Costanera Norte: El avance del extractivismo urbano en Capital Federal

Por Juan Patricio Méndez*

La privatización de los terrenos de Costa Salguero y Costanera Norte persigue un fin inmobiliario, claro está. En los ya lejanos años de la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno, 473 eran las hectáreas que aún se encontraban bajo dominio público, y que hoy se encuentran bajo el ala privada. El día jueves 8 de octubre, la Legislatura Porteña aprobó, con 37 votos a favor y 23 en contra, la privatización y rezonificación de un total de 32 hectáreas correspondientes a la Costanera Norte y predios lindantes. Un megaproyecto inmobiliario y de lujo asoma en un silencio, y detrás de una gran nube de idealismos.

En la Ciudad, el paso del tiempo nos ha mostrado que los idealismos previos a la asunción de la jefatura porteña, se han vuelto realidad durante la gestión de Cambiemos. Para dimensionar la magnitud del terreno afectado, 473 hectáreas equivalen a 263 Plazas de Mayo, según el Observatorio del Derecho en la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires, encabezada por María Eva Koutsovitis. Y de aquellas 473, 150 hectáreas eran, previamente, “superficies verdes absorbentes”, o “pulmones verdes”, lo cual es el equivalente a 5 veces la superficie que abarca la Quinta de Olivos.

Las comparaciones son necesarias para no hablar con los números en el aire, y para que todo el conjunto discursivo tenga su anclaje material, al menos, en la inmediatez de nuestra matriz cognitiva. Es por ello que se vuelve fundamental añadir que el protagonista de esta gran obra es un territorio cuyo valor promedio por metro cuadrado es de 9.000 dólares. 

Si bien se aprobó en el día de ayer, el proyecto se encuentra en “primera lectura”. Falta que se debata en audiencia pública para luego, finalmente, tratarse de forma definitiva. Laura Velasco, legisladora porteña por el Frente de Todos, aclaró en Radio Gráfica que se trata de de una “ley de segunda lectura”, porque abarca cuestiones de “tierras públicas, y por eso la votación de ayer todavía no define la situación, sino que hay que ir a una audiencia pública, y luego a una segunda sesión donde se vuelve a tratar, definitivamente, el proyecto”. Aún no es ley, pero el lobby empresario está a la orden del día, y si bien las organizaciones sociales se han manifestado, poco se las ha escuchado desde los representantes del oficialismo porteño.

El Proyecto, en sí

La rezonificación de los terrenos que dan al río en la Costanera Norte y el predio de Costa Salguero implican la explotación de los suelos y el territorio. El pasaje al dominio privado para la gestión empresarial envuelve un negociado que poco tiene de luz, y mucho de oscuridad. Se trata de 17 hectáreas de Costa Salguero y 14 de un predio lindante, separados ambos por la desembocadura del colector del Arroyo Maldonado, donde previamente existió Punta Carrasco. Allí, a la vera del río, Rodriguez Larreta pretende la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura de hasta 29 metros, un Barrio Náutico y algunas zonas que se consolidarán como “espacio público”.

“Se trata de la costa norte de la Ciudad de Buenos Aires, no solamente se trata de tierras públicas y de espacios verdes. Lo cual no es para nada menor, porque en la Ciudad tenemos la mitad de metros cuadrados verdes por habitante que plantea la Organización Mundial de la Salud”, señaló en entrevista la legisladora Laura Velasco.

La venta de los terrenos fue aprobada en diciembre del año pasado, bajo la Ley 6.289, por la cual se autorizó al Gobierno Porteño la disposición y posterior venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco (inmueble identificado catastralmente corno Circunscripción 19, Sección 15, Manzana 184, según aclara la normativa), aunque para la misma se dispuso el llamado a concurso público para dictar la normativa urbanística, y eventualmente, construir. Paso que tuvo luz verde el día jueves, cuando se aprobó el proyecto n° 2094-J-2020, que plantea la modificación de la normativa urbanística del “Distrito Jóven” para otorgar capacidad constructiva, por la cual se levantarán, en 7,5 hectáreas del Sector 5, un conjunto de edificios con un máximo de altura de 29 metros, con calles internas y un “espacio público”.

