El miércoles pasado dos niñas argentinas fueron asesinadas en Paraguay en el marco de un operativo militar contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). La noticia, difundida por el propio ejecutivo paraguayo como una victoria, fue tornándose con el paso de los días en un hecho repudiado a nivel internacional. El gobierno argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas piden el esclarecimiento urgente del caso.
Sobre el operativo
La asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, interviene hace años en la zona de conflicto con el objetivo de proteger a los menores de edad, hijos e hijas de militantes del EPP. Eduardo Soares, integrante de dicha organización, dialogó con Radio Gráfica sobre el tema: “las niñas decidieron cruzar el río (frontera entre Paraguay y Argentina) para visitar a sus padres biológicos y en ese camino fueron capturadas por el ejército. No es cierto que el ejército atacó un campamento, en realidad era un lugar donde había niños esperando a sus padres”.
Según el abogado, con acceso al expediente de la causa, las tareas de inteligencia (a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta) habían comenzado hace ocho meses: “Querían detectar campamentos, pero el EPP no tiene campamentos porque no tienen el sistema, por ejemplo, de la guerrilla colombiana. Son gente de pueblo, campesinos”. “Acribillaron a las niñas y las vistieron con uniformes impecables del propio ejército que no tienen ni un rasguño. Además, dicen haber perdido las filmaciones del ataque, y fraguaron el enfrentamiento donde las únicas muertes fueron las de las dos nenitas” denunció el letrado.
La cancillería argentina, por su parte, publicó el viernes pasado un comunicado que remarca los “errores” de la justicia paraguaya, que a poco de conocerse los asesinatos, divulgó información falsa sobre la identidad de las menores: “No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas”. Además señalan que “al consultarse el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), fue posible determinar que las fallecidas son dos menores de nacionalidad argentina, nacidas el 29 de octubre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por tanto ambas de once de años de edad”.
“No es posible aceptar que no hayan advertido, quienes fueron testigos de los hechos acontecidos, la escasa edad de las niñas”
El gobierno argentino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, también apuntó contra el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, Héctor Grau, quien acusó a la Argentina de oficiar de “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”. Esas expresiones, según cancillería buscan “encubrir responsabilidades”.
“Tenemos que agradecer a funcionarios de menor rango de cancillería que nos escucharon y se pusieron a disposición de los familiares, el cónsul (Alejandro Herrero) recibió órdenes expresas de estar con nuestra colega paraguaya Daysi Irala, defensora de varios presos políticos del EPP entre ellos, Carmen Villalba y familiares de las nenas” sostuvo Soares.
Reacción de organismos Internacionales
“Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos”, dijo Jan Jarab, representante en América del Sur del ACNUDH, al tiempo que le exigió al gobierno paraguayo “investigar sin demora y de forma imparcial”. Además alertó que su oficina recibió “información inquietante” sobre intentos de manipular evidencias de lo ocurrido. Es “crucial que durante la investigación se tengan en cuenta las normas internacionales de derechos humanos” indica el comunicado del organismo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó en la misma sintonía que la ONU:
#Paraguay🇵🇾La @CIDH repudia la muerte de dos #adolescentes, el 2 de septiembre, en limite de los departamentos de Concepción y Amambay, en una acción de las Fuerzas Armadas del Estado en contra de miembros del grupo armado no estatal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).1
— CIDH – IACHR (@CIDH) September 5, 2020
La causa judicial
La investigación de los dos asesinatos arrancó con irregularidades desde la localización de los cuerpos en la ciudad de Yby Yaú, donde habían sido enterrados por los responsables del operativo. El gobierno desenterró los restos y mediante un gran despliegue militar, los trasladó hacia Asunción. Allí, en la Morgue Judicial, la jueza a cargo del caso, Lici Sánchez, impidió que la abogada de los familiares de las niñas y el cónsul argentino pudieran participar de las pericias forenses. “Ella (la jueza) me echó, amablemente, diciendo de que se trata de un acto técnico. Como si fuera que ella es técnica. Ella es abogada, igual que yo. No tiene capacidades de pericia” denunció Irala.
La resistencia de la justicia de aceptar al cónsul de nuestro país parte de la premisa gubernamental de que las víctimas no son argentinas: “existen evidencias de que nacieron en territorio paraguayo, y (son) de madre y padre paraguayos” sostuvo la administración de Benítez. El sábado pasado, un médico forense intentó respaldar la versión de que las menores tenían 15 y 18 años, pero fue el propio fiscal Federico Delfino, quien al poco tiempo tuvo que reconocer las edades que constan en el RENAPER.
Otra maniobra desesperada de encubrimiento quedo en evidencia con la destrucción de la ropa que llevaban las niñas (la débil excusa del fiscal fue que podía propagar el coronavirus). Sin el material audiovisual del operativo, ni el cuidado de la escena del crimen y la preservación y custodia de la evidencia, será difícil avanzar en el esclarecimiento de un caso que puede generar tensión en la relación bilateral Argentina-Paraguay.
- Entrevista realizada en Desde el Barrio (Lunes a viernes 10 a 13hs)
- Redacción: Leila Bitar
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