Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
Tiempo de incertidumbre que con la llegada de la vacuna, que habrá estado en cada brindis de esta navidad, se busca plantar la bandera de la esperanza. Se va un 2020 que dio vuelta todo y logró un cuestionamiento planetario del modo de producción capitalista. Hay que producir, hay que crecer, hay que… pero ¿para qué y para quiénes?
Este nivel de reflexión es el que propone el Papa Francisco, con encíclicas que nos interpelan ¿Hacia dónde vamos como humanidad?
El ritmo de los desastres naturales aumenta significativamente: incendios, inundaciones, huracanes… Organismos internacionales calculan que desde 1980 hasta 1999 hubo 4.212 desastres que afectaron a 3.250 millones de personas. Del 2000 al 2019 esas cifras treparon a 7.348 desastres con 4.030 millones de afectados. “La naturaleza nos está haciendo llegar un mensaje. Mejor que le prestemos atención”, planteó este año Inger Anderson, director del Programa Ambiental de las Naciones Unidas.
Por eso, para este último número del año, proponemos retomar un texto en el cual se inspiró sin duda el Pontífice, hablamos del “Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo” que Juan Perón publicó en 1972. Allí definía: “La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones”. Asimismo denunciaba que “Las mal llamadas Sociedades de Consumo, son, en realidad, sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto, por el gusto que produce el lucro”.
De allí que hace 48 años el General propuso: “A la irracionalidad del suicidio colectivo debemos responder con la racionalidad del deseo de supervivencia” y afirmó la necesidad de una “revolución mental en los hombres, especialmente en los dirigentes de los países más altamente industrializados”, que “implica comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma de doble filo, que el llamado progreso debe tener un límite y que incluso habrá que renunciar a alguna de las comodidades que nos ha brindado la civilización; que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible que los recursos naturales resultan aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre…”
Aquel llamado al Norte no sólo no dio resultado sino que el desarrollo caótico y destructivo se profundiza con una concentración del capital financiero que sólo puede proponer hambre y muerte para los pueblos del mundo. Como clase trabajadora del Sur tenemos mucho por debatir respecto a qué implica una “racionalidad del deseo de supervivencia” en este siglo XXI.
BALANCE. La pandemia de covid-19 trajo al presente un mundo de contagios masivos, miles de muertes, confinamientos, cierre de fronteras y economías semi paralizadas, que provocaron en el lapso de pocas semanas la crisis más abrupta y profunda del capitalismo. Comprender esa dimensión global e histórica de este 2020, es esencial analizar el año en el mundo del trabajo en Argentina.
La victoria del Frente de Todos en 2019 trajo esperanzas de reparación social y económica, de retomar un proyecto productivo con eje en el trabajo argentino, de recomposición salarial y fortalecimiento del mercado interno. Los primeros pasos fueron en esa dirección, con la consigna de “volver a encender la economía” tras el desquicio de los cuatro años de macrismo.
Al recorrer los primeros meses de gobierno del Frente de Todos hubo medidas en esa sentido: doble indemnización para los despidos sin causa por 180 días; congelamiento de tarifas de los servicios públicos; implementación de la tarjeta Alimentar; aumentos para jubilados que cobraban la mínima así como baja en las tasas de los créditos tomados con el ANSES y la extensión del pago otorgando meses de gracia. Paralelamente hubo dos decretos con aumentos de $ 4.000 para los trabajadores del sector privado y otro para el sector público, alcanzando a aquellos que cobraban hasta $60.000 netos. Es decir, medidas que apuntaban a la recomposición gradual de los ingresos populares.
Y llegó la pandemia. Lo que en un comienzo eran inquietantes noticias lejanas de “un nuevo coronavirus” en China, en cuestión de semanas pasó a ser una cuestión global y a configurarse una situación de emergencia planetaria. Argentina no fue la excepción, al punto que se declaró el 20 de marzo el Aislamiento Social y Preventivo y Obligatorio.
La respuesta del Gobierno fue rápida, con las escasas herramientas disponibles, en esta ocasión con una tierra arrasada. Suspensión de despidos, la implementación del Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) por el cual se remuneró parte de los salarios de más de 2 millones de trabajadores de 230.000 empresas; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por el cual se pagó en cuatro oportunidades $10.000; créditos a tasa cero para monotributistas y otros subsidios a PyMES.
La pandemia deja un mundo y una Argentina más desigual, además de exponer con crudeza en la superficie la precariedad laboral de una gran porción de la población.
El empleo en el sector formal logró amortiguar bastante el golpe. No hubo despidos masivos, aunque en muchos casos sí recortes salariales pactados por los gremios con los sectores empresarios en base al artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo. El que más trascendió fue el acuerdo entre CGT y UIA en una decisión que recibió sus críticas, pero fueron muchos los gremios que hicieron acuerdos similares.