El entrecomillado es voluntario, y se corresponde a que en materia ambiental, debemos siempre analizar los procesos con lectura lateral. Si bien se dispone que un 65% de este sector esté destinado la “utilidad pública, vías públicas y espacios verdes parquizados”, lo que la geografía urbana y ambiental muestra, con el proyecto frente a nosotros, es la división de la ciudad y el alejamiento del río, que quedará del otro lado de las torres. Y, a grandes rasgos, la construcción de una zona exclusiva (y mencionamos exclusiva porque se trata de un espacio urbano que resignifica el status-quo de quien transite las calles), implica que ese espacio público tome el lugar de acceso a locales gastronómicos, a los edificios y no al río. Digamos, un paseo con exclusividad.

La Ley 6.289 establece, en el artículo 2, “destinar un ancho adyacente continuo a la línea de ribera no menor a treinta (30) metros que sólo podrá ser destinado a espacio verde público asegurando la conectividad y transitabilidad de todo el borde ribereño”. La preocupación que se despierta, a raíz de lo expuesto en este artículo, es que nunca se pone sobre la mesa que lo fundamental es el resguardo ambiental y de la biodiversidad del ecosistema urbano, así como la protección de las áreas fundamentales como son los humedales. Espacios Verdes transitables no implica espacios verdes protegidos, puesto que las normativas que se ponen en juego son distintas, y eventualmente, una rezonificación es más compleja en zonas protegidas. 

El antecedente más directo de un fenómeno similar es el caso del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, cuando el año pasado, el intendente de Campana Sebastián Abella (PRO) intentó avanzar en la rezonificación del terreno, contiguo al Parque, que funciona como zona de amortiguación.

Las exposiciones en la legislatura

El legislador por el Frente de Todos, Matías Barroetaveña, expresó en sesión que “el gobierno de Larreta da curso a una nueva privatización del río. Detrás de la denominación amigable de ‘Distrito Joven’, se esconde el verdadero propósito que es construir torres de 30 metros frente a Aeroparque cuyo destino final será seguramente la explotación de alquileres temporarios”. Asimismo, remarcó que “entre 2009 y 2019 el Gobierno porteño vendió aproximadamente 150 hectáreas a través de 26 leyes que se sancionaron en la Legislatura para autorizar la enajenación de inmuebles, una superficie mayor que la de todo el barrio de San Telmo”.

Por su parte, Santiago Roberto señaló que “este es un fiel reflejo de las políticas que viene aplicando el PRO en sus 13 años de gobierno, donde se han vendido muchas hectáreas públicas en una ciudad donde la emergencia habitacional se profundiza cada vez más”.

Sergio Abrevaya, legislador por el partido GEN, indicó que su negativa se enmarca en que “la posibilidad de construir propiedades de lujo pegadas a la ribera del río va en contra de todo lo que la Ciudad necesita: CABA requiere viviendas para los que no acceden, hoy el 35% alquila”.

Por parte del oficialismo, el discurso presentado onduló alrededor de la idea de “desarrollar distintas áreas de la ciudad”. Esta formación discursiva presupone una necesidad de “explotar aquellas áreas que aún no son ocupadas y que por lo general no tienen uso”. En este intento, la noción de que la no intervención humana está asociada al no uso de una zona, y que en consecuencia, es una zona “improductiva”, tiene un anclaje hasta mecánico y poco solidario con el ambiente y la sustentabilidad de los ecosistemas. 

Por un lado, la posibilidad de pensar a la tierra como un elemento del que el ser humano puede valerse indiscriminadamente es volver a la lógica de la explotación territorial y de los suelos. Por otro lado, la fundamentación de que el no uso del suelo implica una improductividad, da luz a una visión productiva de la ciudad como elemento a ser exprimido.

El pasado lunes 28 de septiembre el Colectivo de Arquitectas envió una carta a la presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura porteña, Victoria Inés Roldán Méndez, solicitando el archivo del proyecto y expresando preocupación por la privatización. 

De la importancia de las áreas verdes en ciudades

Las “áreas verdes” son terrenos que se encuentran sin edificar y que son de gran importancia para el equilibrio ambiental y climático de la ciudad. La metafórica y conocida mención sobre los “pulmones verdes” está muy cercana a lo concreto, ya que estos son espacios que permiten oxigenar el aire circulante, regular las temperaturas, favorecer la absorción de agua evitando inundaciones y equilibrando la humedad del entorno. Verdaderos sostenes de vida y de relaciones sociales en el medio de las gigantes de cemento.

