La normativa fue publicada el 23 de Junio en el Boletín Oficial, y deja sin efecto un acuerdo de más de 20 años de antigüedad para el estudio del mosquito transmisor del dengue (Aedes Aegypti) en la Ciudad. El mismo se encontraba a cargo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El cese se produce en un contexto donde la crisis sanitaria golpeó de lleno las estructuras, al mismo tiempo en que esta problemática puntual atraviesa el pico epidémico de casos. Diversos sectores expresaron su preocupación, pero el silencio ha sido ensordecedor.
Por Juan Patricio Méndez*
Más que una decisión aislada, se materializa y reafirma una convicción neoliberal: el Estado, lejos de la ciudadanía, una vez más. Durante el último verano, y fundamentalmente en el periodo 2019/2020, se registraron, aproximadamente, 7000 casos de dengue en la Ciudad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, dejó sin vigencia el convenio con la Universidad de Buenos Aires por el cual la institución académica se encargó, durante más de 20 años, del control, el monitoreo y la evolución del estado de la enfermedad en CABA.
En este contexto, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, María Clara Muzzio, dio de baja los convenios mencionados entre el ente gubernamental y la institución académica bajo la resolución 443/20 publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de junio. En la resolución se hace referencia a que, debido a la crisis sanitaria y a la pandemia, sumada a la parálisis en el sector productivo, y tras “mediar razones de oportunidad, mérito o conveniencia, al resultar financiera y económicamente inconveniente para el interés público”, resulta “conveniente rescindir el convenio específico de asistencia técnica y colaboración”.
A su vez, el documento hizo mención a la ley de emergencia económica en el marco de la pandemia del COVID-19. Según esta, “se faculta a las autoridades del Poder Ejecutivo a disponer la revisión de la totalidad de los procesos que se encuentren en trámite o en curso de ejecución”, dando lugar a “la posibilidad de suspender, resolver, revocar, rescindir, o modificar las condiciones esenciales de las contrataciones en cuestión y en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público”.
Por consiguiente, el disparador del análisis, en términos societarios, políticos y ambientales, es entender de qué se habla cuando mencionamos “interés público”.
¿Qué es el interés público?
En Derecho Administrativo, este concepto implica la intervención administrativa en los campos diversos de la vida social y económica, fundamentando su penetración en la persecución de un interés que deviene público. En la visión de la Ciencia Política, la noción proviene de la necesidad de garantizar el “bien común de la ciudadanía”, la cual pone en manos de los gobernantes (en un régimen democrático) la puesta en vigor de políticas conducentes a servir dicho bien común. Sin embargo, la indeterminación del concepto generó, históricamente, procesos de avasallamientos de derechos, y en ocasiones, ha brindado estrategias y soluciones integrales al conjunto social. El interés público, de todas formas, debe considerarse como una noción constantemente abierta al análisis y determinación por parte de la ciudadanía, que es la que pregona por su propio bien.
Sin embargo, y he aquí el cuestionamiento, la decisión unilateral de finalizar un convenio de la envergadura e importancia que mencionamos, no tuvo en cuenta el interés público que implica la investigación del crecimiento de una epidemia como lo es el dengue, en una ciudad afectada por el contexto crítico de las viviendas y la salud. La búsqueda de una solución en el marco de una preocupación global debería generar la puesta en marcha de políticas públicas orientadas a la satisfacción y resolución de las urgencias ciudadanas, y no profundizarlas.
Por otro lado, vale la pena aclarar que la Ley de Emergencia Sanitaria no prevé el recorte en áreas relativas a la salud, sino que por el contrario, en una situación pandémica como la actual, la misma hace hincapié en reforzar los sistemas sanitarios, fundamentalmente porque el interés público está orientado en el fortalecimiento del sector.
En un pico epidémico como el de este año, el recorte y eliminación de este convenio resultó afectar y profundizar el conflicto, más que promover el interés social. La crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, que según el Observatorio de Derecho de la Ciudad evoluciona desde el 2004, agudiza la situación, y complejiza, aún más, el control del crecimiento de los casos. No solo de dengue, sino también de COVID-19. A la vista se manifestó como, en los barrios populares de la Ciudad, hubo picos preocupantes de coronavirus. Las causas: crisis sanitaria, habitacional y abandono del Estado.
