Fuentes Seguras. Reforma Judicial: Los contenidos

Por Gabriel Fernández *

Hace pocas horas anticipamos que, tarde pero seguro, se cumpliría la promesa presidencial de proponer una Reforma al Poder Judicial. La idea fue planteada con firmeza durante los dos primeros discursos de Alberto Fernández en el gobierno (asunción y sesiones) y cuenta con el antecedente de aquella iniciativa democratizadora lanzada por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2013, cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo. Hoy como ayer, la réplica de los poderes concentrados a través de sus medios es vulgar, pero efectiva: sostienen que se trata de un intento peronista para lograr impunidad en causas de corrupción.

Esta apreciación liberal se asienta en una acción que, en verdad, ha compuesto un clamor social inocultable: la necesidad de atenuar la influencia de la República Oligárquica de Comodoro Py en la vida política y económica nacional. Siempre docente, el actual mandatario aclaró que “he cuidado que el criterio del juez natural no se pierda. Que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Mi mayor preocupación es que nadie diga que hacemos esto para garantizar la impunidad de ‘fulano’ o ‘mengano’. Hemos tenido todos los cuidados”. Pero ya se sabe: cuando la campaña arrecia, algunos oídos se tornan esquivos.

Zarpando por sobre nuestra opinión, hasta aquí manifestada, vamos a las informaciones que han vertido nuestras Fuentes Seguras en las horas recientes. “El proyecto de Ley incluye la fusión de los 12 juzgados federales con los 11 del fuero Penal Económico. Los 23 juzgados actuales serán 46. Eso se logrará repartiendo cada una de las secretarías que tienen los juzgados actuales con los nuevos”. Así se imbricarán “dos fueros que entienden en materia federal ya que Penal Económico se ocupa de casos de contrabando y de violaciones a la Ley Penal Tributaria. Se repartirán las secretarías que tienen los juzgados actuales con los nuevos”. Los informantes desarrollaron: “Los 46 jueces de primera instancia del nuevo fuero federal se completarían con los titulares de los juzgados de Comodoro Py, de Penal Económico, y con jueces subrogantes provenientes del fuero de Instrucción que no tiene competencia federal”.

Con ese adelanto como eje, recordaron que “en los 12 juzgados de Comodoro Py hay tres vacantes y en el fuero Penal Económico de los 11 juzgados hay una” por lo cual “el Gobierno puede designar los 23 nuevos jueces de Penal Federal más los cuatro que restan para ocupar los juzgados que no tienen titulares. Se designarán, además, 23 fiscales para el nuevo fuero Penal Federal y un número considerable de defensores oficiales”. ¿Y el control? La respuesta fue: “Encima de los juzgados de Instrucción del nuevo Fuero Penal Federal estarán las dos cámaras que ahora actúan por separado. La Cámara Federal que tiene seis cargos y la Penal Económico con otros seis. La fusión de esos dos tribunales será la que revise las decisiones de los jueces”.

Seguimos con los amables portadores de noticias futuras. “La reforma judicial promueve el nucleamiento en un solo fuero de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y la Civil y Comercial Federal”. Aquí es pertinente repasar otras expresiones previas del presidente Fernández: “Es un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien. Es muy ambicioso, tan ambicioso como necesario porque la justicia federal se ha exhibido ante nosotros con un funcionamiento defectuoso. La reforma tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.

La rápida liebre del debate interno ya saltó, antes de la presentación del proyecto de Ley. Pues incluirá un factor dispuesto por la Constitución de 1994 y jamás aplicado: “el traspaso de las competencias de los juzgados de Instrucción nacionales a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La iniciativa dispondrá fecha límite para su concreción”, anunciaron nuestras Fuentes. Con una prevención que al periodista que redacta llamó la atención: “el traslado de los jueces de la órbita nacional a la de la Ciudad será voluntario”. De este punto surgen dos discusiones económicas de interés; la primera algo ramplona, la segunda, de fondo. Será preciso disponer del financiamiento adecuado para el traspaso; y varios letrados advierten que con el entorno de CABA la tensión oligárquica se reconvertirá.

Sin embargo, al visualizar el conjunto de la propuesta, nuestras Fuentes afirman que “el poder de los jueces disminuirá. A diferencia de la discrecionalidad con que se manejaron en los últimos años, solo controlarán que se cumplan las garantías del proceso y no tendrán la posibilidad de conducir las investigaciones tal como lo hacen hasta ahora. Así se atenuará el poder de los arbitrarios que han gobernado Comodoro Py y se acrecentará el de los fiscales”. Retomando los párrafos iniciales, subrayamos: los que están en funciones y los que el gobierno se avenga a designar.

Ni lerdo ni perezoso, el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni expresó que ya era tiempo de impulsar esta discusión y abogó por una entidad suprema con 15 miembros. Los mismos deberían estar repartidos en cinco salas. Lo fundamentó: “Una corte de cinco personas donde tres puedan acaparar todo el poder es una concentración de poder muy peligrosa”. Sobre ese punto específico, nadie anticipó nada. Pero la voz del hoy miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no pasa desapercibida.

Lo planteamos en el texto anterior (cuya lectura sugerimos para acompañar la nota presente, pues los datos ofrecidos hace 48 horas se han corroborado): se avecina un debate histórico. A decir verdad, ya está entre nosotros.