El martes pasado la Corte Suprema de Justicia de Colombia dictaminó la prisión domiciliaria para el ex presidente y referente de la extrema derecha, Álvaro Uribe. El actual senador está siendo investigado por manipulación de testigos y fraude procesal, en una causa que podría revelar lo que ya es vox populi en el país: su estrecho vínculo con grupos paramilitares y narcotraficantes.
Por Leila Bitar*
Paradójicamente, la detención dictada hace unos días, es la culminación de un proceso judicial que impulsó el mismo Uribe en 2012. Todo comenzó cuando Iván Cepeda, senador y dirigente de izquierda, acusó al ex mandatario Álvaro Uribe y a su hermano Santiago, de promover el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) una estructura paramilitar que operó en 45 municipios de Antioquia entre 1996 y 2002. El ex mandatario, decidió entonces, denunciar penalmente a Cepeda ante la Corte Suprema por “liderar un grupo de falsos testigos”, para que declararan contra él a cambio de “beneficios jurídicos y económicos”.
Diego Aretz, periodista y columnista del diario colombiano “El Espectador”, consultado por Radio Gráfica, explicó que Uribe “no está siendo investigado por el paramilitarismo, sino por la manipulación de testigos que tiene consecuencias penales serias. Pero cuando se abre una ventana punitiva, se inicia un proceso en el cual todo esta encadenado. El fondo de esto es que muchos ex paramilitares han querido confesar que Uribe tuvo que ver con ellos de manera directa”. Tal es el caso de Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar criado en la hacienda ‘Guacharacas’ de la familia Uribe, quien ha declarado que desde dicha finca familiar, ubicada en el departamento de Antioquia, el expresidente promovía la creación y consolidación de grupos ilegales.
“El paramilitarismo en Colombia nace en los 80, y viene de mano de una formulación de seguridad que unía a ciertos gremios como los ganaderos, los terratenientes, las derechas en las ciudades, los grandes capitales y transnacionales , que participaron de este proyecto que tuvo su cúspide política en el primer gobierno de Uribe”, señaló el comunicador, al tiempo que subrayó que desde esa época “ha habido mucho ruido por la proximidad entre Uribe y los paramilitares que hicieron campaña en sus territorios por él. Es cierto que nunca se ha probado en juicio que él tenga relación directa, pero tiene una cercanía extraña: los Uribe son allegados a los Ochoa, familia mafiosa y ligada a ese mundo del paramilitarismo antioqueño donde se extendió este tipo de práctica”.
“Muchos ex paramilitares han querido confesar que Uribe tuvo que ver con ellos de manera directa”
Por su parte, Christian Arias Barona, especialista en Defensa y militante de Marcha Patriótica Capítulo Argentino, manifestó que “los vínculos entre los narcos y la política, sobre todo en Antioquia, fueron la autopista para llevar a Uribe a la presidencia”. Amparado en el poder que supo construir a lo largo de su carrera política, el ex mandatario logró eludir a la justicia a pesar de estar investigado en un centenar de causas: “para la extrema derecha colombiana él es un referente indudable, tiene un prestigio excepcional para la cantidad de acusaciones que pesan sobre él. Son más de 180 procesos judiciales dormidos en su contra”.
“Uribe goza de un poder que está respaldado por el paramilitarismo y el narcotráfico, lo que le permite tener impunidad”
Sin embargo, la solidez de las pruebas recolectadas por la Corte permitió que tras casi siete años de investigación la balanza se inclinara contra Uribe, quien habría entregado sobornos para tergiversar declaraciones que podrían complicarlo. El hecho de que una figura de tal relevancia y poder curse prisión domiciliaria abre interrogantes en torno a las causas que permitieron este desenlace. Aretz indicó que la resistencia del ex mandatario de alejarse del escenario político es un motivo: “En Colombia los ex presidentes tiene cierto lugar especial a la hora de ser investigados. El tema es que cuando Uribe volvió al senado, perdió la investidura de ex presidente y adquirió la de senador, y ahí sí puede ser investigado más profundamente”.
Por otra parte, el periodista explicó que “el clima tras la firma del acuerdo de paz” es determinante al momento de entender el actual panorama, ya que dicho proceso fue tramitado por “la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que tiene una visión de justicia restaurativa, es una corte que se implementó específicamente para la guerra, para lograr hacer una transición. En este tribunal han ido a rendir cuentas ex guerrilleros, políticos, paramilitares” y en ese sentido, resaltó que “Uribe ha sido un enemigo gigantesco de esa corte desde el día uno, y ha intentado desmontar ese sistema integral de justicia”. La debilidad política y de liderazgo del actual jefe de estado, Iván Duque, a quien algunos llaman peyorativamente “subpresidente”, es otra variable a contemplar para explicar la prisión de Uribe.
“Iván Duque es tal vez el presidente más debilitado de los últimos 20 años”
Barona coincidió en que el Acuerdo de Paz puede explicar en parte, el agotamiento del actual gobierno, ya que éste “le dio a un sector de la política nacional la expectativa de tener otras condiciones de participación. El uribismo fundamentalmente ha sido muy virulento y violento, y en muchos casos apeló a los recursos de represión para hacer política”.
De todas maneras, el especialista recalcó que si bien “el acuerdo limitó la violencia política, ahora está focalizada en lugares donde las organizaciones populares exigen la implementación en puntos sensibles como la solución de las drogas ilícitas. Las organizaciones campesinas vienen exigiendo una política de sustitución gradual, con proyectos alternativos para cultivar otros productos, pero el gobierno no cumple y termina militarizando las zonas”
“Vemos que se da un fenómeno: donde más se militariza hay más muertos en manos de grupos ilegales”
La matanza a líderes sociales es otra arista de la connivencia entre grupos ilegales con el estado: “El gobierno quiere hacernos creer que los narcotraficantes son quienes matan a los líderes, pero hay complicidad entre las fuerzas públicas y los grupos criminales, que siempre se han financiado del narcotráfico. Ese mecanismo que operó de manera muy fuerte durante el gobierno de Uribe, se desarticuló un poco, y con los acuerdos de paz, se activó en zonas muy específicas” sostuvo Barona, al tiempo que denunció que la llegada de tropas estadounidenses al suelo colombiano tiene como principal motivo el refuerzo militar en zonas donde se exige con insistencia el cumplimiento del acuerdo de paz: “El Catatumbo, zona colindante con Venezuela, el suroccidente como el Cauca, la región andina donde hay pueblos indígenas que cultivan coca con otro sentido, son regiones militarizadas. Las fuerzas que llegaron del comando sur en julio van a esas zonas” denunció.
Tras la detención de Uribe, el clima político y social en Colombia es tenso; hubo movilizaciones durante toda la semana, en diferentes puntos del país (Medellin, Cali y Bogotá), a favor y en contra de la decisión de la Corte: “La situación es crítica porque la mitad del país sigue a Uribe. Anoche en Bogotá había unas 600 camionetas manifestando un apoyo absoluto al ex presidente, eso es una noticia que sacude al mundo político y nos deja asustados de que puede pasar a partir de todo esto” concluyó Aretz.
- Entrevista a Diego Aretz realizada en Desde el Barrio (Lunes a Viernes 10 a 13 hs)
- Entrevista a Christian Arias Barona realizada en Punto de Partida (Lunes a Viernes 8 a 10 hs)
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