolongados procesos de sequía e incendios.
Es verdad que los incendios existen en algunos (y determinados) ecosistemas, y que estos son autorregulados. Sin embargo, cuando ese ciclo se rompe con la intervención productiva humana, los desastres no tardan en llegar. Y de ello, podemos estar seguros, podemos culpar al extractivismo. Porque el fuego en los pastizales no se da de forma natural en todos los terrenos y ambientes, sino que es propio de un determinado equilibrio entre las especies que lo habitan.
Pero hay un proyecto muy interesante que continúa avanzando. El 18 de noviembre de este año, la Cámara de Diputados aprobó y giró a revisión al Senado el proyecto de ley que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años, para evitar “prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios”. El proyecto, presentado por Máximo Kirchner y Leonardo Grosso, reforma la Ley 26.815 del Manejo del Fuego, e incorpora que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”. Asimismo, el documento señala que “no podrá ser modificado, por el término de 60 años, los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales”, a los fines de que los territorios “tengan garantizadas las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.
Sin embargo, las provincias se encuentran incineradas. Los deltas del Río Paraná y el Río Uruguay han quedado devastados, al igual que los bosques nativos chaqueños y sectores de la selva misionera. Selva que, desde Marzo con el conflicto de la sequía en las Cataratas del Iguazú (en complicidad con el cierre de las represas brasileñas sobre el Río Iguazú), atraviesa una profunda crisis hídrica. En este tema, las deudas son muchas, y la reparación es urgente. Más cuando las coincidencias en los testimonios apuntan a la culpabilidad humana en la incineración de los territorios, más que nunca debemos reclamar por un 2021 con aplicabilidad de la normativa vigente, por la sanción de la “Ley de Fuego”, y por la recuperación de los territorios abatidos por el fuego.
“El 95% de los incendios, son intencionales y provocados por el ser humano”
Crisis hídrica: De la sequía al Río Chubut y la megaminería
A fin del año pasado, precisamente en diciembre de 2019, el lobby minero intentó presionar al poder ejecutivo para derogar las leyes 7.722 y la 5.001 en las provincias de Mendoza y Chubut, respectivamente. Ambas son claves para garantizar la llegada del bien común y natural a toda la ciudadanía.
La ley 7.722, conocida como “Guardiana del agua”, fue sancionada el 20 de junio de 2007, y regula la actividad minera impidiendo el uso de sustancias químicas tóxicas, en la minería metalífera en la provincia. Por su parte, la ley 5.001 prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos productivos. A finales de 2019, tanto en Mendoza como en Chubut se vivieron jornadas de tensión en el parlamento y en las calles.
La ciudadanía se manifestó con consignas claras: “el agua vale más que el oro”; “no es no”; “con nuestro agua, no”. En Mendoza, la historia muestra como de la aprobación de un proyecto de modificación para flexibilizar el uso de dichas sustancias, sancionado el 23 de diciembre de 2019 (bajo la ley 9.209), gracias a una masiva movilización, el 26 el Gobernador Rodolfo Suárez pasó a la suspensión de la reglamentación y derogación de la misma. Por su parte, en Chubut no se logró eliminar los artículos 1° y 2° de la Ley 5.001, que son explícitos en la prohibición de la megaminería contaminante. Pero, por otro lado, se intentó a lo largo de todo el año zonificar el territorio para culminar con la aprobación del “Proyecto Navidad”.
Ni para estas fechas pudieron, ya que luego de la presión de los lobbies, e incluso del apoyo del Gobernador Mariano Arcioni en sus redes sociales, el pueblo volvió a imponerse por encima de los poderes empresarios y el anuncio sobre la zonificación quedó frenado. A todo esto, la Segunda Iniciativa Popular (presentada por las Asambleas Unidas y por las organizaciones sociales) planteaba una producción alternativa y sustentable, sin explotar el Río Chubut ni el terreno, y tampoco permitía la utilización de materiales contaminantes. Pero, como todo ambiente es político (como la vida misma), el Proyecto de Zonificación fue enviado a una comisión (la de Recursos Naturales, que preside Carlos Eliceche), mientras que la Iniciativa Popular fue enviada a cuatro.
Allí se comenzó a jugar la carta de la celeridad procesal y política para la normativización de un proyecto. Mientras que la zonificación sube por ascensor, la iniciativa avanza por la escalera. Y gracias a la lucha popular y el aguante de las organizaciones sociales y asambleas ecologistas, aún no hubo dictamen. Aunque no fue gratuito, porque mientras el parlamento sesionaba, Arcioni reprimía.
