Luego de debatirse el proyecto de zonificación minera en la provincia de Chubut (a la espera del resultado final), y a sabiendas de las operaciones mediáticas y políticas, y de los lobbies de las empresas con las instituciones provinciales, se viralizó un audio cuya protagonista sería la diputada Leila Lloyd Jones, quien indicó que se pagan coimas de 10 millones de pesos a cambio de votos a favor del proyecto. Se avecina un escándalo político en medio de un debate que preocupa a toda la población por el recurso hídrico y la contaminación minera.
Por Juan Patricio Méndez*
Ecocidio en puerta, extractivismo a la orden del día. Y, mientras tanto, las corporaciones internacionales, mediante el lobby, pretenden intensificar las actividades insustentables a lo largo del territorio. No es necesario hacer una exhaustiva investigación para conocer el papel que juega el lobby en la política. Hace poco, a fines del 2019, grandes grupos económicos, entre ellos los inversores de Pan American Silver (empresa que administra el “Proyecto Navidad” en Chubut), presionaron a la gobernación para derogar la ley 5.001, que “prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción”.
Del mismo modo, con un proyecto de zonificación en la mesa de debate, nuevamente se vió como distintos grupos comenzaron a operar en sus áreas de especialización. Los lobbies empresariales han presionado a la gobernación y a diputados para promulgar el mencionado proyecto. Tal es así que el mismo fue enviado solo a una comisión (la de Recursos Naturales), mientras que la Iniciativa Popular (presentada como alternativa productiva con énfasis en la sustentabilidad y la soberanía de los pueblos sobre los “bienes comunes) fue enviada a 4 distintas. En políticas públicas hay una máxima: “los proyectos de ley comienzan a jugar su partido en las comisiones a los que son enviados”. Desde el vamos, hay una clara intencionalidad de apurar uno de los dos.
Y esa aceleración coincide con el proyecto que las mineras pretenden. La zonificación de los territorios de Gastre y Telsen para la explotación metalífera y minera del suelo, para la cual el Río Chubut es clave. Por su caudal de agua y por atravesar la provincia. Cabe mencionar que la la Cátedra de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco realizó un informe sobre el río Chubut, y concluyó que, de habilitarse la zonificación, “las mineras dispondrán del 75% de la cuenca por lo que podría afectar a toda la provincia”. “Es mentira que el proyecto Navidad sólo afectaría a la cuenca del Sacanana, además se dice como si eso fuera poco. Sacanana podría abastecer a 300 mil habitantes durante 100 años” declaró Cristian Hermosilla, geógrafo y miembro de la cátedra.
El audio del que todos hablan
Como si todo esto fuera poco, hace unos días apareció un audio donde una diputada aseguró que hay otros legisladores que recibieron 10 millones de pesos para aprobar el proyecto de zonificación minera que tanto anhelan las corporaciones. Lo cual, como era de esperarse, desató un escándalo político en toda la provincia. Por un lado, por que habla de la crisis de representación política de quienes dicen ser los representantes de los intereses de la ciudadanía, que cada día se encuentran sentados más cerca de las empresas. Pero también porque expone los manejos oscuros de un sector que se maneja con una impunidad inverosímil.
Se trata de la diputada Leyla Lloyd Jones, quien ya fue citada por el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, para determinar si el audio es o no de su autoría. En caso negativo, la denuncia realizada por el legislador Miguel Antín, y las legisladoras Xenia Gabella y Mariela Williams quedará trunca. En caso de ser quien haya emitido dicho audio, el procurador manifestó que “deberá acompañar las pruebas que acrediten sus dichos, que acerque toda información o elemento que sea de su conocimiento o se encuentra a su disposición que pueda servir como evidencia de los hechos”.
En el audio, se mencionan fuertes afirmaciones en respuesta a los manifestantes, en donde se puede dar cuenta no sólo de la presunta existencia de coimas en montos millonarios de dinero, sino también, de contratos laborales. “Les dije que vayan a pedirle trabajo a los diputados que votan a favor, que a ellos les pagan 10 millones de pesos y les dan unos contratos que los pueden hacer trabajar a ustedes, en las mineras”, recita el archivo de voz.
Los diputados denunciantes no se han manifestado de forma clara frente al proyecto. Por un lado, Williams remarcó que es preciso discutir si “sólo es posible la minería para salir de la crisis económica”. Gabella, por su parte, declaró que “no puedo decir minería sí o no, pero debe escucharse a toda la provincia”. En efecto, no hay una postura clara sobre la conflictiva que tiene al pueblo de Chubut, y a las organizaciones de todo el país, en lucha desde hace más de 15 años. Si, 15 años, porque desde el plebiscito de Esquel las corporaciones han intentado sabotear las articulaciones de las asambleas ecologistas del país, y pese a los intentos de presionar a distintos funcionarios, aún no pudieron pasar por encima del valor popular.
La frutilla del postre
Además, el legislador del bloque PRO, Sebastián López, apareció en un vídeo ofreciendo “rosca y contactos políticos” a cambio de protección mediática, cuidado de imagen pública y apoyo en las campañas electorales. En sus palabras, el funcionario solicitó “100 lucas” para incentivar la votación a favor del proyecto minero en la meseta patagónica.
El video es claro, y allí explicó que el enunciatario se trata de una “multinacional”, a la cual le ofreció la posibilidad de “trabajar en equipo”. “El tema es que no me peguen, y que si sale algún boludo lo frenen, esa protección nada más, el cierre con el medio. Y después en campaña, notas”. Añadió además que “esto es un equipo, yo estoy hablando arriba de 100 lucas”.
Para defenderse, López indicó que todo esto se trata de una “opereta”, de cuando no era funcionario. “Este video es falso y extemporáneo” declaró. El contexto en la provincia no es el mejor, y menos luego de las declaraciones del gobernador a favor de una “minería sustentable”, mito que diversos estudios científicos se han encargado de destruir. Podemos poner un ejemplo de días recientes, donde vecinos de la ciudad de Jachal, en San Juan, se quedaron sin agua por la acción de la mina Veladero de la empresa Barrick Gold (la misma que contaminó 5 ríos a lo largo del territorio), que usa 100 litros de agua por segundo. El riesgo de que la zonificación aumente los casos de carencia de agua son altos, y el lobby juega su papel importante.
Los reclamos son claros: la sociedad se ha declarado en contra de la minería. Ha establecido la consigna en donde está más que claro que “el agua vale más que el oro”. Hoy, y tal cual lo hemos mencionado en una reciente nota, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros, y más que nunca se debe dejar en claro que el agua es un “bien común y natural, y para nada una mercancía”.
La diputada Lloyd Jones, por su parte, aclaró en sus redes sociales que se presentará en la justicia como corresponde. Es el momento de no tirar más leña al fuego donde no es necesario. La lucha sigue en las calles de la provincia, y el acompañamiento a las organizaciones ambientalistas en contra del extractivismo debe ser fundamental. No al ecocidio, no a la mina.
(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos La Boca (Lunes a viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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