La Cámara de Senadores sancionó la Ley de Régimen Legal de Teletrabajo por la cual se establece un piso de derechos para esa modalidad de empleo para que luego cada sector en negociaciones colectivas afine su implementación de acuerdo a sus particularidades. La votación tuvo 40 votos afirmativos del Frente de Todos y aliados y 30 negativos de los senadores de Juntos por el Cambio.
Por Leonardo Martín
El Covid-19 aceleró en forma abrupta y masiva un proceso que venía creciendo lentamente como el teletrabajo. Con miles y miles de personas teletrabajando de emergencia quedó en evidencia la necesidad de su regulación para evitar los excesos de los empleadores y la precarización del empleo. Imponer un marco regulatorio para una modalidad que la pandemia aceleró y que a su finalización seguramente se mantendrá en niveles más altos que los prepandémicos.
La sanción del Senado selló un proceso de un debate del cual participaron legisladores, organizaciones gremiales, empresariales y el propio gobierno a través del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que tuvo intervenciones en los debates de comisión legislación laboral de ambas cámaras. La ley se pondrá en práctica a los 90 días que finalice el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Entre los principales puntos, establece su regulación introduciendo el artículo 102 bis a la ley de Contrato de Trabajo, con una igualdad de condiciones entre los trabajadores presenciales con aquellos que teletrabajen. Remarca, además, la voluntariedad para aquellos que decida esa modalidad.
Otros aspectos centrales son la posibilidad de la reversibilidad para el caso de que el trabajador opten por dejar de teletrabajar; el derecho a desconexión impidiendo el abuso fuera de la jornada laboral; la obligatoriedad de que los empleadores provean los elementos de trabajo o paguen una compensación al trabajador por la utilización de los propios.
La ley que regula el teletrabajo entrará en vigencia a los 90 días que finalice el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Un tema novedoso que la ley introdujo fue la perspectiva de género al contemplar las tareas de cuidado a fin de compatibilizar con la jornada laboral; protección del derecho a la intimidad y la posibilidad de las organizaciones gremiales tengan acceso a los sistemas de control de los empleadores para evitar abusos.
Fueron en total 30 los proyectos presentados, 20 en Diputados y los 10 restantes en Senadores. Hubo un esfuerzo de síntesis para lograr condensar los puntos esenciales y comunes de todos esos proyectos. En ese camino hubo un rol central de los legisladores de extracción sindical, varios de ellos integrantes de la Corriente Federal de Trabajadores. Tanto en la elaboración, como el sostenimiento posterior cuando el sector empresario más concentrado embistió contra el proyecto.
El primer paso para la sanción del teletrabajo había sido el pasado 26 de junio cuando se votó la media sanción en Diputados. En el camino a la sanción posterior, las cámaras empresarias de mayor poder de fuego intentaron introducir modificaciones que los legisladores de Juntos por el Cambio, previsiblemente, acompañaron.
El denominado Grupo de los Seis (Unión Industrial Argentina, Unión Industrial Argentina, Cámara de la Construcción y Comercio, Asociación de Bancos Privados y Bolsa de Comercio) intentaron torcer el proyecto argumentando que algunos de los puntos desalientan esta modalidad y que impactará negativamente en la creación de empleo. También que la ley introducía aspectos que afectaba a la dirección y organización de las empresas.
Los legisladores de Juntos por el Cambio hicieron resonar esos argumentos como propios presagiando calamidades que ocurrieron efectivamente en los cuatro años en los cuales fueron gobierno: destrucción de empleo, un impacto en las Pymes, pérdida de oportunidades. Ver quiénes se opusieron y el tenor de sus intervenciones le da mayor valor al proyecto desde una mirada de los intereses de los trabajadores.
LA PARTICIPACIÓN GREMIAL EN LA ELABORACIÓN
Uno de los principales impulsos para la sanción de esta ley fue el trabajo de los legisladores de extracción sindical. En Diputados presentaron proyecto de ley conjunto sobre el tema Walter Correa (Trabajadores del Cuero) y Vanesa Siley (Judiciales), también lo hizo Claudia Ormachea (Bancarios), todos referentes de la Corriente Federal de Trabajadores.
Siley, a su vez, fue la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral de Diputados que tuvo la tarea de maniobrar para lograr el consenso entre los diferentes proyectos presentados. Vale destacar que todos los legisladores sindicales apoyaron la iniciativa votando afirmativamente: Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Patricia Mounier (SADOP), Pablo Carro (CTA de los Trabajadores), Carlos Cisneros (Bancarios), Carlos Ponce (Químicos) y María Rosa Martínez (identificada con la Corriente Federal de Trabajadores). También apoyó el proyecto Facundo Moyano, que tuvo un circunstancial paso por la vida gremial, hoy dedicado íntegramente a la política.
En Senadores, fue el turno de Daniel Lovera, dirigente mercantil de La Pampa y presidente de la Comisión de Trabajo. En medio de críticas de la oposición, de las cámaras empresarias y algunas dudas en el Frente de Todos, sostuvo el proyecto.
Esta participación gremial deja en evidencia la importancia de una participación de legisladores de extracción sindical en el Congreso. De dirigentes que conocen el mundo del trabajo, las necesidades y que pueden enfocar la elaboración de leyes que afectan cotidianamente a millones de trabajadores. Una nota a tener en cuenta para las composiciones futuras del Congreso.
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