La desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, constituyó uno de los crímenes más graves contra los Derechos Humanos en la historia reciente de México. El tortuoso y lento camino hacia la verdad que emprendieron las familias de las víctimas, dejó en evidencia un viejo entramado que involucra la connivencia del poder político y las fuerzas de seguridad con el crimen organizado. Con la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, se abrió una ventana de esperanza para dar con los responsables de la masacre. ¿Tendrá el mandatario la voluntad y compromiso político necesarios para empezar a sanar tamaña herida social?
Por Leila Bitar*
Cada 2 octubre los mexicanos se movilizan en conmemoración de la masacre de Tlatelolco de 1968, en la que fueron asesinados estudiantes y civiles por parte de la policía y el ejército en el marco de la denominada “Guerra Sucia”. A fines de septiembre de 2014, como cada año, los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ya habían comenzado los preparativos para trasladarse a la ciudad de México y participar de la movilización. Lo que nunca se imaginaron los jóvenes, es que en Iguala (primera parada en su hoja de ruta) los esperaba una emboscada de la policía local, estatal, federal y hasta del ejército, que culminaría con 6 muertos, decenas de heridos, y 43 desaparecidos.
“Verdad Histórica”
La versión del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto consistió en limitar la responsabilidad del crimen al gobierno local de Iguala, cuyo alcalde (José Luis Abarca) mantenía estrechos lazos con el narcotráfico. La Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Jesús Murillo Karam, llevó adelante la investigación que determinó que la policía de Iguala reprimió a los estudiantes para evitar que éstos se acercaran a un evento que había organizado la esposa del jefe del distrito (María de los Angeles Pineda Villa). Luego de detenerlos, los entregó a miembros de una célula narco conocida como Guerreros Unidos, quienes asesinaron a los 43 jóvenes e incineraron los cuerpos en el basurero de la ciudad vecina de Cocula.
Versión oficial en jaque
Las familias de los estudiantes desaparecidos siempre rechazaron el accionar de la PGR, organismo al que tildaron de corrupto y encubridor, y exigieron sin cansancio la intervención de expertos independientes al gobierno para llevar adelante la investigación. Fue así que invitaron al reconocido y prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que rápidamente se ganó el desprecio de los funcionarios de Peña Nieto al manifestar públicamente posturas contrarias al discurso oficial.
Por un lado, el EAAF demostró que en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante la feroz represión y posterior cacería, no sólo hubo participación de la policía local, sino también de patrullas de las policías Estatal y Federal e incluso militares del 27° Batallón de Infantería. Por otra parte, los antropólogos argentinos expresaron sus dudas cuando la PGR, por su cuenta y sin la participación de otra institución, descubrió restos fósiles en bolsas de un basurero en Cocula. El equipo forense determinó que el ADN de uno de los estudiantes (Mora Venacio) se encontraba en los restos hallados, pero manifestó que no había evidencia para asegurar que los fósiles se encontraba allí antes de que arribara la PGR.
El escenario se puso aún más espeso cuando a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que llegó a México para realizar una investigación propia de los hechos. A contramano de la versión oficial, el grupo elaboró un informe que sostuvo la imposibilidad de que los restos hubieran sido incinerados en el mismo lugar donde fueron encontrados, como expresaba la PGR. Según peritos internacionales consultados por el GIEI, no había evidencia física que indicara que en el basurero hubiera existido un incendio capaz de reducir a restos fósiles los cuerpos de 43 personas. La hipótesis que se desprendió de dicho estudio fue que los restos fueron quemados en otro lugar y transportados posteriormente a Cocula.
Otro dato que incomodó al gobierno fue el informe del GIEI, que reveló que existió una visita al basurero (no registrada en el expediente) de Tomas Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal (dependiente de la PGR), días antes de que se hallaran los restos. Además, hay un vídeo que muestra al mismo funcionario en el basurero con bolsas del mismo color de las que contenían los huesos incinerados. Los expertos independientes denunciaron tras un año de investigación (constanmente obstaculizada por el gobierno) que hubo manipulación de evidencia y torturas a sospechosos para obtener confesiones. Lo más tenebroso se publicó en el informe final: la evidencia de que la policía, el ejército y el propio personal de la PGR habían realizado tareas de vigilancia hacia los estudiantes, muchos antes de ser asesinados.
Tras un año de trabajo y avances claros en la investigación, Peña Nieto decidió no extender el mandato del GIEI, y los expertos debieron abandonar el país en 2016. Más tarde el gobierno, a través del titular de la PGR, Jesus Murillo Karam, reivindicó la “Verdad Histórica” y oficializó el cierre de la causa.
AMLO y los 43
El pueblo mexicano decidió en 2018 poner fin al poder hegemónico del PRI, y Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente del país con un amplio respaldo. El recambio dirigencial en la esfera política tuvo su correlato en el poder judicial, y las decisiones tomadas en torno al caso Ayotzinapa fueron alentadoras: la Justicia emitió una sentencia histórica en la que determinó que la investigación de la PGR no fue efectiva, independiente, ni imparcial, que el organismo carecía de autonomía con el ejecutivo y, en consecuencia, se obstaculizó la investigación del accionar del Ejército, la Marina y la Policía Federal. El fallo también sostuvo que continuaron los crímenes de estado y la violación sistemática de derechos humanos a través de la obtención de confesiones de decenas de sospechosos con métodos de tortura.
Por otro lado, se conformó una Comisión de Investigación de la que participará el Estado Nacional, organismos de DDHH y representantes de las familias de la víctimas, que esperan que se descubra la responsabilidad que tuvieron los funcionarios del gobierno anterior tanto en el ocultamiento y destrucción de evidencia clave, como en el encubrimiento de las fuerzas de seguridad en la masacre. La detención de un alto funcionario de la Agencia de Investigación Criminal (Ezequiel Peña), dependiente de la ya extinta PGR, por participar en la tortura de un maestro, (supuesto sospechoso del caso Ayotzinapa), es otro indicio de que existe al menos, cierta voluntad política de desarmar el entramado de poder que hace décadas opera al margen de la ley, desde la oscuridad y con total impunidad. Otro dato: Tomas Zeron de Lucio, hombre clave en la construcción de la “verdad histórica” y funcionario de la PGR durante el gobierno de Peña Nieto, esta siendo buscado por Interpol.
Es en este escenario que las familias de los 43 renuevan la esperanza de que se rompa el pacto de silencio que impide conocer la verdad sobre lo sucedido la noche en la que desaparecieron los jóvenes, en el marco de un operativo que tuvo la participación de más 100 efectivos de diversas dependencias. México se encuentra ante la oportunidad histórica de terminar con un sistema que hace años alienta el desarrollo conjunto del paramilitarismo y la violencia estatal contra los sectores más vulnerables y contra todo tipo de protesta social. Será responsabilidad del pueblo organizado ejercer la presión necesaria para hacer cumplir con dichas consignas y caminar hacia un verdadero “Nunca más”.
(*) Periodista de Radio Gráfica, co-conductora de Desde el Barrio (lunes a viernes 10 a 13hs)
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