El juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo, dictaminó que el 1 de octubre se lleve adelante el desalojo de las tierras ocupadas en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón. “El Gobierno (provincial) no quiere que esto termine de manera violenta”, aseguró María del Rosario Fernández, miembro de la Asociación Gremial de Abogados que asiste legalmente a lxs ocupantes, en Radio Gráfica y remarcó que el desenlace “depende del juez”.
“La Gremial está haciendo una presentación que ya está circulando, donde hacemos una propuesta en concreto de cómo consideramos que esto se soluciona sin perjudicar a nadie. Solicitamos una nueva audiencia, con lo cual obviamente solicitamos un nuevo aplazamiento”, expresó.
Y agregó: “Invito al juez a que lea el fallo de Gustavo Zapata, juez federal subrogante de Bariloche, donde se da la misma situación y, resumiendolo, dice ‘esto no se puede solucionar en sede penal, esto es un conflicto social’, y le otorga al gobierno provincial 15 días para que haga un censo. Otros 15 días para que ofrezca una solución, y después verá que es lo que hace”.
Además, la integrante de la Asociación Gremial de Abogados manifestó que en la toma “hay personas vulnerables, hay discapacitados” y que “un desalojo que va a ser a la fuerza y va a generar conflicto, no es la medida”.
”El gobierno escucha, quiere brindar soluciones”, afirmó María del Rosario Fernández, pero reconoció que el tiempo del que se dispone “es poco”. “El gobierno ingresó el expediente el 16 de septiembre y esta es una toma que ya tiene 70 días. El juez puede argumentar esto”, destacó.
“La solución está. No es contraria a derecho, no es una expropiación, no es un fideicomiso”
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires denunció que hubo organizaciones que impidieron que se asista a las familias que ocupan los terrenos. “No fue muy leal la jugada. Si vos tenés referentes, abogados, que están representando a la gente a la toma, tenés delegados, no podés ir por atrás a ofrecerle particularmente a las personas distintas cosas para que se vayan”, aclaró.
Y agregó: “Es divide y reinarás. Alguien va a agarrar lo que ofrece, y ahí se va a empezar a generar conflicto, porque hay mucha gente con necesidad”.
Las y los delegados de la toma, junto a las organizaciones sociales y la comisión asesora de urbanismo, elaboraron una propuesta que consiste en que las zonas conocidas como 20 de julio y San Martín sean adquiridas por el Estado, debido a que no se pudo constatar la titularidad de esos terrenos. Por otra parte, se apoyan en la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat para que se ceda el 10 por ciento del predio del proyecto del barrio cerrado que, actualmente, comprende los barrios La Unión y La Lucha
“La solución está. No es contraria a derecho, no es una expropiación, no es un fideicomiso. Cumplamos la Ley 14.449. El country San Cirano va a hacer tres lagos dentro. El total de los lagos es equivalente a lo que estamos pidiendo para la gente de Guernica. Un poco de igualdad”, graficó.
Y continuó: “La gente no quiere esas tierras, quiere tierra por tierra. Es un problema en serio, que viene de años en Argentina, y con la pandemia se ha incrementado porque la gente ha perdido su trabajo. Verdaderamente no tienen donde ir, no es que les guste estar abajo de la lluvia todo el fin de semana y estar esquivando los tiros de la policía”.
- Entrevista realizada por Lucas Molinari en Punto de Partida (lunes a viernes de 8 a 10hs)
- Redacción por Erika Eliana Cabezas
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