Donde la pandemia golpeó con más fuerza fue en el sector del mundo del trabajo que no está bajo relación de dependencia, donde existen diversas realidades que van de la economía popular a cuentapropistas o profesionales que dan su servicio en forma particular inscriptos como monotributistas. Según las mediciones del segundo trimestre del año de trata de 3,8 millones de personas que antes no engrosaban el número de desempleados, pero de hecho tampoco estaban ocupados y generando ingresos por las restricciones de la cuarentena. Según un informe del CETYD (Universidad de San Martín) para el tercer trimestre del año se habían recuperado 2,1 millones de esos empleos, pero aún queda mucho camino por recorrer para lograr números similares a la prepandemia, en una realidad que ya venía muy deteriorada.
Otro rasgo del período fue la suspensión de las paritarias durante los meses más duros del aislamiento. En septiembre se comenzaron a retomar en modo más amplio las negociaciones terminando el año la mayoría de los sindicatos habiendo negociado una recomposición salarial, con bastante disparidad en los aumentos de acuerdo al impacto de las medidas de aislamiento social en el sector. Los trabajadores públicos nacionales, Comercio y Gastronomía son los gremios de mayor dimensión numérica que terminan el 2020 en retroceso.
SINDICALISMO Y GOBIERNO. El presidente visitó la CGT en noviembre del 2019 donde expresó que el movimiento obrero iba a ser parte del Gobierno. Acá hay que hacer una diferencia, no es lo mismo ser parte activa de un gobierno que sostener un proyecto económico que puede ser beneficioso para el pueblo trabajador. El primero requiere una participación en el diseño de políticas públicas que no fue tal.
La pandemia pospuso el debate sobre la renovación del Consejo Directivo en la CGT y con ello discusiones que levantan temperatura. Alberto Fernández no eligió un primus inter pares, repartió barajas para diversos sectores buscando un equilibrio sin tomar partido ni favoritismos. Las cartas fueron para la cúpula de la CGT que almorzó en varias oportunidades en Olivos, otras para Hugo Moyano, algunas para Hugo Yasky, también para Sergio Palazzo y, especialmente en el primer tramo, a representantes de los movimientos populares.
Quedó como deuda la implementación del Consejo Económico y Social, prometido pero no concretado. Funcionarios manifestaron que podría finalmente tener una convocatoria por decreto para comienzos de enero en donde el responsable de coordinarlo será Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, que desde su vuelta a la Argentina se ha movido tras bambalinas. Posteriormente, sí buscaría la sanción por el Congreso Nacional una ley que lo legitime y le de valor de política de estado. Se verá, hasta ahora solo hubo algunas convocatorias amplias, se conformaron algunas mesas por sector, pero no terminó de arrancar.
Quedan los interrogantes del Consejo Económico y Social: ¿Hasta que actores llegará la convocatoria? ¿Qué sectores del movimiento obrero se sentarán en la mesa? ¿Cómo será la representación federal? Son temas a atender, porque dependiendo de quien se siente en esa mesa resultará la agenda de trabajo.
DESAFÍOS 2021. Si las vacunas contra el Covid logran lo inmunización necesaria y no aparece ningún cisne negro, el gobierno prevé el comienzo de una recuperación en la economía del 2021. Los índices en el tramo final de 2020 son alentadores dentro del contexto malo. Viene creciendo la industria, el consumo, la recaudación, el consumo de energía, entre algunas de las variables a analizar. En el frente externo el Ejecutivo despejó los pagos de la deuda externa con los bonistas privados, el precio de la soja viene en alza y habrá que esperar cómo finaliza la negociación del FMI. El Gobierno planteó en el presupuesto un crecimiento económico del 5,5%, algunos economistas estiman que podría ser mayor.
Entre los desafíos urgentes están recomponer el poder adquisitivo de los salarios, fortalecer el mercado interno y generar empleo. “Hay que alinear los salarios y las jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”, lanzó Cristina Kirchner en La Plata días atrás, “que el crecimiento económico no se lo queden tres o cuatro vivos”, agregó.
El interrogante es con qué alianzas políticas el gobierno puede avanzar hacia esos objetivos. A la vez está en debate la matriz productiva en una entramado económico dominado por bancos privados y las corporaciones formadoras de precios.
ACEITEROS. En el Panorama anterior hemos explicado en detalle un conflicto donde no sólo está en juego el salario de los trabajadores del sector sino la soberanía nacional. Ya son 19 días de huelga, donde la unidad obrera logró frenar la actividad de los 22 puertos que exportan granos.
Como dato a tener en cuenta, entre las cuatro gigantes del comercio de granos ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfous (ABCD) dominan el 90% del intercambio de los cereales, el café, el cacao y la soja del mundo. Es decir que tienen espalda para dar pelea con un sindicalismo que en Argentina sigue mostrando su capacidad de lucha y resistencia.
