Durante el último fin de semana de enero, organizaciones sociales, asambleas, vecinos y comunidades mapuches llevaron adelante un Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut, en la localidad de El Maitén. El encuentro atravesó la problemática extractivista en la región, el avasallamiento en términos de soberanía territorial y de derechos a comunidades, el peligro de la megaminería y cómo se generan las alianzas para frenar estos avances.
Por Juan Patricio Méndez*
“Mapuche y no mapuche, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, lof y comunidades sacamos la palabra de manera autónoma, solidaria, colectiva y libertaria. Los primeros convocados a nuestro parlamento fueron lo Ngen y Newen de este territorio. También nuestros antepasados se hicieron presentes a través del Witra-Tripal realizada a orillas del Río Chubut”. Así inició el Parlamento realizado este viernes 31 de enero, sábado 1 y domingo 2 de febrero en El Maitén, provincia de Chubut, y que demostró una vez más que el valor de las comunidades originarias es fundamental para comprender las desigualdades históricas.
¿Qué implica este parlamento?
El peligro de la contaminación, así como el avance de las políticas extractivas en la región, es innegable. Las cuencas de los ríos cada vez con menos caudal, zonas desertificadas, llanuras con proyectos activos de megaminería (como el proyecto Navidad, en manos de Pan American Silver, y que hemos mencionado en Radio Gráfica), las detenciones en manos de fuerzas de seguridad a miembros de las comunidades, entre otras, forman parte de un avance sistemático de sectores imperialistas que de sustentables nada tienen.
“Las cuencas del Chubut, Somuncura, Gastre, Sacanana, Arroyo Perdido, Intermedia y Central, parte del Wallmapu, están en riesgo. Es compromiso de este Parlamento actuar conjuntamente en defensa de nuestras cuencas y de la totalidad del territorio”, expresó el comunicado del Parlamento. Las comunidades originarias, así como la ciudadanía en general, en muchos aspectos han perdido el derecho a decidir. También el acceso a lagos, ríos y lagunas. El cercamiento de los mismos radica en la venta, en muchos términos ilegítima, de territorios a empresarios extranjeros para fines variados: explotación de la tierra, del suelo, turismo, etc.
La denuncia no es de ahora. La Quinta marcha por la Soberanía del Lago Escondido es un ejemplo de ello. También lo es la reacción por parte de las fuerzas de choque, que lejos de comprender la legitimidad de los reclamos, han optado históricamente por la reproducción de un mandato de poder extranjero. Así lo explica la nota publicada recientemente en Radio Gráfica: “El camino de Tacuifí es público, hay fallos judiciales que lo confirman, pero el poder del dinero parece determinar”.
En este sentido, los reclamos por la soberanía del territorio se enmarcan en el acceso (que está garantizado constitucionalmente) y en el avance en términos de recuperación territorial. “Este es un paso a la autodeterminación territorial y a la capacidad de decidir por uno mismo, o la kizungenewün”, señaló la proclama del Parlamento. Cuando falta la posibilidad de decidir, la imposición de un determinado modelo productivo avanza, no sólo sobre las conciencias colectivas y subjetivas, sino también sobre las libertades. “Así se reproduce el pino, que genera sequías y destruye los árboles nativos, se propagan fácilmente y son altamente inflamables. O el monocultivo de plantines de frutilla, en donde se utiliza bromuro de metilo, que es contaminante y deja la tierra estéril”, continuó la declaración.
Monocultivos y agronegocio, una metodología productiva que deja muerte y hambre. Y no es casualidad su aparición – en esta nota – junto al extractivismo. Un modelo que despoja de cualquier tipo de garantía sustentable y territorial a los individuos. Sistema que, al mismo tiempo, se articula con protocolos capitalistas de producción.
En relación a lo mencionado en el Parlamento, en tema contaminación, la central preocupación radicó en el debate acerca de la actividad de las empresas en la zona. El rechazo fue general en torno a la gestión gubernamental, que calificaron como “irresponsable sobre los residuos cloacales”. En el mismo sentido, el acaparamiento del agua a través del desviamiento de los arroyos y ríos ha dejado sin agua a muchos habitantes. “En Río Negro, el Departamento Provincial de Aguas entregó permisos a Patagonia Gold para usar agua subterránea en el proyecto minero Calcatreu, y ni hablar de la gestión que secó el Lago Colhue-Huapi”, denunció el Parlamento, al mismo tiempo que exigió la disolución del organismo. “Son parte del negocio del agua”, señaló el comunicado.
Las actividades económicas vinculadas al uso y abuso del agua está altamente relacionado con la ocupación y compra de territorios lindantes, en su mayoría de propiedad extranjera: Estados Unidos, Bélgica, Canadá y Qatar, entre otros. “Las empresas someten a las comunidades y las prohíben de disfrutar las nacientes de los ríos, espacios que fueron ilegítima e intencionalmente ocupados”, declaró el Parlamento. Por último, las comunidades reclamaron por el “desprocesamiento de las luchadoras y luchadores sociales, libertad al lonko Facundo Jones Huala, y solidaridad con todos los y las desobedientes del mundo”
Las asambleas organizadas, las comunidades reunidas y los sectores de lucha expresaron que lo fundamental es continuar con el camino de la recuperación territorial. Por ello, hay que comprender que cualquier actividad de índole extractiva no implica, meramente, un contrato mercantil. Las connotaciones son muchas, y las intencionalidades van más allá de lo observable. Lo único que se materializa es el desastre ambiental que, a medida que pasa el tiempo, continúa reproduciéndose.
(*) Columnista de Abramos la Boca
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