El problema de quitarlas, de convertirlas en cemento, de hacerlas privadas y de uso exclusivo, como vemos, es más grande de lo que los discursos idealistas, abstractos y elitistas intentan demostrar. En este sentido, el proyecto de ley que presentó el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta, contempla excepciones para la construcción y arbitra permisos especiales para empresarios del sector inmobiliario, a los fines de promover la explotación y expansión del extractivismo urbano. 

Con este plan, la Ciudad de Buenos Aires quedará dividida nuevamente: las columnas de cemento impedirán la vista hacia el Río de la Plata, y la concreción de la exclusividad materializará una real frontera hacia dentro, una subdivisión territorial que, en términos ecológicos y sociales, constituye los principios del extractivismo inmobiliario y urbanístico, así como también aseguraría la visibilización de la marginalidad y la desigualdad. 

El río, como recurso ambiental y paisajístico, es de lo más valioso de la Capital Federal. Pero el histórico y sistemático avance sobre las aguas y las costas tuvo como consecuencia el alejamiento de estas respecto de la costanera original y de su ciudadanía. Hoy, lejos de presentarse como una alternativa de esparcimiento y de equilibrio ecológico, toda la zona se encuentra atravesada por la privatización de los terrenos, la transformación y el pasaje de un ecosistema húmedo a un contenedor de basura y desechos urbanos, y la contaminación creciente, tanto del aire como del agua.

La existencia de áreas verdes urbanas es uno de los tantos puntos que la Agenda Ambiental 2030 de Naciones Unidas contempla para las naciones. En esta, el equilibrio sustentable y sostenible es uno de los objetivos a concretarse para dicho año, debido a que la crisis climática y ambiental llegó a un punto de cuasi irreversibilidad. La urgencia amerita un cambio de perspectiva productiva y habitacional.

“El beneficio que tiene, desde el punto de vista ambiental, para apuntar a bajar la temperatura de la Ciudad, en el marco de un calentamiento global y de cambio climático que están en el primer orden de las preocupaciones de organismos desde una mirada del buen vivir, entendemos que es sumamente preocupante, porque los efectos benéficos que tiene el aire del río, trasciende estas 17 hectáreas que ya son muchas para una ciudad que tiene falta de espacios verdes”, añadió en Radio Gráfica Laura Velasco.

La consecuente falta de áreas verdes urbanas, en la Ciudad de Buenos Aires, pone en crisis este esquema sustentable y sostenible, y coloca a la Capital como una de las ciudades más contaminadas del planeta. En vez de revertir este escenario, parece que la política pública transita por otro lado.

“De las 473 hectáreas de tierras públicas privatizadas, 150 corresponden a superficies verdes absorbentes. La Organización Mundial de la Salud ha establecido como parámetro ‘saludable’ para las grandes concentraciones urbanas, con valores mínimos de entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante y para las grandes concentraciones urbanas, valores mínimos de 1 árbol cada 3 habitantes. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires el promedio de superficie verde por habitante es de 6 metros cuadrados y hay un árbol cada 7 habitantes”, destacó María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Menos árboles, menos oxigenación, menos regulación de la temperatura y más calentamiento en la Ciudad. Los habitantes se someten a una profundización de crisis habitacional, sanitaria y también ambiental.

El llamado extractivismo inmobiliario

Poco parece importar la problemática ambiental cuando entra en juego el negocio inmobiliario. La soberanía territorial entra en conflicto cuando el interés económico prima por sobre el interés social, que en definitiva, es el interés público. En consecuencia, el perseguido fin monetario pone en jaque todas las demás estructuras de lo social que puedan estar involucradas. Entre ellas, el equilibrio ambiental.

Si bien las ciudades como Buenos Aires son grandes monstruos de cemento, la existencia de áreas verdes urbanas es de vital importancia para la sustentabilidad y la sostenibilidad del ambiente. Del mismo modo, los parques, la costa del río, la costanera, la reserva ecológica y demás terrenos en la Capital Federal constituyen un respiro ante la asfixia de la densidad del aire.