El elemento a tener en cuenta es que en diciembre el gobierno terminó con la disposición macrista que no ponía restricciones temporales a las empresas para liquidar la cosecha, ahora las obligan a hacerlo (en granos por ejemplo son 15 días desde que tienen el permiso de embarque).
¿Esta intransigencia patronal en la negociación paritaria está vinculada con la voluntad de no traer los “agro dólares” para empujar una devaluación? Veremos cómo actúa el gobierno, porque el referente de la CIARA (Cámara Aceitera) es Gustavo Idígoras que lidera el Consejo Agroindustrial “aliado” al Ejecutivo.
Cabe destacar, para entender el nudo del conflicto, la declaración de URGARA, SOEA San Lorenzo y la FTCIODyARA de esta semana titulada “Navidad en huelga”. Allí los gremios en unidad denuncian: “Quieren disciplinar a los trabajadores y desestabilizar al gobierno”.
“Por un lado, disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora: la reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio, y la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado”.
“El otro objetivo es extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo. No sólo buscan la aprobación de su proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial que ellos mismos crearon y presiden, que implica nuevas rebajas de retenciones para las agroexportadoras y otros beneficios fiscales, sino que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino que también redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias”.
El martes por la mañana continúan las negociaciones. Fuentes gremiales aspiran a lograr un acuerdo y es muy posible que el gobierno haga lo posible en ese sentido. Cómo se resuelva esta disputa puede ser quizá determinante para la política económica hacia delante. Recordemos que está en juego también la soberanía porque los sindicatos insisten en que el estado tiene que tener más intervención en esta actividad clave. Vicentin fue la muestra de un accionar ingenuo del Ejecutivo en un territorio que está hace tres décadas en manos de las corporaciones.
YAPA. ¿HACIA UNA NUEVA CGT? Dentro de las múltiples consecuencias que generó la pandemia, una de ellas fue la extensión de los mandatos en todas las organizaciones gremiales, incluida la CGT. Inicialmente las renovaciones fueron pospuestas hasta septiembre, luego hasta el 28 de febrero de 2021. Es decir, cumpliendo todos los procesos la renovación en la central obrera podría darse para mitad del próximo año.
Terminando el 2020, aún es difícil precisar qué va a ocurrir con esa renovación. Hay un escenario abierto, actualmente de convivencia dentro de ciertos parámetros de diplomacia, pero fría, lejos de consolidar un bloque más o menos homogéneo. Cada tanto alguna declaración altisonante de Hugo y Pablo Moyano mueven un poco el tablero, pero sin pasar a mayores.
Hay dos grandes bloques hoy en torno a la CGT que tampoco son homogéneos puertas adentro, también un tercero pero que no logra levantar vuelo en el debate público. Uno de ellos es el actual Consejo Directivo con gremios cuantitativamente importantes como Comercio, UOCRA, Sanidad, UPCN, entre otros, que en una posible votación cuentan con una cantidad de congresales que le dan fortaleza en ese terreno de la disputa. Este año de gestión estuvo marcado por el acercamiento a la Asociación Empresaria Argentina (AEA) avalando un documento con la agenda de las corporaciones. Otro de los temas que más llevaron a las reuniones con el Presidente fue la problemática de las obras sociales.
El otro bloque es el que tuvo una postura de confrontación durante el macrismo con el moyanismo y la Corriente Federal de Trabajadores, que coincidieron en el Frente Sindical para el Modelo Nacional pero luego los caminos se bifurcaron.
El moyanismo tiene una tradición hegemónica que le da potencia, pero a su vez limita la capacidad de sintetizar un liderazgo. Un fuerte personalismo, conflictos de encuadre con otras organizaciones, así como el apoyo a listas opositoras en otros gremios hacen ruido y enturbian la interna.
La Corriente Federal que tiene como referentes al bancario Sergio Palazzo y al gráfico Héctor Amichetti que este año consolidó la relación con sectores pymes y cooperativos en el Espacio Producción y Trabajo. El planteo sigue siendo la necesidad de promover la unidad, pero logrando que la CGT tenga un programa, que plantee un proyecto de país propio como referencia para la participación política.
Finalmente está el espacio “Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional” que tiene como principal referente a Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, pero no ha logrado levantar vuelo en el debate en el debate gremial.
Pero sí podemos pasar en limpio algunas certezas. Una es que la vuelta de la CTA de los Trabajadores a la CGT quedó en declaraciones, no tuvo un avance real, tampoco los trabajadores de la economía popular. Dos inclusiones que de concretarse en algún momento podrían cambiar el equilibrio de fuerzas interno.
Cambiar las autoridades de la CGT no es solo una formalidad, se juega allí el perfil que tendrá la herramienta política más importante del movimiento obrero. Para profundizar un modelo productivo con justicia social, es necesaria la participación y el respaldo de los trabajadores organizados. Por eso es importante la fortaleza que puede dar la CGT para construir y consolidar ese camino, un protagonismo que hoy no asume.
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