A un mes de la explosión de la fábrica SIGMA Agro S.A. en la localidad de Mercedes no hay novedades de lo ocurrido, ni informes por parte de las autoridades, y los vecinos continúan con el mismo grado de incertidumbre desde el 27 de septiembre. En una búsqueda por conocer el estado actual del hecho, las asambleas y las organizaciones ambientalistas son las únicas que emiten comunicados y proceden a dar información a la población.
Por Juan Patricio Méndez*
Desde el inicio de la catástrofe en el municipio bonaerense, los habitantes demandan una comunicación oficial por parte de las autoridades. La Asamblea Mercedina por la Agroecología (AMA) se manifestó a través de dos comunicados en sus redes sociales, expresando la preocupación ante la falta de respuesta del intendente Juan Ustarroz y del Organismo Provincial Para el Desarrollo Sustentable (OPDS). La AMA expresó que la “tardía e ineficaz intervención de la OPDS implica la cercanía de las gubernamentalidades a de las empresas”.
Con respecto a la falta de respuestas, el cuestionamiento sobre la situación actual de la fábrica puso al intendente Ustarroz en un lugar incómodo. Limitó su respuesta a que “el municipio no tiene competencia en el tema, y que se trató de una forma desleal de politizar el tema en el marco electoral, por la muerte del empleado de la empresa Ruben Ponce”. Como ya mencionamos en una entrevista con el equipo de Desde el Barrio, el intendente señaló que no hay diagnósticos precisos sobre la situación, al mismo tiempo de que las autoridades, en un principio, descartaron un impacto en la salud.
Gerónimo Belforte, miembro de AMA, señaló que sólo “hubo tres reuniones desde el episodio catastrófico con la OPDS y con distintas carteras del municipio, fundamentalmente el área de salud y medio ambiente”, de las cuales no se han obtenido datos certeros ni tampoco se diagramó un plan de trabajo.
La única novedad tiene que ver con “que los estudios que mandó a hacer el municipio, dieron que las aguas no tienen un impacto ambiental“. Sin embargo, estos estudios, indicó Belforte, fueron realizados apenas aconteció la explosión, y que “lo ideal sería tomar las muestras en un tiempo prolongado, porque no llegan, de un día para el otro, los residuos a las napas de agua”. AMA, en esta misma línea, manifestó que “el gobierno provincial continúa con su habitual complicidad con los poderes económicos del agro, y el gobierno municipal subestima las consecuencias socioambientales de lo ocurrido”
Belforte indicó que, en el marco de la inexistencia de un reporte de sustancias que se quemaron en la explosión, la única información que tienen los vecinos es la que figura en la página de la empresa, la cual funcionaba como un “depósito de glifosato, parafina, 2.4D, herbicidas de amplio espectro (uno de los componentes del agente naranja). Despuès no hay nada, y la OPDS reduce su accionar a controlar el plan de remediación que propone la misma empresa”. En este estado de desconocimiento, “la incertidumbre sigue siendo la misma”, continuó.
Señalando esta continuidad de irregularidades, Belforte comentó que “la empresa funcionaba sin el aval del gobierno ni control del estado”, y que, al mismo tiempo, su política de procesamiento de residuos estuvo bastante alejada a lo reglamentado. “Han estado circulando videos en las redes sociales donde el mismo empleado de la empresa SIGMA Agro era enviado a tirar los residuos tóxicos de la producción a las canaletas de los campos. El mismo obrero decía: Miren, la empresa me está obligando a hacer esto”.
Desde lo sucedido el 27 de septiembre del presente año hasta la fecha, el accionar gubernamental ha dejado mucho que desear, dejando en estado de desinformación a la población. Con el único dato fehaciente que cuentan los vecinos y las vecinas de Mercedes es el listado de productos que comercializaba la firma, y que se estima que son aquellos que se evaporaron al aire con la explosión. Es por ello que, desde AMA, llamaron a la realización de un completo e impostergable informe de situación por parte de los gobiernos provincial y municipal, debido a que se trata de sustancias altamente nocivas para la salud.
Es una responsabilidad del gobierno el establecimiento de un proyecto y la formación de políticas públicas para que esta situación sea tomada como lo que concretamente es: una catástrofe ambiental. Siguiendo el comunicado de AMA, el silencio se corresponde con una histórica complicidad entre la empresa y el gobierno. El camino, ahora, es pujar por la pronta respuesta del organismo competente, y por un plan de resolución y saneamiento sanitario, para evitar que el agronegocio siga apropiándose de más vidas.
* Periodista Ambiental
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