El Proyecto de Zonificación fue enviado a una comisión (la de Recursos Naturales, que preside Carlos Eliceche), mientras que la Iniciativa Popular fue enviada a cuatro.
La megaminería no fue sumada como un conflicto a la agenda ambiental, y tampoco fue añadida al debate sobre la necesidad de regular “sustentablemente” a la actividad dentro del Plan de Políticas Ambientales. Sería cuestión de analizar seriamente la importancia que tiene la mencionada problemática dentro de la cartilla política actual. Y, de ser así, cómo se van a generar políticas de regulación que impliquen una concreta soberanía territorial, y que no expresen un abandono por parte del Estado. Es el momento de decretar más derechos ciudadanos en la administración de la actividad productiva, y menos regalías impositivas a las megacorporaciones destructivas (como es el caso del aún vigente Decreto 349/2016). Recordemos a Pino Solanas: “La eliminación de las retenciones a la minería se suma a la innumerable lista de ventajas impositivas del sector”
Y en el territorio venimos soportando, año tras año, una crisis hídrica que cada vez se profundiza más. De las sequías en climas húmedos pasamos a la disposición del bien común y natural por parte de las empresas, siendo su fin la explotación del mismo. Hay que pasar a considerar al agua como un bien común universal, en caso de que queramos avanzar con la propuesta del “cambio cultural”, enmarcado dentro del Proyecto de Ley de Educación Ambiental. Si pensamos en el cuidado de la casa común, el agua debe ser nuestro niño mimado. El elemento más preciado que podamos tener, y disfrutar todos de la misma manera.
En tal sentido, el 2020 no presentó propuestas alentadoras en materia acuífera. Su conservación es fundamental para el restablecimiento de los proyectos de vida de cada uno de nosotros, y el entendimiento de la misma como un bien común natural y universal debe ser un mandato. El agua es de todos, como bien señalan las asambleas de nuestra patagonia. Y así debe(ría) ser. En efecto, en esta temática, le debemos más a los movimientos populares que a las políticas públicas.
2021: el futuro, ¿ya llegó?
Digamos que hace rato, ya que las problemáticas ecológicas son de larga data, y lo que en algún momento se dijo en relación a las guerras por el agua, pasó de ser un mito a ser casi una verdad. Del mismo modo, el cambio climático comenzó a jugar en las agendas políticas internacionales, y sobre ello Argentina es consciente. El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirmó, en un comunicado emitido el 12 de diciembre, el compromiso del país al año 2030 en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y reducción de huella de carbono.
En virtud de ello, avanzar en la acción climática global parece ser uno de los principales objetivos de la “agenda verde” 2021. En tal sentido, Cabandié afirmó: “Alberto Fernández, anunció ante la Cumbre de Ambición Climática, a 5 años del Acuerdo de París, una meta de reducción de gases de efecto invernadero de un 25.7 % sobre la contribución anterior”. “Es un compromiso mucho más ambicioso que en el 2016. Para ello, es esencial frenar los desmontes en la Argentina y proteger nuestras cuencas forestales”.
En el 2016, Argentina presentó su primera Contribución Determinada a Nivel Nacional, que implican las reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aquella presentó la meta de limitar las emisiones a 483 MtCO2eq (Millones de Toneladas de CO2 equivalente) con miras al 2030. “Este año, el país asume un nuevo compromiso, cuya meta consiste en no exceder las 358,8 MtCO2eq. Esto implica reducir las emisiones un 25.7 % respecto al compromiso anterior. Esto nos obliga a todos, a la Nación, a las provincias y al sector productivo a trabajar en sintonía para mitigar el cambio climático y avanzar en un desarrollo sostenible”, reflexionó el Ministro.
Por último, añadió que para el año próximo, y conforme a lo establecido en la Ley 27.250 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global, “Argentina comenzará el proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, con una activa participación de actores de distintos niveles de gobierno, sector privado y sociedad civil y la elaboración de la estrategia de desarrollo a largo plazo con el objetivo de alcanzar un desarrollo neutral en carbono en el año 2050”.
La agenda ambiental 2021 parece estar armada en relación al cambio climático y a la reducción de las emisiones. Si bien es un gran objetivo, no hay que olvidar las restantes demandas que aún no han sido resueltas. Para el año entrante, los deseos están depositados en más y mejor calidad de políticas públicas ambientales, en la correcta aplicación de las mismas y en el trabajo articulado con las organizaciones dentro de los territorios.
El futuro ya llegó. Y ahora, hay que hacer. Es el momento de modificar los esquemas vigentes, antes de que la irreversibilidad nos golpee la puerta. Será el momento en donde el futuro no sólo llegó, sino que pasó de largo.
(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos la Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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