El Dengue: Crisis sanitaria, y también ambiental
El aumento de casos de Dengue, desde la perspectiva del descontrol y desinterés ambiental y la falta de apoyo a las comunidades en muchos campos, ha sido estudiado por científicos como Claudia Zúñiga Vega, del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En su estudio publicado en el año 2008, concluyó que la utilización de plaguicidas químicos y insecticidas biológicos, más que erradicar la enfermedad, trajeron nuevos escenarios de contaminación ambiental producida por la utilización sistematizada de los mismos, así como otras problemáticas asociadas a infecciones respiratorias o afecciones sistémicas.
Por ejemplo, en América Latina se ha utilizado Dicloro difenil tricloroetano (DDT) para la eliminación del mosquito. Sin embargo, en el estudio de Vega, se indicó que el mosquito es resistente al plaguicida, por lo que el desarrollo de la inmunidad al químico produjo que lo residual circule por el aire, y afecte a la población. El DDT es conocido por sus efectos cancerígenos y por los problemas generados en las hormonas sexuales, y si bien está prohibido su uso desde la década del 90, aún existen denuncias de las organizaciones ambientalistas por las constantes fumigaciones en el territorio nacional.
A su vez, la investigadora señaló que “es menester llevar adelante una educación comunal para la erradicación de las epidemias”. En este sentido, “lo ideal es utilizar un manejo integrado de métodos que incluya el control químico, el control biológico y el control físico, integrando a todos los sectores involucrados (gubernamental, médico, privado y comunal)”.
Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señaló, en varios informes anuales, que el aumento de casos de estas enfermedades se da en países pobres o en vías de desarrollo. El dengue, así como otras enfermedades de transmisión similares, como el Chikunguña y el Zika, prolifera en regiones de riesgo y vulnerabilidad. Más teniendo en cuenta que Buenos Aires es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Como estructura, la Ciudad es un factor de riesgo.
El mosquito portador: Aedes Aegypti
El mosquito Aedes Aegypti es potencial portador de varias enfermedades y virus, entre los que se encuentra el dengue, la fiebre amarilla, y las anteriormente mencionadas: el chikunguña y el Zika. Previo a la cancelación de los acuerdos, las autoridades universitarias manifestaron que se pusieron en comunicación con el Poder Ejecutivo de la Ciudad, a los fines de “allanar los caminos para que se pueda continuar con el monitoreo de Aedes aegypti y de mosquitos silvestres, ofreciendo reducir en forma significativa el monto de los convenios mientras dure el aislamiento social”. De todas formas, lo que no se esperaba, y mucho menos en el marco de las crisis mencionadas, es el recorte total de la actividad investigativa.
Cabe recordar que en la temporada 2019/2020 fueron notificados en la Capital Federal un total de 10.380 casos de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti: 10.355 corresponden a dengue, 3 a fiebre amarilla, 11 a chikungunya y otro tanto a zika.
A raíz de la normativa, diversos sectores se declararon en estado de profunda preocupación por la rescisión de los acuerdos. Por un lado, el Consejo Directivo de la Facultad aprobó una resolución en donde solicitó la restitución y “la toma de todas las medidas de prevención necesarias para controlar las poblaciones de Aedes aegypti y mosquitos silvestres de la CABA”. Por su parte, la diputada del Frente de Todos, Lucía Cámpora, manifestó en sus redes sociales que “vemos con preocupación la publicación en el Boletín Oficial de la rescisión, por parte del Gobierno de la Ciudad, de un convenio que sostenía con la UBA, por el cual la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales monitoreaba, hace más de 20 años, la población de mosquitos en la CABA”.
Para una comprensión de la importancia que tiene esta acción, es necesario hacer el recorrido que hicimos sobre la conceptualidad del interés público y por la definición y aclaración de lo que se comprende por crisis habitacional, de vivienda y sanitaria. Bajo un régimen pandémico, lo que más nos beneficia es la defensa del interés público, sumado a un Estado fuerte que promulgue y promueva dicho interés. Pero el recorte en un programa que estudia y controla el crecimiento de la enfermedad en Capital Federal, que padece una profunda crisis en todas las esferas mencionadas, es más grave de lo que se interpreta. Hoy, lejos de la estabilidad, esta interrupción del convenio es más una preocupación que una solución.
(*) Columnista de Abramos La Boca / Radio Gráfica 89.3
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