Si bien nos estamos metiendo en otro terreno, el de la calidad del aire, el extractivismo inmobiliario expone los atropellos y sistemáticos avances sobre los derechos de los ciudadanos a gozar de su territorio, y se entrama con una política de poder de los sectores acaudalados para la construcción de los llamados “barrios exclusivos”, venta del territorio, emprendimientos hoteleros, entre otros, en zonas de terrenos húmedos o de bosques. Lo cual, de antemano, supone la vulneración de un bien común tan necesario como lo es el suelo.

La Dra. Patricia Pintos, en “Extractivismo inmobiliario y vulneración de bienes comunes en la cuenca baja del río Luján”, expone los casos donde el poder económico sentó las bases de los destinos medioambientales, fundamentalmente en la zona de Nordelta, donde el levantamiento del terreno, el movimiento del caudal de agua y el relleno en la zona del delta tuvo como consecuencia el deterioro de los suelos y de las viviendas de las localidades que quedaron debajo del nivel. En este sentido, las inundaciones en la zona son constantes, ya que el agua drena hacia abajo. Y en este claro ejemplo de frontera, y con una ejemplificación tan cruda como el arriba y el abajo, el extractivismo inmobiliario opera destruyendo los bienes comunes, el ambiente y los ecosistemas para nutrir, cada vez más, un modelo de negocio que profundiza las desigualdades y alimenta la especulación.

En este caso puntual de Costa Salguero, y de la consecutiva privatización del suelo de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión del PRO, y luego, de Juntos por el Cambio, la territorialidad como derecho quedó trunca en manos de una gestión que permitió el avance del extractivismo como política pública. En este marco, la pérdida de biodiversidad y el eventual desequilibrio ambiental crecen a ritmos acelerados al igual que los negocios inmobiliarios. 

Es por ello que la conjunción y/o yuxtaposición de los procesos extractivistas y económicos nos trae al plano del “neoextractivismo”. Este concepto, acuñado por Eduardo Gudynas, apunta a ir “más allá de la propiedad de los recursos, sean estatales o no, ya que termina reproduciendo la estructura y las reglas de funcionamiento de los procesos productivos capitalistas, volcados a la competitividad, la eficiencia, la maximización de la renta y la externalización de los impactos sociales y ambientales”.

Como bien lo expone la Dra. Pintos, la “compulsión urbanizadora” sobre sectores orientados a un “segmento premium de la demanda residencial pone de relevancia el carácter que tienen los nuevos desarrollos inmobiliarios”. Al primar exclusivamente la satisfacción del sector productivo inmobiliario, el mercado de bienes raíces pasó a estar “comandado por la lógica de un modelo especulativo rentista que transformó a la producción de fragmentos urbanos en nuevas formas de hábitat con significación propia y a los territorios receptores en sus meros contenedores físicos, llegando a prescindir de los lugares, de su historia y su cultura”.

Aquí hay un entrecruzamiento, y se da en el encuentro entre la política pública y el cuidado del medio ambiente. La consideración de los suelos como meros depositarios de cementos o de inmuebles, desdibuja la función primordial de los mismos, que es la de ser base y equilibrio de las relaciones ecosistemáticas, ambientales y sociales. Es fundamental para almacenar carbono, por lo que se vuelve un oxigenador principal, al mismo tiempo que su capacidad de absorción permite la regulación del clima. 

El extractivismo, como política cotidiana, ha colocado a los suelos a merced del mercado inmobiliario, y por lo tanto, supeditado la biodiversidad a la renta. Negocio, para pocos y para nadie.

Cabe recordar que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en un top desfavorable en materia ambiental. Según el informe “World Air Quality 2019”, la ciudad de Buenos Aires ocupa el puesto número 63 en ciudades más contaminadas del Planeta. Hacía dentro, y gracias al informe publicado por el CONICET y Greenpeace en el 2019, Caballito y Congreso encabezan el ranking de los barrios porteños con más polución.

En este escenario de agudización de la crisis ambiental, hay que destacar que el extractivismo inmobiliario se ha convertido en la política cotidiana de la Capital Federal. Los negociados crecen a una velocidad similar a la que crece la crisis climática, y poco se suele reflexionar sobre el estado de los ecosistemas en la Ciudad. Es necesario revertir esta política e implementar programas y proyectos de intervención sostenible en todo el territorio nacional. Lo pide a gritos la ciudadanía, los jóvenes y el mundo.

(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3